INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: ¡Es hora de dividirlo en dos!
Tres años han pasado desde cuando la Supersalud le impuso al Instituto de Seguros Sociales una sanción que le ha producido sudor, lágrimas y pérdidas a esa entidad, afectado de paso a las millones de personas que dependen de ella.
Más terrible aún es el hecho de que, pasado tanto tiempo, nada se ha hecho para rescatarla del Estado de aletargamiento en que se encuentra y, que por cuenta del castigo, le ha costado el retiro de más de un millón de sus asociados, aparte de que, como se sabe, está impedida para realizar nuevas afiliaciones.
Esta situación, traducida en cifras, demuestra el grado al que ha llegado la crisis: el endeudamiento sobrepasa el 150% -léase más de $300.000 millones-. Otras cifras inauditas tiene que ver con los dineros que actualmente entran y salen del ISS. Se dice, por ejemplo, que por cada peso que le llega, éste gasta $1,25, y que de cada $100 invierte $88,5 sólo en gastos de personal.
Pero, tan inadmisible que esos penosos números, lo es el hecho de que al cabo de tres años nadie se haya tomado en serio la situación que tiene al borde del colapso a una institución de primera línea por la importante misión social que se le ha encomendado desde cuando fue creada 1946.
Otro factor clave en la crisis del ISS es la Ley 100 de 1993, la cual impuso un modelo de seguridad social integrado por tres subsistemas -Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales- cuya administración se confió a organismos del sector público y privado en un marco de competitividad en el cual el Instituto de Seguros Sociales quedó en franca desventaja.
Habrá muchas más razones para justificar la situación... ¡pero el país no puede seguir de brazos cruzados y lamentándose! Es hora de pensar en las soluciones. Las últimas grandes reformas se hicieron en el período 1977-1980, y las condiciones sociales y económicas del país ahora, exigen transformaciones acordes a las realidades presentes.
En compañía de tres colegas -son ellos los senadores Honorio Galvis, Eduardo Arango y Jimmy Chamorro- hoy le estamos planteando al país la necesidad de separar el Instituto de Seguros Sociales en dos empresas industriales y comerciales del Estado, haciendo uso de las facultades que la Constitución Política le otorga al Legislativo en su artículo 150 para promover proyectos de ley que permitan crear, fusionar o disolver empresas estatales y Sociedades de Economía Mixta.
¿Por qué dividir?
No es secreto que la estructura y operatividad con que hoy cuenta el Instituto de Seguros Sociales –en la que EPS e IPS aparecen como un todo a pesar de sus naturalezas tan distintas- ha puesto en riesgo el derecho de millones de colombianos a la salud y a una pensión.
En ese orden de ideas, nuestra propuesta consiste en separar los negocios de aseguramiento de los de prestación de servicios médicos; al independizar los presupuestos de EPS e IPS entran en funcionamiento, como ya se dijo, dos empresas estatales de tipo comercial e industrial: la aseguradora –con manejo de las EPS, AP Y ARP- y de otro lado la IPS-. Ambas tendrían las funciones y obligaciones señaladas especialmente en la Ley 100 de 1993, pero el hecho de quedar separadas posibilitará el respiro financiero y administrativo que requieren para su resurgimiento individual, aparte de que ello supondrá un manejo transparente y conducirá a la modernización en aras del beneficio de sus afiliados y de competir en el mercado ofreciendo mejores servicios. Si estas condiciones se dan, lo más seguro es que en el mediano plazo el nuevo ISS no sólo recuperará la desbandada de afiliados que salieron corriendo en el inmediato pasado sino que podrá cobijar a nuevos colombianos, hoy desprotegidos por la seguridad social.
Lo anterior se advierte en el hecho de que las nacientes empresas permitirán, entre otros logros, que las clínicas inicien una nueva etapa con cargas prestacionales menores, puesto que el fondo de prestaciones se encargaría del pago de los actuales jubilados, mientras que las IPS cumplirán con las prestaciones que considere la ley.
Otra novedad quedó inscrita en el parágrafo del artículo 3º, donde se deja abierta la posibilidad de que con el tiempo la empresa aseguradora se transforme en una Sociedad de Economía Mixta, para permitir de esta manera que los actuales trabajadores del Instituto y otras personas vinculadas a él ingresen en la nómina de accionistas y, por tanto, propietarios.
Pero, sin duda, el más importante aporte de esta iniciativa, está en que busca ratificar el sentido social que debe imperar siempre en el ISS cualquiera que sea su reestructuración; en ese sentido estamos convencidos de que se deben diseñar políticas para que se otorguen los bonos pensionales por parte de terceros en las nuevas empresas, implementar mecanismos que garanticen el cubrimiento para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, buscar los medios para evitar el reclamo de aportes de quien ya ha sido cubierto por un riesgo, aplicando así la política de la adquisición de seguros, cualquiera que fuese, dado que si a un determinado usuario no le ocurre ningún percance no tendrá derecho a solicitar devolución de sus pagos o aportes.
Como es apenas obvio la iniciativa ya cuenta hoy con defensores y detractores -uno de estos últimos el propio presidente del ISS, doctor Guillermo Fino-, pero, como de lo que se trata es de abrir el debate, el primer efecto positivo de este proyecto de ley llegó más rápido de lo imaginado: para éste 5 de septiembre la Comisión VII de Senado, que tiene el manejo de los asuntos de orden social en el Congreso- congregará al país en torno a la pregunta del millón: ¿cuál debe ser el destino del ISS?
Ese escenario no sólo permitirá vislumbrar la conveniencia o no de la propuesta, sino –y es lo más importante en estos momentos- conocer la posición del gobierno sobre el tema y que haga públicos los esfuerzos que está dispuesto a emprender para salvar a la entidad.
El panorama actual nos lleva a pensar que un debate como el que se dará este semana más que justificaciones a lo sucedido hasta hoy en el ISS debe llevarnos a buscar soluciones a tópicos específicos: Por ejemplo: cómo ajustar la política de traslados de usuarios del ISS a los fondos privados, de qué manera reducir el porcentaje de intermediación (hoy de 3,5%) del fondo privado, qué parámetros se deben fijar, en procura de la llamada transparencia, para hacer seguimiento de las inversiones que la entidad realiza con el aporte de los usuarios y se determinen en qué entidades, con qué beneficio porcentual, en qué término de tiempo y bajo qué garantías se debería proceder a la hora de realizar gestiones de tipo bancario y comercial. Así mismo, creemos, es prioritario revisar los procedimientos que se llevan a cabo actualmente para encontrar y penalizar a aquellos que han evadido sus obligaciones con el Instituto; en este punto tan complicado será necesario revisar el decreto 2665 de 1996 y procurar su ajuste para que operen mecanismos de sanciones y se penalice a quienes incumplan los compromisos contractuales.
Lo que si quedará siempre claro en éste y en los sucesivos debates, y así está expuesto en el mencionado proyecto, es que - independientemente de si éste es o no aprobado por el Congreso- cualquier reestructuración en el ISS debe hacerse mediante una Ley de la República y no a través de mecanismos internos de la propia entidad, puesto que una decisión final –que sea democrática, viable y sana- debe contar con el concurso de distintos sectores de la sociedad, hoy afectado por la situación. La discusión, pues, apenas comienza... y todos los colombianos serán bienvenidos a ella.
Senador – Vicepresidente Comisión VII
senadorjosejaime@hotmail.com
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