Así va la pensional...

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno viene escuchando las propuestas y preocupaciones de todos los interesados en la próxima reforma pensional.

Cada viernes la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, como se le ha denominado y que es liderada por los Ministerios de Hacienda y Trabajo, ha realizado audiencias para escuchar a los sindicatos, pensionados, gremios, centros de investigación, universidades, multilaterales y partidos políticos, entre otros.

En la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez ya han expuesto sus puntos de vista desde los gremios empresariales como Asofondos, Fasecolda, Fedesarrollo, ANIF, BVC, el CPC y la consultora Mercer, hasta los principales representantes sindicales como la CUT, CTC, CGT, Confederaciones de pensionados y la Escuela Nacional Sindical. También la academia a través de universidades como la de Antioquía, Nacional, Externado, Libre, Cede, Javeriana y del Rosario, y las entidades multilaterales tipo BID, Banco Mundial, Cepal, OIT y OCDE. Los partidos de la U, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Colombia Justa Libres, Aico, Decentes, Polo democrático y hasta el de las FARC, también han expresado sus opiniones.

El objetivo lograr un amplio consenso antes de presentar la reforma, afirma Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, quien aspira a empezar la discusión en el Congreso de la República hacia el mes de noviembre “con el aval de la Ministra de Trabajo”.

El Gobierno no ha dado pistas sobre que propuestas acogerá, sin embargo, el chequeo de las presentaciones realizadas por los más de 35 grupos de interés deja ver los primeros acuerdos y cuáles serán los principales puntos de discusión

El camino no será fácil. Sin embargo, el primer gran consenso es tal vez la necesidad de la reforma en sí misma. Todos advierten los enormes y graves problemas que tiene el sistema pensional en materia de cobertura, inequidad y alto costo para el Estado.

El próximo año el país tendrá que destinar alrededor de $43,29 billones para el pago de pensiones estatales, un 12% más que los $38 billones que se gastaron este año. Esto representa el 20% del presupuesto total del 2020 – el mayor gasto que hace el estado por encima de cualquier sector –, pero beneficia a muy pocos privilegiados. En la actualidad, de cada 10 colombianos en edad de retiro, solo 2 reciben una pensión, 2 tienen un pequeño auxilio y 6 están totalmente desprotegidos por el sistema. 

Por tanto, hay un consenso en que se requiere fortalecer los programas solidarios como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) y que el sistema público no puede seguir otorgando subsidios a las personas de más altos ingresos.

No obstante, no hay aún claridad sobre cómo hacerlo y donde trazar la raya entre el sector público y privado. Esto es, en cuál debe ser la nueva arquitectura del sistema y el rol especifico de Colpensiones en este nuevo modelo. Es decir, la gran incógnita es que va a pasar con el régimen de prima media que es donde se generan las grandes inequidades. Para esto habrá que definir hasta donde deben ir los subsidios y por tanto qué es una pensión alta

La mayoría coincide en que se requiere un sistema donde las pensiones tengan alguna relación con el esfuerzo de ahorro que se hace durante toda la vida laboral. Claro con excepción de las entidades sindicales que insisten en que la pensión debe ser una responsabilidad del Estado.

Sin embargo, viene tomando fuerza la necesidad de un nuevo arreglo institucional. Esto es, una entidad que regule y reglamente todo el tema pensional, y no suceda como hoy donde la responsabilidad de este tema se encuentra diseminado en muchas entidades.

También se habla de una sola entidad que administre el régimen público y ha perdido fuerza la propuesta de pilares de Fedesarrollo. De hecho, esta entidad presentará en el mes de noviembre una revisión de su propuesta.

Algunos hablan de la necesidad que hay de cambiar los parámetros de Colpensiones y del sistema. Incluso desde el punto de vista técnico algunos gremios insisten en que hay que aumentar la edad de pensión- según ANIF debería pasar de 57 a 62 para las mujeres y de 62 a 67 para los hombres-, aunque el Gobierno ya afirmó que no incrementará la edad de pensión.

Otro de los inamovibles del gobierno es que hay que respetar los derechos adquiridos de los hoy pensionados o quienes están muy próximos a hacerlo. No obstante, algunos insistirán en gravar las pensiones altas.

Respecto a los fondos privados, el proyecto podría venir con ajustes en fuentes de comisión para las AFP y en las rentas vitalicias.

En fin, es claro si bien se requiere un sistema donde el régimen público y privado no compitan, sino que se complementen para acabar con el absurdo arbitraje, hay muchos intereses encontrados.

Valdría la pena tambien involucrar otros sectores como los jueces pues muchas veces a punta de tutelas y demandas hacen inoperable el régimen de transición de 10 años. 

Sin duda, una buena reforma pensional no es popular y requerirá todo el liderazgo del presidente. Aún se define si entrará por la comisión VII de Senado o Cámara (donde han mostrado algunas posiciones más radicales)