Después de Mancuso, Jorge 40 y Mellizo ponen a prueba la diplomacia colombiana

El Gobierno, en su intento desesperado por traer a Colombia a Salvatore Mancuso, cometió embarradas que aún no termina de corregir. En las próximas semanas se definirá si el exjefe paramilitar tiene su próximo destino en Bogotá o Roma. Pero mientras esto ocurre, los casos de otros dos jefes paramilitares vuelven a poner a prueba la desatinada gestión diplomática del país.

Este sábado se supo que el gobierno colombiano pidió oficialmente hace algunos días la deportación a Colombia de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien dejará su celda este domingo 6 de septiembre.  

El paramilitar, estaría dispuesto a venirse, pero pedirá garantías y que lo acepten en la JEP. 

SEMANA había reportado como con sigilo el mismo Jorge 40 y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, terminaron de pagar sus deudas con la justicia gringa. Y sin que Colombia se haya pellizcado todavía, ambos jefes paramilitares le llevan la delantera en el plan de evadir a la Justicia frente a sus miles de víctimas.

Jorge 40 pasó los últimos 12 años en la prisión de Pensilvania cumpliendo una sentencia por narcotráfico, después de que lo embarcaron en un avión de la DEA junto a otros 13 jefes paramilitares en 2008. Jorge 40 nunca le puso la cara a sus víctimas, y tampoco planea hacerlo, pues, según confirmaron fuentes de Estados Unidos a SEMANA, busca quedarse en ese país. Se desmovilizó en 2006 con los 5.000 hombres que integraron el bloque Norte de las autodefensas. Varios de los paras más sanguinarios estuvieron bajo su comando. Por ejemplo, los perpetradores de la masacre de El Salado, o Carlos Tijeras, famoso por matar a sus víctimas con serpientes para evitar engrosar las cifras de masacres.

De las 48 versiones libres a las que lo citaron, Tovar Pupo no asistió a ninguna. Admitió algunos crímenes solo por línea de mando y negó haber ordenado reclutar menores, ejercer violencia sexual o secuestrar. El único relato conocido de este exjefe paramilitar aparece en un diario incautado de 111 páginas en el que cuenta cómo se volvió combatiente de tiempo completo en las autodefensas. “Mi tiempo, a partir de ese momento, fue dedicado totalmente a la causa de la resistencia civil. Empezó en esos momentos el diseño de lo que sería el bloque Norte”, escribió.

No dio los nombres de los financiadores ni de los políticos que colaboraron con las autodefensas. Para justificarse se ha escudado en que el Gobierno lo traicionó al extraditarlo y en que a su hermano lo asesinaron el 24 de diciembre de 2009, y que el Estado siquiera investigó el crimen. Mientras su hijo Jorge Rodrigo Tovar Vélez trabajó por la paz y recientemente el Gobierno lo nombró coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, a Jorge 40 lo expulsaron de cualquier beneficio judicial por darle la espalda a sus víctimas.

En Colombia lo esperan tres sentencias condenatorias por homicidio. Una de ellas, a 26 años de cárcel como determinador de la muerte del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, a manos de sus hombres. Al profesor lo asesinaron el 17 de septiembre de 2004 con información que entregó a los paramilitares el entonces director del DAS Jorge Noguera, también condenado por el crimen. Contra Jorge 40 hay más de 80 procesos penales pendientes por homicidios, masacres y desapariciones ocurridas entre 1998 y 2006.

La Jurisdicción Especial de Paz le cerró las puertas como paramilitar desde diciembre de 2019, aunque le dejó una rendija para que busque beneficios presentándose como financiador. La oferta es poco atractiva, pues contra él pesan los mayores crímenes perpetrados por el bloque Norte durante su comandancia, de modo que sus largas penas se mantendrán en firme. Como la JEP ya agotó el estudio de su caso, esto no puede ser excusa para que Colombia no active el amplio dosier criminal contra Jorge 40 por medio de una solicitud de extradición. Sin embargo, fuentes diplomáticas de Estados Unidos aseguran que hasta ahora no ha iniciado ningún trámite de extradición.

“Ante la inminente liberación de Jorge 40, las autoridades colombianas deben agotar todas las medidas disponibles para lograr su extradición o deportación inmediata a Colombia. Sería una verdadera burla a las víctimas que se repita el fiasco que ha sido hasta ahora el proceso de extradición de Mancuso",señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

El Mellizo también lleva planeando por años su salida de la cárcel de Virginia. Lo prueban las reveladoras declaraciones que hizo en su contra Marco Tulio Quintero, un testigo de la Fiscalía en Colombia. En 2018 este abogado del exjefe paramilitar aseguró que Mejía Múnera protagoniza un escándalo de corrupción que compromete a magistrados del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia. Pero que se abstuvo de hacerlo público por temor a que se le “viniera abajo su objetivo de asilo político”, basado en que la Justicia colombiana supuestamente lo persigue.

Esta solicitud de asilo lo mantiene todavía en una celda de paso en Estados Unidos. El Mellizo terminó de pagar sus deudas con ese país hace varias semanas, sin que Colombia haya activado aún un requerimiento judicial en su contra, según fuentes diplomáticas. Miguel Ángel Mejía Múnera es un narco puro que se coló en el proceso de paz de los paramilitares. Llegó al radar de Estados Unidos porque su socio Jorge García Molinares lo delató cuando lo capturaron a bordo del buque Privilege, en el que pretendían mover toneladas de cocaína. La droga nunca apareció porque se filtró la información del operativo en altamar.

El Mellizo usó la fachada de la comandancia del bloque Vencedores de Arauca para esconder sus negocios de narcotráfico. Ahora le espera el largo listado de crímenes cometidos por sus hombres, frente a los cuales deberá responder en la Justicia ordinaria con penas hasta de 40 años. Mejía Múnera pidió pista para someterse a la JEP, pero esta jurisdicción aún no se ha pronunciado.

En caso de regresar a Colombia, el Mellizo deberá aclarar, en primer lugar, el enredo de corrupción que hasta ahora ha salpicado a dos funcionarios judiciales: 1) Hilda Jeannette Niño, una alta funcionaria de la Fiscalía que intentó frenar la expulsión del Mellizo de los beneficios de Justicia y Paz. Y 2) el exmagistrado Eduardo Castellanos, quien está en juicio por supuestamente haber recibido 50.000 dólares para mantener a Mejía Múnera dentro del plan de beneficios. En un par de cartas, que ya obran como pruebas en el juicio contra Castellanos, el Mellizo le anuncia el envío de “regalitos” al magistrado. Aun así, hay una supuesta carta que Mejía Múnera le hizo llegar al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, en la que señala que lo extorsionaron para no excluirlo de Justicia y Paz.