Oro, madera y religión: las amenazas para pueblos indígenas aislados en Colombia

*Mongabay Latam

En el departamento del Amazonas, al sur de Colombia, los Yurí y los Passé, los dos pueblos indígenas aislados confirmados en el país, se pasean sin saber lo que pasa a su alrededor. Se alimentan de ese millón de hectáreas de selva que conforman el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, un área protegida que se creó en 2002 con el objetivo de salvaguardarlos. Se mueven entre los bosques sin sospechar los peligros que los rodean y que están poniendo en riesgo el estado natural en el que se encuentran. La minería ilegal, la tala indiscriminada, los grupos al margen de la ley y hasta los religiosos que intentan compartirles de Dios los acechan día a día.

Aunque es difícil saber con exactitud sus problemas, expertos consultados por Mongabay Latam creen que deben ser muy similares a los que enfrentan la mayoría de comunidades indígenas del departamento de Amazonas, en límites con Brasil y Perú.

Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (OPIAC), cuenta que los uitotos, por ejemplo, “se están muriendo lentamente” por la alta contaminación de mercurio que deja la minería ilegal y teme que con los aislados esté ocurriendo lo mismo.

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El daño que está ocasionando la minería ilegal en el Amazonas es incalculable y, poco a poco, está acorralando a todos los pueblos indígenas, incluidos los Yurí y los Passé.

Alexander Alfonso Segura, jefe del Parque Nacional Río Puré desde 2011, lamenta que las acciones de las autoridades solo estén concentradas en el borde de la región amazónica colombiana, más exactamente en los departamentos de Guaviare y Caquetá, donde la deforestación avanza de manera galopante, y “no se fijen mucho por estos lados”. Está preocupado, y no es para menos. Su misión es proteger, junto con otros 14 funcionarios, ese millón de hectáreas de selva de las mafias criminales, conformadas por colombianos, brasileños y peruanos, que hacen de las suyas para sumergirse en la selva, pasearse por los ríos y robarse el oro que oculta la Amazonía.

“En 2016 construimos una cabaña en toda la frontera con Brasil para poder detener a los mineros ilegales que llegan de ese país por el río Puré. Siempre son tres funcionarios los que le hacen frente a este problema. Es un riesgo, pero no tenemos otra opción”, cuenta Alexander, y agrega que han contado hasta 35 balsas y dragas en ese río que está entre las cuencas de los afluentes Caquetá y Putumayo, y que continúa hasta Brasil.

Un problema advertido

El tema no es nuevo. Desde hace más de 18 años se tiene reporte de la presencia intermitente de mineros ilegales en este pulmón del mundo. Entre 1999 y 2002, por los lados de Parque Nacional Cahuinarí, el área protegida vecina del PNN Río Puré, esa práctica se mantuvo y de ello dejaron registro autoridades como Parques Nacionales y la Defensoría del Pueblo, que reportaron, en una sola acción conjunta, 26 balsas extrayendo oro de aluvión en la zona media del río Caquetá, entre Puerto Santander, Araracuara y la Pedrera (departamento de Amazonas). Aunque la incursión de los mineros bajó la intensidad, en 2012 se reportaron nuevamente ingresos ocasionales al Cahuinarí.

Pese a que van casi dos décadas desde que se reportó la presencia de esa estructura criminal, el tiempo pasa y los mineros ilegales siguen incursionando en el territorio. El daño ocasionado por la contaminación de mercurio tampoco se extingue y está acabando con las fuentes hídricas de las que se alimentan todas las comunidades indígenas, incluyendo los pueblos en aislamiento.

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En 2015, organizaciones como PNN, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía), Usaid, la Gobernación de Amazonas y las Universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Lozano, se unieron para comprobar el impacto de la minería ilegal en las poblaciones que viven al lado del río Caquetá, como los pueblos Miraña y Bora del medio Amazonas. Los resultados fueron lamentables.

El estudio reveló que los habitantes de varias comunidades del Río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio que oscilaban entre 15,4 y 19,7 μg/g (ppm), valores altísimos si se tiene en cuenta que los estándares internacionales indican que la concentración normal es de una parte por millón (1.0 ppm). “Estas concentraciones denotan cierta generalización de la problemática a lo largo del río. (…) Son las más altas reportadas para Colombia”, se lee.

Y si por el Río Caquetá las cosas no pintan bien, por el Putumayo tampoco. Sobre todo para las nueve comunidades del Resguardo Cotuhé, que se encuentran entre la población de Tarapacá y los municipios de Puerto Nariño y Leticia, capital del departamento. En un estudio que hizo la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amazonas, en 2016, comprobaron que el 75 % de los habitantes del resguardo presentaban niveles de concentración de mercurio superiores a los aceptados.

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Uno de los aspectos más preocupantes, que recalca el documento, es que el 5 % de las mujeres consumidoras de pescado, con concentraciones de mercurio por encima de lo permitido, tenían hijos con algún tipo de retraso mental. 

Robinson López, de la OPIAC, confirma lo dicho en el informe y asegura que, además, hay denuncias que indican que algunos niños de las poblaciones que viven cerca del río Putumayo y en la parte baja del río Caquetá estarían naciendo con malformaciones. El drama de estos pueblos le hace pensar que hay razones de sobra para preocuparse por los aislados, sobre todo porque la selva que los resguarda se alimenta de esos tres ríos plagados de mercurio: el Caquetá, el Putumayo y el Puré.

El trabajo para combatir la minería ilegal no es fácil. Las autoridades tienen claro que los ríos son muy grandes y tienen muchos brazos difíciles de controlar. Solo el río Caquetá tiene una extensión de más de 2.200 kilómetros y la del Putumayo supera los 1.800 km. 

“Los mineros se mueven mucho en la noche, buscan horas específicas. A veces salen a trabajar cuando llueve, porque saben que las aeronaves de la Fuerza Aérea no pueden volar en esas condiciones. Y usan balsas pequeñas para esconderlas fácilmente”, explica el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, que opera en esta región del país. El oficial resalta que se han formado alianzas con la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea para encarar esta problemática.

Y es que en el Amazonas cada cual hace lo que puede. Mientras las Fuerzas Armadas ejecutan esporádicos operativos para detener esta práctica ilegal, Darío Silva, presidente de las Autoridades Indígenas de Pedrera-Amazonas (AIPEA), asegura que en el resguardo Curare Los Ingleses, conformado por 212.000 hectáreas y vecino del Parque Río Puré, instalaron el año pasado un puesto de control para impedir el ingreso de mineros y todo tipo de personas no indígenas al área protegida con el objetivo de salvaguardar a los aislados.

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“Algunas balsas querían entrar al río Caquetá atravesando el río Bernardo (que es un brazo del gran afluente), pero se prohibió. La idea es que, en caso de que los aislados decidan salir, nosotros seamos los primeros en contactarlos”, dice. Silva cree que todos los resguardos deben incluir a los pueblos en aislamiento en sus planes de manejo, tal como lo hizo su comunidad por medio de una resolución en 2013. “Debemos apartar un área para ellos, no solo para los Yurí y los Passé, sabemos que hay otros por el corregimiento Mirití-Paraná, por el Parque Chiribiquete y cerca de nuestros compañeros huitotos, por Araracuara, en Puerto Santander (Amazonas)”, agrega.

Tronco de problema

Mientras los mineros ilegales contaminan el agua y los peces de los que se alimentan los pueblos indígenas aislados, los madereros ilegales tumban los árboles que les dan el refugio. “Hay personas, colombianas y peruanas, que se salen de los lugares autorizados e ingresan a zonas protegidas para tumbar el bosque sin permiso”, cuenta Patricia Suárez, indígena Murui (también de Amazonas), que desde 2016 acompaña la Consejería de los Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y quien fungió como delegada para acompañar el tema técnico y político en la creación del Decreto 1232 que se expidió el pasado 17 de julio de 2018 y que busca la protección de los pueblos en aislamiento.

Este tema sí que es difícil de controlar. Mientras se sabe que toda la minería que se practica en Amazonas es ilegal, la extracción de madera está relativamente permitida. Desde 2011, Corpoamazonía definió un área de reserva forestal de 424.000 hectáreas -que está entre el límite sur del río Puré y el río Putumayo-, y ha autorizado a dos asociaciones y tres personas naturales para aprovechar forestalmente 8000 de estas hectáreas. El problema, según advierten indígenas de la zona, es que algunos estarían usando esos permisos simplemente para esquivar a las autoridades e ingresar a lugares no permitidos. Patricia Suárez cuenta que tiene reportes de madereros que están llegando a zonas por donde transitan los pueblos en aislamiento. Esa es su mayor preocupación.

Por su parte, el jefe de Parque Río Puré, Alexander Alfonso, respalda que exista un área de reserva que “ordene el territorio”, pero lamenta que Corpoamazonía no pueda ejercer la suficiente autoridad para controlar la extracción ilegal de madera. “En estas zonas es difícil ejercer gobernabilidad”, añade. Como los permisos que se otorgan son a cinco años y el área es de difícil acceso, la autoridad ambiental viaja cada seis meses para hacer seguimiento a las licencias. Un tiempo en el que puede ocurrir de todo.

Luis Fernando Cueva, director de la territorial de Amazonas de la Corpoamazonía, deja claro que hacen control, pero reconoce que no faltan los actos de ilegalidad. “A nosotros nos llegan denuncias que advierten que otras personas, no relacionadas con los que están autorizados, realizan aprovechamiento ilegal. Ocurre en zonas aledañas a estos sitios. Cuando se presenta esto lo que hacemos es coordinar con las Fuerzas Militares para llegar a esos lugares”, explica, y agrega que también tiene conocimiento de comunidades indígenas que permiten a madereros ilegales ingresar a los resguardos a talar árboles.

El dios de los blancos 

Esa barrera humana que se ha creado alrededor de los pueblos aislados y que combate contra esas estructuras que buscan oro y madera, también están pendientes de evitar el ingreso de evangélicos que, en varias ocasiones, desde la década de los 70 y hasta hoy, han intentado hacer contacto con los indígenas aislados. Para Patricia Suárez, Robinsón López, Darío Silva y Alexander Alfonso este es uno de los principales riesgos. Y es, tal vez, el más difícil de controlar.

Alfonso, jefe del Parque Río Puré, cuenta que desde 2015 empezaron a recibir información concreta sobre religiosos que estaban cerca de los caños de las zonas de reserva. “Hasta donde sabemos, la iglesia Bautista, por ejemplo, sigue con la idea de compartirles de Dios a los aislados. No han desistido”, dice.

Sobre este tema, Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team Colombia (ACT), revela que miembros de su organización y las comunidades indígenas se han unido en dos momentos específicos para evitar esa posible intervención. “El interés de algunos grupos por hacer contacto con los indígenas aislados es una amenaza, especialmente si se tiene en cuenta que los aislados son muy vulnerables a las enfermedades que las personas de afuera podamos llevar. Algunos grupos evangélicos están interesados en contactarlos y nos ha tocado trabajar con las distintas agencias del Gobierno para evitar que esto ocurra”, dice.

El primer religioso que llegó a esta región fue Donald Fanning, misionero de la Iglesia Bautista que vivió en el corregimiento de La Pedrera entre 1974 y 1978 y que, con frecuencia, viajaba con su avioneta sobre los bosques del Amazonas para llevar salud a las comunidades indígenas. Según el libro ‘Cariba Malo’, escrito por el fallecido politólogo Roberto Franco, el mayor conocedor de los pueblos indígenas no contactados, en uno de los sobrevuelos Fanning se percató de la existencia de seis malocas aisladas, de diferentes tipos, en las cuencas de los ríos Puré y Bernardo. Desde ese momento, se le metió en la cabeza que las personas que allí habitaban merecían recibir el mensaje divino y, de paso, les enseñaría a usar cosas útiles para los blancos, como las hamacas y los toldillos. Cuando se filtró la información de lo que planeaba hacer, el Instituto Colombiano de Antropología intervino y se prohibió la expedición.

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Garantizar el derecho de las comunidades a estar en aislamiento es fundamental, especialmente para no repetir la historia de los Nukak Makú, ese pueblo nómada que fue contactado por misioneros de la secta Misión Nuevas Tribus en 1981 y que apareció, años más tarde, en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. El contacto les llevó a contraer enfermedades y la llegada de la extinta guerrilla de las FARC los obligó a dejar su territorio, pues estaba invadido de minas antipersonal. Ahora están a punto de desaparecer.

Corredores de violencia

Darío Silva, del Resguardo Curare Los Ingleses, cuenta que no fueron pocas las veces que escuchó a exguerrilleros de las FARC decir que veían, a lo lejos, a los indígenas aislados. Pese a que parecía haber un respeto por parte del grupo armado hacia estos pueblos, según Darío, no dejaba de ser preocupante que estuvieran tan cerca. Con la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se pensaba que este tema dejaría de ser una preocupación. Pero no. Ahora la Amazonía se ha convertido en un campo de batalla en el que los grupos al margen de la ley disputan el territorio y los corredores para sacar la droga a otros países. Los pueblos indígenas aislados Yurí y Passé están en medio de toda esta guerra.

“Si bien en el Amazonas opera principalmente la banda criminal Los Caqueteños, también hay presencia del antiguo Frente Primero de las FARC. Aprovechan para sacar madera por los ríos y la pasta a base de coca, que es una actividad ilícita”, explica el general Parra.

Un informe sobre disidencias de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), resalta que ríos como el Apaporis y el Caquetá, en Amazonas, son claves para los grupos armados porque permiten acceder a zonas de resguardo, movilizar cocaína y armas, así como ser una salida natural a Brasil. Alarma la presencia del Frente Primero en Amazonas, sobre todo porque que fue una de las estructuras madre de la guerrilla y la que más acciones violentas ha cometido entre junio de 2016 y 2018.

En su investigación, la FIP asegura que este frente estaría abriendo nuevas rutas de narcotráfico por el norte del departamento de Amazonas, exactamente en la zona de Puerto Córdoba y La Pedrera, al lado del PNN Río Puré, hogar de los indígenas aislados.

Patricia Suárez, de la ONIC, asegura que lo que más le preocupa es que, por apropiarse del territorio, los grupos armados ilegales causen daño a los aislados. “La guerrilla de las FARC tenía ideología, había alguien que les decía qué hacer y qué no hacer. Con los disidentes no se puede, es muy difícil lograr consensos”, lamenta.

Evitar un contacto con los “blancos” es un imperativo. Los indígenas aislados saben que el mundo exterior es hostil. Y cómo no lo van a tener claro, si la única vez que se relacionaron con personas externas a su comunidad llegó la muerte, la violencia y el secuestro. Ese episodio ocurrió en 1969, cuando un cazador llamado Julián Gil, en medio de una expedición en busca de pieles, se topó con una maloca de los Yurí. Se atrevió a ingresar a esa casa sagrada y, según los relatos, desde ahí no se volvió a saber de su paradero. Tras varios días desaparecido, su equipo de trabajo y las autoridades se sumergieron a buscarlo.

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Esa operación de rescate armada terminó con un fatal desenlace: asesinaron a cinco indígenas aislados y secuestraron otros seis, que tuvieron que liberar días más tarde. Fue el fallecido politólogo Roberto Franco el que logró reunir todos los testimonios que comprobaban la existencia de los Yurí, un pueblo indígena aislado que encontró en la soledad la clave para sobrevivir.

“Nos matarán defendiendo el territorio”

La lucha por defender el territorio indígena seguirá incesante. Patricia y los líderes indígenas de la Amazonía reclaman que los estén matando por defender su selva y buscar el fin de esas estructuras criminales.

“Todos los días denunciamos miembros de las comunidades que están muriendo por proteger el territorio, que son amenazados y desplazados, pero nada pasa. Esto es una forma de exterminar. Así que decidimos que, si nos matan, nos matan defendiendo lo nuestro”, dice indignada Patricia Suárez, porque siente que los colombianos no han entendido que lo que le ocurra a la región amazónica y a sus pueblos, afecta a toda la población.

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En eso coincide Carolina Gil, de ACT. Explica que este pulmón del mundo es una gran esponja de agua a la que se le está depositando mercurio y que, tarde o temprano, tendrá un impacto sobre las comunidades, la fauna y la flora de ese ecosistema. “La Amazonía tiene un rol muy importante en términos de equilibrio -incluso de clima- y de la producción del agua. Lo que pase allí puede afectar el sistema de páramos de la región Andina, de donde tomamos agua la mayoría de los colombianos. Uno lo ve como una zona muy lejana, como una mancha verde en el mapa, pero se tiene que entender que se puede tomar agua potable gracias a la salud de la Amazonía”, dice.

Mientras las autoridades deciden qué acciones tomarán para frenar el daño a esta selva y a los pueblos que allí habitan, las comunidades buscan la forma de sobrevivir. La contaminación es tan preocupante que algunos indígenas, al darse cuenta de los altos niveles de mercurio que tienen en su cuerpo, tomaron la decisión de seguir el ejemplo de los Yurí y están optando por aislarse. Sin pensarlo, se dieron cuenta que, tal vez, la solución para todos sus males es seguir el ejemplo de los pueblos indígenas aislados no contactados. Decidieron volver a lo propio como una forma de resistir. Esperan que nadie los encuentre.

Puede ver este y otros artículos del especial: ‘Indígenas aislados en peligro‘ en Mongabay Latam

https://es.mongabay.com/series/especial-indigenas-aislados-en-peligro/