Moody's advierte a EPM por demanda a constructores de Hidroituango

Además de los retrasos en el tiempo que tendría la entrega de Hidroituango por la demanda, la acción judicial también incrementaría los costos de EPM en el proyecto, lo que pondría en riesgo la calificación otorgada por Moody’s.

“El anuncio es negativo desde el punto de vista crediticio, ya que aumenta el riesgo de más retrasos y sobrecostos para completar la presa Ituango, dependiendo de cómo responda el consorcio”, dijo Moody’s. 

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Días atrás, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, había dicho que la demanda de $9,9 billones que busca interponer la compañía a los responsables de la construcción de Hidroituango surgió por daños emergentes, maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4.000 personas afectadas, pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la venta de energía, entre otros.

Para Moody’s, el cambio de los contratistas de la obra impediría que Hidroituango entrara en operaciones en 2022, como se tiene previsto. 

“Reconocemos la obligación legal de la alta dirección de la empresa de perseguir cualquier compensación potencial a la que la empresa pueda tener derecho, pero creemos que existen riesgos de retrasos adicionales y sobrecostos en Ituango, dependiendo de cómo responda el consorcio de construcción”, dijo la calificadora.

Agregó que que el apalancamiento de EPM se vería comprometido por las consecuencias que pudiera traer consigo la demanda.

“Un posible reemplazo de contratistas de construcción alargaría el período de construcción y probablemente aumentaría los costos, y sería perjudicial para la trayectoria de apalancamiento de EPM exponiendo aún más el balance de riesgos de la empresa. Incluso si tiene éxito, el proceso iniciado por EPM se prolongará y probablemente no traerá ningún beneficio a la empresa dentro del horizonte previsto para que la presa alcance operaciones en 2022”, dijo la firma. 

En relación con la renuncia de la Junta Directiva de EPM al no ser consultada para demandar a los constructores de Hidroituango, Moody’s dijo que la compañía no se saltó ningún proceso y no cometió ninguna infracción al respecto. 

“Entendemos que no ha habido una infracción directa de los estatutos de la empresa o de la estructura formal de gobierno corporativo. El director ejecutivo de la empresa (gerente) es responsable de representar a la empresa judicial y extrajudicialmente, y la decisión de perseguir daños y perjuicios contra el consorcio de contratistas no correspondía al consejo de administración”, dijo Moody’s.

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Sin embargo, la firma advirtió que la renuncia de la Junta “expone una frágil estructura de gobierno corporativo bajo el 99,9% de propiedad del Municipio de Medellín, y la mayor exposición de la empresa a riesgos políticos. De hecho, el alcalde tiene amplio poder para nominar a los ocho miembros restantes de la junta sin mayores restricciones”.

Dinero conoció que los nuevos miembros que formarían la Junta de EPM serían Mauricio Tobón, Luis Pérez, Gabriel Jaime Rico, María Emma Mejía, Simón Gaviria y Augusto López Valencia.

En la actualidad, Moody’s tiene calificada a EPM como Baa3 (grado de inversión) con perspectiva negativa.