Indígenas de Vichada recuperan su territorio ancestral

Carolina Mantica, una indígena amorúa de 60 años experta en asar pescados de los ríos Meta, Bita y Orinoco al carbón, recuerda perfectamente cuando los grupos armados ilegales y colonos empezaron a causar estragos en su territorio ancestral, una extensa sabana decorada con algunos árboles como palmas de moriche, lecheros, higuerones y otras especies del bosque de galería. A mediados de los años 80, miembros de la guerrilla de las FARC y grupos de autodefensas hicieron presencia en las 1.300 hectáreas ocupadas desde la época de la Colonia por la comunidad indígena kanalitojo, conformada por las etnias amorúa, sikuani y sáliba y ubicada a media hora del casco urbano de Puerto Carreño (Vichada). “Vivíamos en paz cultivando yuca, batata y plátano y pescando cachamas en el río Meta. En 1986 conocí por primera vez lo que eran los fusiles y las metralletas. Los delincuentes querían apoderarse de nuestras tierras y sembraron miedo en la comunidad. Nos dijeron que si no salíamos de la zona nos iban a quitar los niños. Las constantes amenazas nos obligaron a salir del territorio ancestral”, asegura Carola, como la llaman sus amigos más cercanos.

Te puede interesar: Indígenas del Cauca crearon su propia banca

📷

«Nos convertimos en nómadas. Cada vez que volvían los guerrilleros salíamos disparados para el pueblo de Carreño, y cuando no teníamos qué comer, regresábamos. Así hemos vivido por más de tres décadas»

Carolina Mantica, indígena de la etnia amorúa en Vichada

Las 32 familias indígenas que habitaban durante esa época en Kanalitojo cogieron distintos rumbos. Unas partieron hacia Venezuela y otras caminaron durante días y noches por otros sitios del Vichada como La Primavera. Pero la mayoría, como Carolina y sus parientes, escogió a Puerto Carreño como nuevo hogar, por la cercanía a su terruño ancestral y por la esperanza que guardaban de regresar. “Nosotros nos asentamos en el pueblo de Carreño. Empezamos a tocar puertas para que nos reubicaran en una zona donde pudiéramos cultivar y pescar, lo único que sabemos hacer. Pero la ayuda nunca llegó. Nos tocó dormir en la calle, hacer cambuches con plásticos y vivir de la limosna. Solo teníamos la muda de ropa con la que salimos del territorio. Allá dejamos las pocas cosas que teníamos. Nos convertimos en mendigos”, recuerda Carolina, quien tenía 27 años cuando fue desplazada por primera vez. La miseria en la que vivían en las calles de Puerto Carreño hizo que muchos indígenas regresaran a Kanalitojo, a pesar del miedo infundado por los grupos armados. “Nos convertimos en nómadas. Cada vez que volvían los guerrilleros salíamos disparados para el pueblo, y cuando no teníamos qué comer, regresábamos. Así hemos vivido por más de tres décadas. Pero los colonos empezaron a adueñarse de nuestras tierras. Como tenían plata sacaron papeles que los ampararon como dueños. Gracias a Dios no se apoderaron del rancho de mi familia”, continúa su relato esta indígena madre de 10 hijos y abuela de ocho nietos.

📷

Desde la colonia, los pueblos indígenas amorúa, sikuani y sáliba del Vichada han vivido en la zona rural de Puerto Carreño. ©Jhon Barros.

Crecí como desplazado Luis Carlos Huertas, un indígena de 28 años de la etnia sáliba, creció en medio del desplazamiento forzado detonado por los grupos subversivos. “Aunque nací en Kanalitojo, tengo más recuerdos de mi niñez y adolescencia en el pueblo de Puerto Carreño, a donde llegábamos cada vez que la guerrilla nos obligaba”. De los incontables ires y venires, Luis Carlos recuerda con especial amargura uno en el despertar de su juventud. Corría el año 2006 y tenía escasos 13 años. Una fuerte azotada de la guerrilla causó que la zona quedara desolada por el desplazamiento masivo de las familias amorúa, sikuani y sáliba. “Ante un fusil nadie se resiste. Los grupos armados se apoderaron de la escuela Puerto Colombia y empezaron a capturar a los niños y jóvenes para meterlos en sus grupos. Por eso, muchos amorúa y sikuani se fueron para Venezuela, en zonas cercanas al río Orinoco, o para el casco urbano de Carreño. En el territorio quedaron solo cinco familias defendiendo las tierras”, dice este líder indígena.

📷

«Pasamos hasta tres días sin probar bocado en Carreño. Por eso regresamos a Kanalitojo: preferimos sobrevivir en medio de amenazas a morir de hambre. Sin embargo, cada año huíamos de la violencia mínimo diez veces»

Luis Carlos Huertas, líder indígena del Vichada.

Para este indígena de estatura mediana y cuerpo robusto, en esa escapada de la muerte conoció la pobreza en toda su magnitud. “No teníamos casa, ropa ni comida. La gente del pueblo nos daba alimentos de vez en cuando, pero padecimos de hambre y malas miradas. Con mis abuelos, mi madre y varios primos dormíamos prácticamente en la calle, soportando los rayos del sol en el día y el frío en las madrugadas”. Durante un par de meses, la familia de Luis Carlos sobrevivió recogiendo chatarra o ayudando en las construcciones. Pero como no eran expertos en esas actividades, los despedían rápido. “Nosotros sabemos trabajar la tierra, y eso no lo podíamos hacer en Carreño. Pasamos hasta tres días sin probar bocado. Por eso regresábamos a Kanalitojo: preferimos sobrevivir en medio de amenazas a morir de hambre. Sin embargo, cada año huíamos de la violencia mínimo diez veces”. Cansados de tanta zozobra, el clan Huertas decidió echar raíces en Venezuela, en un territorio que ya estaba conformado por varios indígenas desplazados. Allí permaneció durante dos años, hasta que la tierra hizo un llamado sagrado para su regreso. “Uno siempre vuelve a donde están sus raíces. No queríamos que los vándalos siguieran robando las tierras que nos pertenecen. Y acá seguimos, haciéndole el quite a las amenazas de las guerrillas que aún rondan por la zona, los saqueos de los colonos y las recientes afectaciones de las empresas agroindustriales y el dragado del río Meta”.

📷

Resistencia indígena Durante muchos años, los amorúa, sikuani y sáliba fueron amedrentados por el Frente 16 de las FARC y las autodefensas del Bloque Central Bolívar y las de Meta y Vichada, estas últimas comandadas por Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’. A pesar de padecer por el reclutamiento forzado de sus jóvenes, hurtos, quemas de cultivos y despojos de sus tierras, los indígenas de Kanalitojo no han dado su brazo a torcer y se han resistido a abandonar del todo su territorio sagrado, donde hay varios cementerios con los restos de sus antepasados. En 1995, los 141 indígenas que se desplazaban constantemente de la zona, unieron sus voces y le solicitaron a la administración local de Puerto Carreño que los constituyeran como resguardo, una figura que en el papel frenaría el acelerado robo de sus tierras y pondría fin a un desplazamiento masivo de décadas.

Te puede interesar: Así votan en los confines de Colombia

📷

«Para nosotros lo más importante es la tierra, que es nuestra madre. Por eso seguimos luchando por ella, cuidándola y protegiéndola. Nuestro pueblo lleva 20 años pidiendo ayuda al Estado»

Luis Carlos, indígena padre de una niña de siete años.

“En esa ocasión nadie nos dio respuesta. En 2003 volvimos a intentarlo ante el Incoder de Vichada, petición que tampoco llegó a mayor cosa. No sabemos por qué las autoridades se negaron a constituirnos como resguardo”, menciona Mantica, una de las líderes mujeres de Kanalitojo. Entre 2004 y 2012, estos indígenas del Vichada, 50 por ciento amorúa y 50 por ciento sikuani y sáliba, continuaron reclamando la restitución al uso, goce y disfrute de su territorio. Pedían que les devolvieran 513 hectáreas para iniciar el trámite como resguardo. “Para nosotros lo más importante es la tierra, que es nuestra madre y la que nos brinda la vida. Por eso seguimos luchando por ella, cuidándola y protegiéndola. Nuestro pueblo lleva 20 años de varios intentos ante diferentes entidades del Estado, pero jamás perdemos la esperanza”, menciona Luis Carlos, hoy vocero de los indígenas de la zona.

📷

Primeras ayudas Ante la precaria situación de los indígenas de Kanalitojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) tomó cartas en el asunto. En 2014 le solicitó a los jueces de Villavicencio que decretaran medidas cautelares provisionales y empezó a trabajar en una demanda para que las 513 hectáreas les fueran entregadas a las etnias. “Todas las historias de desplazamientos, hostigamientos y despojos de estas etnias fueron sistematizadas en 2015 en un informe de caracterización de afectaciones territoriales, insumo que nos permitió inscribir al territorio Kanalitojo en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. El 23 de junio de 2016 iniciamos la radicación de la demanda para garantizar los derechos de los indígenas, la cual fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”, aseguró Andrés Castro, director de la URT.

📷

«La demanda ordenaba constituir un resguardo de propiedad colectiva, teniendo en cuenta la condición seminómada de los indígenas. Esta medida debía incluir los bosques de galería y dar trato de usuarios a la comunidad»

Andrés Castro, director de la URT.

Dicha demanda solicitaba proteger el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales de estos pueblos indígenas, reconociendo así su ocupación ancestral. También pretendía decretar la nulidad de los actos administrativos del Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) que le dieron legalidad sobre varias tierras a algunos colonos. “A su vez, le ordenaba al Incoder constituir un resguardo de propiedad colectiva, teniendo en cuenta la condición seminómada de los indígenas. Esta medida debía incluir los bosques de galería de la zona de reserva forestal protectora y darle trato de usuarios a la comunidad respecto a los terrenos de uso comunal para que puedan seguir ejerciendo prácticas tradicionales de pesca, cacería, siembra y recolección”, complementó Castro. Por último, pretendía que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pusiera en marcha planes de reparación colectiva y de retorno voluntario digno, seguro y sostenible de las comunidades ya asentadas en Puerto Carreño y Venezuela, además de la implementación de proyectos productivos para su sobrevivencia.

📷

«La solicitud inicial era para 513 hectáreas. Pero la sentencia del tribunal decidió devolverles 1.300 hectáreas. Este es un fallo histórico, ya que es la primera sentencia de restitución de derechos territoriales a las etnias del Vichada»

Director de la URT.

Fallo histórico El 28 de junio de 2019, tres años después de que la URT radicara la demanda, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá emitió una sentencia que favoreció a las 64 familias y 224 indígenas que hoy en día entran y salen de esta zona rural de Puerto Carreño: los declaró como víctimas del conflicto armado y ordenó la titulación colectiva de su territorio ancestral. “La solicitud inicial era para 513 hectáreas. Pero la sentencia del tribunal, basada en una georreferenciación, decidió devolverles 1.300 hectáreas para constituir el resguardo Kanalitojo. Este es un fallo histórico, ya que es la primera sentencia de restitución de derechos territoriales a las etnias del Vichada”, informó el director de la URT. Además de devolverles las tierras ancestrales a los indígenas, la sentencia declaró como infundadas las peticiones de los colonos, quienes aseguraron que las áreas les pertenecían legalmente. “El operador judicial concluyó la nulidad absoluta de los actos administrativos de adjudicaciones que había realizado la institucionalidad de tierras, reconociendo así el despojo que sufrió la comunidad”, manifestó Castro.

📷

Desde 2014, la URT ha presentado 84 demandas para garantizar los derechos territoriales de las poblaciones étnicas en Colombia. Los entes judiciales han fallado a favor 18 sentencias.

Por último, el fallo le ordena a la Unidad para las Víctimas la ejecución de una ruta de reparación colectiva en favor de estos indígenas, y al gobierno nacional, departamental y municipal atender la problemática del acceso a la tierra étnica en la Orinoquia colombiana. “Después de 20 años y varios intentos ante diferentes entidades del Estado, la Unidad de Restitución de Tierras logró demostrar las afectaciones del territorio ancestral de las comunidades amorúa, sikuani y sáliba ante la justicia”, mencionó el director de la URT. Desde 2014, la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado 84 demandas para garantizar los derechos territoriales de las poblaciones étnicas de Colombia, de las cuales los entes judiciales han fallado a favor 18 sentencias: 16 de indígenas y dos de comunidades afrodescendientes. “Dentro de este paquete están las tres demandas étnicas con mayor extensión en la historia de la restitución: resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicuró en Vaupés y Guaviare (506.000 hectáreas para 369 familias); Llanos del Yarí-Yaguará II en Caquetá, Meta y Guaviare (146.000 hectáreas para 84 familias); y el pueblo Barí en Norte de Santander (193.000 hectáreas para 2.510 familias”, informó Castro.

📷

Te puede interesar: Pausayú, el clan wayú que se abre campo en el mundo de la moda

Entrega simbólica 16 indígenas, con arcos y flechas en sus manos, estaban alineados en un pequeño camino arenoso de no más de 20 metros de largo. Las puntas de sus armas ancestrales se juntaban hacia el cielo, en dirección al picante sol del mediodía en Puerto Carreño. Todos vestían chalecos azules con una leyenda estampada en la parte trasera: Guardia Ancestral de Kanalitojo, y tenían los rostros pintados con espirales y figuras de color rojo. La llegada de varios representantes del gobierno nacional, quienes harían la entrega simbólica de las 1.300 hectáreas del futuro resguardo, despertó la voz de la Guardia. “Guardia y lucha hasta siempre por la tierra. Guardia y lucha por los indígenas del Vichada”, coreaban mientras los foráneos atravesaban el camino real. Más de 200 sillas plásticas amarillas inundaban la escuela bilingüe de Puerto Colombia, un aula al aire libre sin paredes, techos o tableros donde estudian los 98 niños indígenas de la zona. Todas estaban en dirección hacia una carpa que protegía una larga mesa con mantel blanco, donde los altos cargos del gobierno revelarían la noticia que tanto han esperado las etnias: la recuperación de sus tierras.

📷

«Hoy hacemos la entrega simbólica de sus tierras. Ahora ustedes serán los dueños oficiales de estos territorios ancestrales. Logramos la titulación colectiva de 1.300 hectáreas»

Andrés Castro, director de la URT.

Bajo varios árboles del bosque de galería, los indígenas buscaron sombra para protegerse de los rayos del sol y hacerle un poco el quite a los 32 grados de temperatura. Los niños jugueteaban descalzos en el árido suelo, levantando olas de polvo que sus ojos ya soportan sin problema. Las mujeres prendían un gran fogón rectangular para cocinar al carbón más de 300 pescados del río Meta. “Después de un largo proceso judicial, hoy hacemos la entrega simbólica de sus tierras. Ahora ustedes son los dueños oficiales de estos territorios ancestrales afectados por la violencia y por el despojo. Logramos la titulación colectiva de 1.300 hectáreas y continuaremos acompañándolos para que puedan poner en marcha varios proyectos productivos”, dijo el director de la URT.

📷

Castro les dio un parte de tranquilidad a las comunidades sobre los colonos que se adueñaron de sus tierras en los constantes desplazamientos. Informó que el fallo ordenó la revocatoria de las adjudicaciones de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao y Fortaleza. "Esto indica que esas tierras son suyas. El 31 de enero de 2020 volveremos a hacer la entrega material y oficial del terreno, para así actualizar la georreferenciación sobre la totalidad del área restituida y constituir el resguardo Kanalitojo. Contarán con el apoyo de la fuerza pública para su seguridad”. El directivo apuntó que las comunidades étnicas son parte fundamental de la restitución de tierras. “Ustedes han enfrentado todo tipo de hechos violentos como las amenazas a sus líderes, el reclutamiento de los jóvenes, robos y despojos. Pero siguieron trabajando por recuperar su territorio y hoy lo lograron”.

Te puede interesar: En video | Así fue la marcha de la Guardia Indígena en Bogotá

📷

«Hoy es un día para celebrar. Por fin podemos decir que este territorio es legalmente nuestro. Ya es un hecho que nadie nos podrá sacar de acá»

Marcos García, gobernador indígena de los amorúa, sikuani y sáliba.

Javier Pérez, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, recordó que esta comunidad del Vichada acaba de hacer historia. “Ustedes son la primera etnia indígena a la que le reconocen sus derechos territoriales por restitución de tierras en este departamento. Seguiremos trabajando para que tengan un campo con equidad, implementando procesos productivos como el pesquero, una actividad de su idiosincrasia". Marcos García, gobernador indígena de los amorúa, sikuani y sáliba, fue corto pero certero en su intervención. “Hoy es un día para celebrar. Por fin podemos decir que este territorio es legalmente nuestro. Ya es un hecho que nadie nos podrá sacar de acá”. La Navidad también llegó al territorio indígena. Funcionarios de la URT les llevaron miles de regalos a los 84 niños del futuro resguardo Kanalitojo, entre juguetes y ropa que ellos mismos compraron a través de una campaña institucional al interior de la entidad.

📷

«Como el fallo no los favoreció y ahora deben abandonar la zona, las amenazas de los colonos son cada vez más fuertes. Nos dicen groserías y aseguran que no se van a ir. Nos da miedo ir al río a pescar y dejar a los niños en las casas»

Virgilio Mejía, indígena del territorio.

“Seguimos con miedo” Al conocer la noticia de la entrega de sus tierras ancestrales, la alegría no afloró en los rostros de los indígenas. Sus ojos negros azabache revelaban miedo y tristeza, y sus palabras denotaban una desconfianza ante tantas promesas incumplidas. Virgilio Mejía, uno de los tantos indígenas que ha entrado y salido del territorio por la violencia y el despojo de tierras, denunció que ahora son las amenazas de los colonos que se adueñaron del terruño las que les roban el sueño. “Como el fallo no los favoreció y ahora deben abandonar la zona, las amenazas de los colonos contra los indígenas son cada vez más fuertes. Nos dicen groserías y aseguran que no se van a ir. Nos da miedo ir al río a pescar y dejar a los niños solos en las casas. En cualquier momento pueden entrar y hacer cosas feas con nosotros”.

📷

Virgilio Mejía asegura que los indígenas solo tienen arcos y flechas para defenderse, armas que no le causan miedo a los colonos. ©Jhon Barros.

Este hombre, que vive de cultivar batata y yuca y cazar pescado, dice que no tiene como defenderse de los colonos. “Nosotros no sabemos de armas ni nada de eso. Si acaso tenemos arcos y flechas, pero eso no los asusta. Necesitamos que el gobierno nos proteja y garantice que nada nos va a pasar”, menciona Mejía mientras sostiene en sus manos un totumo que sirve como maraca y un arreglo con plumas y una cola de tigre. Mario González, indígena sikuani de 60 años, afirma que la Guardia Indígena, conformada por 20 personas, es la única que se encarga de defender a la población. “Es un hito que nos devuelvan legalmente las tierras, pero necesitamos del apoyo de todos los colombianos. Esa gente hará de todo para que no la saquen de aquí”. Luis Carlos Huertas, el vocero del pueblo, concuerda con sus vecinos más antiguos. “Las amenazas no han parado, por eso la felicidad de que nos devuelvan las tierras no es completa. Seguimos en riesgo y nos da mucho miedo más violencia. Queremos que el Estado nos garantice el derecho a la tranquilidad, recorrer en paz la zona e ir con calma al río a pescar y adquirir el agua”. Hace dos semanas, uno de los intermediarios que utilizan los colonos llegó hasta la casa de Luis Carlos para decirle que se fuera. “Me dio mucho susto. Puse una denuncia ante la Fiscalía y me llevé a mi esposa e hija de siete años para Puerto Carreño a pasar necesidades. Para venir a la zona tengo que hacerlo en compañía de un muchacho de la Unidad Nacional de Protección”.

📷

“No tenemos qué comer” Hilda Torres no habla más de la cuenta. Ante cualquier pregunta de un extraño siempre responde con monosílabos, como si algo o alguien la estuviera vigilando. Tiene un marcado ceño en la frente, expresión entre sus cejas que indica un desagrado o una desaprobación. Es madre de tres niñas. La menor, que carga en una sábana improvisada que cruza a la mitad de su pecho, no para de llorar y chuparse el dedo pulgar. De sus los ojos salen lágrimas de gran tamaño que le inundan el rostro. “Tiene hambre. Llevamos como dos días sin comer. Ojalá sirvan los pescados rápido”, dijo Hilda en el evento liderado por la URT, justo antes de que su madre le hiciera una señal para que no siguiera conversando.

📷

Meris Maldonado cubrió su cabeza con una camiseta roja para que el sol no le quemara la piel. Es madre soltera de una hija de nueve años, quien también ha padecido de hambre por la falta de alimentos en el territorio. “Los colonos nos han quemado los pequeños cultivos de yuca y batata. Cuando el hambre desespera nos vamos para el pueblo a buscar qué comer. En esa travesía llevo desde que era chiquita. Ojalá el gobierno saque rápido a esa gente y nos garantice la seguridad. Para una madre es horrible ver a los hijos llorando por comida”. Carolina Mantica, una de las pocas líderes del género femenino, concuerda con las pocas mujeres que se atreven a alzar la voz de protesta. “Yo vivo con miedo. Cuando alguno de mis hijos o nietos sale a pescar, entro en una angustia eterna. Los colonos y los grupos armados que todavía andan por ahí nos siguen amenazando con sentencias de muerte anticipadas. Aunque hoy es un día para celebrar, hasta que no saquen a los intrusos no podré dormir en paz. Ojalá no nos dejen solos”.

📷