INFORME ESPECIAL

San Martín continúa en pie de lucha contra el fracking

Este fue el primer municipio colombiano en oponerse al fracking. Llevan cuatro años protestando y muchos de sus habitantes se mantienen en un no rotundo a esta técnica de extracción de hidrocarburos. Tercera entrega de informe especial.

Mauricio Ochoa Suárez
30 de marzo de 2020
Los habitantes de San Martín (Cesar) fueron los primeros en Colombia en oponerse a la realización de fracking en su territorio. Aquí en una manifestación pacífica. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana.

*Este reportaje es una colaboración periodística entre Semana Sostenible de Colombia y Mongabay Latam.

"Alerta, alerta, alerta extractivista, el fracking contamina el agua y la vida”. Arengas como esta son bien conocidas por un gran porcentaje de los habitantes de San Martín.

Su lucha en contra del fracking los ha llevado a aprendérselas y a crear otras en las que reflejan su ideología. Esta población, situada al sur del Cesar, fue la primera en el país en levantar la voz en contra del establecimiento de la extracción no convencional de hidrocarburos.

La llegada al territorio de la multinacional ConocoPhillips en 2015, luego de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la nombrara como operadora del bloque VMM 3, que abarca unas 33.000 hectáreas, fue la chispa que encendió al pueblo.

“En los primeros días de marzo de 2016, algunos líderes sociales y concejales del municipio se enteraron que esta empresa pretendía hacer una exploración no convencional. Hasta ese momento nadie sabía qué era el fracking. Luego de indagar y asesorarse, comenzaron a alertar a la comunidad”, indica Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking.


Hasta San Martín han sido llevados expertos internacionales por parte de colectivos sociales para hablar con la comunidad sobre los posibles efectos nocivos del fracking. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

El líder comunitario, oriundo de esa localidad, recuerda que a partir de ese momento se comenzó a generar una ola de inconformismo que se tradujo en una serie de manifestaciones. La primera movilización se produjo el 17 de marzo de 2016, luego se convocó a otra el 17 de abril. Ese último día, con palos y ollas, cerca de 300 protestantes impidieron el paso de la maquinaria de la compañía al pozo Pico Plata 1, situado en el corregimiento Pita Limón, a 35 kilómetros del casco urbano del municipio.

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Con el cierre de la vía entre San Martín y el corregimiento de Cuatro Bocas, que conduce hacia el pozo, comenzó la cruzada. “Decidimos asentarnos allá y solo dejábamos pasar los carros de las fincas, pero no las camionetas y la maquinaria de la compañía. Obtuvimos el respaldo de la gente, el comercio y los finqueros”, rememora Dorys Stella Gutiérrez, representante legal de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas.

El 26 de septiembre de 2016 se desarrolló una nueva jornada de protesta que se prolongó varios días. “En octubre, cuando la multinacional realizó un tercer intento de meter la maquinaria al pozo decidimos hacer un plantón sobre la vía. Después de dos días, y tras la presión ejercida por la empresa, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, y en general la Fuerza Pública, le abrieron paso a la brava a las máquinas”, informa Santiago.


Varias manifestaciones han realizado a lo largo de los últimos cinco años los habitantes de esa población. Foto: archivo/Semana. 

Fruto de ese choque, una docena de personas resultaron heridas, un camión fue quemado y la sede de la Alcaldía fue apedreada. Sin embargo, la resistencia continuó, pero por la vía jurídica y administrativa, hasta que finalmente, luego de un arduo proceso, la Anla decidió, en octubre de 2018, negar la solicitud de licencia a los proyectos comerciales de fracking que se pretendían.

No obstante, con la aprobación del marco regulatorio para la ejecución de los piloto de investigación por parte del Ministerio de Minas, en diciembre de 2019, volvió la incertidumbre a esa población, pues de la cuenca Cesar-Ranchería, en donde el Gobierno nacional tiene proyectado adelantar al menos uno de los pilotos, forman parte los bloques VMM2 y VMM3, pertenecientes a la compañías ConocoPhillips y Canacol Energy. Estos bloques tendrían injerencia sobre los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra, en el Cesar, y Puerto Wilches, en Santander.

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Desde ConocoPhillips indican que se encuentran estudiando si intervienen o no en los proyectos de investigación. Explicaron que aunque cuentan con dos contratos en el bloque VMM3, aún están a la espera de la reglamentación y de las decisiones del Gobierno.


En este predio se encuentra ubicado el pozo Pico Plata 1 de la empresa ConocoPhillips. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

La empresa asegura que el pozo Pico Plata 1 está abandonado y que, pese a no estar operando, continúan adelantando acciones en pro de las comunidades de esa región como, por ejemplo, la construcción de un pozo de agua, capacitaciones, talleres y actividades para los niños.

Aseguran que la confianza social es importante y que su intención es “que las comunidades sepan que la compañía puede ser un buen vecino y un buen operador”. ConocoPhillips señala que en cinco de los 17 países en los que hace presencia se encuentran realizando fracking sin haber tenido hasta el momento ningún tipo de percance ambiental o riesgo operacional. Dicen estar 100% seguros de que esta técnica no genera los impactos que algunas personas creen y que si llegan a involucrarse en los proyectos pilotos será “para demostrar que no generan complicaciones”.

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“La gente en San Martín tiene mucho temor por todo lo que se dice frente a los impactos y riesgos del fracking. Son inquietudes que no se zanjan con las socializaciones que intenta hacer el gobierno para mostrar las bondades y beneficios de esta técnica”, apunta Santiago.


Muchos habitantes de San Martín sienten temor por los posibles impactos que generaría el fracking en el medioambiente. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

Para el vocero de la Alianza, la estrategia utilizada hasta ahora por la industria ha sido la de dividir a las comunidades. “Estas empresas juegan con las necesidades de la gente, llegan con la promesa de empleo y eso hace que muchos, así sepan que el fracking es algo negativo, terminen metidos en la industria”, expresa.

Santiago considera que en ni en su municipio ni en el Magdalena Medio hay licencia social para adelantar el fracking y eso tiene que ver mucho, según él, con todos los impactos que ha dejado la industria convencional. “También con los pasivos ambientales que no se han remediado y las compensaciones insulsas que se han dado. Uno va a corregimientos que quedan al lado de pozos y encuentra que las condiciones de pobreza extrema y de carencia de servicio básicos son demasiadas”, manifiesta.

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Según el Ministerio de Minas, en San Martín (Cesar) la inversión se ha enfocado en resolver necesidades en los sectores de educación, transporte y agua potable, sin dejar de lado proyectos de salud y energía. Aseguran que en el municipio han sido invertidos cerca de 25.000 millones de pesos (cerca de 6 millones de dólares) y que, desde 2012, esa población se ha beneficiado con más de 40.000 millones de pesos en regalías (cerca de 10 millones de dólares).


En San Martín muchos creen, al igual que en otras poblaciones, que el desarrollo es más que dinero y obras de concreto. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

“Con la reforma al Sistema General de Regalías, recientemente aprobada por el Congreso de la República, aumentarán los recursos asignados a las regiones productoras como el Magdalena Medio, al pasar de un 11 % a un 25 %”, dice el Ministerio de Minas en comunicación oficial a Semana Sostenible y Mongabay Latam. 

Para el Ministerio, uno de los mayores desafíos del Estado ha sido que los recursos de regalías que aportan las empresas dedicadas a la producción de minería e hidrocarburos se traduzcan, efectivamente, en obras que beneficien a las comunidades. “El mecanismo de obras por regalías fue creado en este Gobierno, precisamente, con el propósito de generar nuevas alternativas que faciliten la ejecución de esos recursos”, comenta la entidad.

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Sin embargo, Carlos Andrés Santiago de la Alianza Colombia libre de Fracking se pregunta: ¿qué garantiza que con el fracking sí van a darse los beneficios que no han llegado en los más de 100 años que lleva la industria petrolera tradicional?

Por ahora, mientras el Gobierno termina de cumplir con todos los lineamientos y requisitos para iniciar con los proyectos piloto, solo hay algo claro: el temor, la desconfianza y el desconocimiento reinan entre los habitantes de los municipios en donde se desarrollaría el fracking.