¿Progresa Fenicia?

A través de una serie de incentivos, la universidad se ha puesto en la tarea de mitigar el impacto de la eventual valoración de la zona para que los habitantes se queden. “Se trata del primer plan parcial en la historia del país que busca proteger a la población”, asegura Katerine Betancur, quien trabaja junto a Ambrosi en la Casa Fenicia, el punto de encuentro entre los Andes y la comunidad. Según el decreto, la universidad no va a comprarles los predios a sus vecinos, para luego sacarlos, sino que se los va a reemplazar con apartamentos en una medida de metro por metro. Mejor dicho, si la persona tiene una casa de 200 metros cuadrados, se le daría un apartamento igual de grande o dos de 100 metros cuadrados.

La universidad también consiguió, tras varias reuniones con sus vecinos, que se le congelara el estrato a la gente del barrio hasta por una década. Pero este logro, que se haría efectivo cuando la comunidad se mude a sus nuevas viviendas, tiene una letra menuda: si la persona decide arrendar o vender el apartamento, el individuo que llegue perdería ese privilegio. “Antes la posibilidad de que se quedaran los vecinos ni siquiera se contemplaba. Cuando se hizo el proyecto de Santa Bárbara en el sur, a la gente le compraron la casa, las tumbaron y los sacaron”, recuerda Escovar. Todos los expertos consultados por Arcadia coincidieron en que congelar el estrato es una iniciativa adecuada, en especial porque como salió en un decreto, de ahora en adelante se va aplicar en todos los planes parciales de renovación urbana en Colombia.

Otro beneficio de la universidad es la serie de programas sociales para que la comunidad –y en especial la población joven– se pueda mantener competitiva cuando se transforme la zona. Entre un refuerzo escolar para los niños, la alfabetización informática para los adultos, unas becas para estudiar construcción, carpintería o cocina en la Fundación Escuela Taller de Bogotá y un programa de emprendimiento con profesores de la Facultad de Administración, la universidad ya ha favorecido a 139 habitantes de la zona. Dos de ellos, Brian Cárdenas y Tatiana Sandino, estudiantes de Gastronomía en la Escuela Taller, se llevaron a finales del año pasado el galardón del Fondo de Juventudes Urbanas ONU-Hábitat por un proyecto para abrir un restaurante de perros calientes con hojaldre. 

 “La mayoría de los jóvenes apoyamos Progresa Fenicia. Yo tengo 26 años y he vivido toda mi vida aquí. El barrio era bonito, pero hoy solo se ven lotes y parqueaderos (conforman 40% de Las Aguas), siempre hay un polvero, la gente parquea en la calle, los carros encima de los andenes, los niños no pueden salir a jugar. Los jóvenes ya estamos cansados”, confiesa Cárdenas. Pero no todos los habitantes del barrio opinan lo mismo. Juan Carlos Ortiz, un tendero, considera que “cuando vengan los grandes proyectos, como Carulla o el Éxito, no podremos competir con ellos”. Sin embargo, Ivonne Rueda, la coordinadora del proyecto, asegura que Progresa Fenicia “va a tener un esquema de gobierno con una junta directiva que incluirá gente del barrio, para que entre todos los interesados se escoja que tipo de comercio llegará a la zona”.

 Por su lado, Hugo Ortega, arrendatario desde hace doce años de una casa donde hoy tiene un parqueadero para motos, confiesa sentir “una enorme presión psicológica por parte de la universidad” y cree que hace parte “de un desplazamiento forzado por parte de la universidad más poderosa del país”. Aunque es cierto que los arrendatarios que cumplan con ciertos requisitos recibirán un subsidio del distrito, el problema es que muchos, como Ortega, no están enterados porque la universidad no ha socializado suficientemente bien el proyecto. “Hay un problema de desinformación muy grande. En muchas de las reuniones con la comunidad, ni siquiera los estudiantes entendíamos las diapositivas y los gráficos del plan”, asegura Andrea Rodríguez, estudiante de arte que hizo su tesis en torno a Progresa Fenicia.

 El problema de la desinformación (muchos de los habitantes aún piensan que les van a comprar las casas) recae sobre Los Andes, pues informar es una de sus responsabilidades como promotor y gestor del proyecto. Sin embargo, la culpa también es de algunos miembros de la comunidad, quienes reacios al proyecto, no asisten a las reuniones y asambleas que la universidad lleva organizando desde 2011. “Los cursos que nos ofrecen son solo para robarnos ideas”, apunta Ortiz. La desconfianza de los habitantes es entendible. En 2006 y 2007 la mayoría fueron testigos de la agresiva expulsión por parte del distrito de la gente que vivía en Manzana 5, un lote vecino del barrio. “Ese tema hirió a la comunidad, pues allá hubo expropiación, policías y lo más complicado de todo es que el responsable fue un actor público”, asegura Suárez.

La universidad también ha cometido errores: en 2007 presentó ante el distrito una solicitud para realizar la misma renovación urbana, pero sin los beneficios del reemplazo de vivienda o la congelación del estrato. Mejor dicho: gentrificación. “En ese momento nos detuvimos y nos preguntamos: ¿acaso somos un ente educativo que va a inculcar a los jóvenes a ser partícipes en este tipo de cambio?”, se pregunta Ambrosi. Si bien la universidad cambió su discurso, es comprensible que aún hoy parte de la comunidad tenga sus dudas, también alimentadas por las barreras invisibles que existen entre ambos bandos: una parte de la gente del barrio jamás ha entrado al campus de los Andes, protegido por guardias y torniquetes. Tampoco han sido carnetizados para aprovechar áreas como la biblioteca, reclamo justo si se toma en cuenta que Progresa Fenicia tienen un eslogan que sugiere complicidad y fraternidad: “¡Todos nos movemos, todos nos quedamos!”.

Dentro de la comunidad también existen los que se oponen de frente al proyecto. “Nosotros pensamos que no era necesario renovar el sector. Con una simple intervención hubiera bastado. Pero no acabar con el barrio, que es lo que la universidad quiere: tumbar todo”, asegura José Farid Polanía, vocero de No se tomen Las Aguas, un comité de 25 residentes. El crecimiento y el dominio de Los Andes en el sector también preocupan a otros, como el arquitecto Carlos Niño: “En el país nunca se ha hecho renovación urbana y a mí me parece que este proyecto podría ser positivo para la ciudad, pero me preocupa que las universidades en Colombia, como es tan buen negocio, nunca paren de crecer y se tomen la ciudad”.

El crecimiento del campus de Los Andes atestigua esa preocupación. La universidad ha pasado de tener 2,5 hectáreas en 1960 a 9,9 hoy. Pero la cifra alarmante es otra: si la Universidad Nacional tiene 300.000 metros construidos en 116 hectáreas, Los Andes tiene 155.829 –la mitad– en apenas una fracción del espacio. Suárez, el gerente del campus, asegura que “antes se hacía un nuevo edificio cada diez años y ahora hacemos 1,5 edificios al año”. El problema con esa mentalidad, explica Manuel Hernández, exprofesor de esa institución, es que “puede ser un poco abusiva, la universidad tiene demasiadas gabelas y pisa más duro que el resto porque tiene mucha plata y no paga impuestos”.

Sin embargo, todos los arquitectos consultados para este reportaje concuerdan que la densificación del centro es un paso en la dirección correcta. “En los próximos años muchos barrios como Santa Fe, que hoy ni siquiera miramos, tendrán un segundo aire”, pronostica Escovar. Y, si la universidad se atiene a solo quedarse con un 15% del área construida final, todo pareciera indicar que la gran beneficiada será la ciudad. Hoy, cuando todo está aún por verse, los Andes tiene en sus manos la posibilidad de crear un precedente positivo, generando la necesitada renovación y evitando la gentrificación. De lograrlo, quizá sería el primer paso para cambiar “el mediocre destino” de Bogotá.