OPINIÓN
La bolsa de empleo de los Suárez Mira
En el Congreso, tres representantes a la Cámara sirven como una auténtica bolsa de empleo para el cuestionado de los Suárez Mira de Bello, Antioquia; así como para sus miembros y aliados.
Como bien es sabido, el clan está compuesto por tres hermanos: Óscar, Olga y César Suárez Mira. Todos empezaron su vida política en Bello, también, actualmente están envueltos en graves escándalos judiciales.
A pesar de que Olga se quemó en su aspiración al Senado en 2018, quedaron tres aliados en la Cámara de Representantes, y pusieron, una vez más, alcalde de Bello en 2019. Se trata de los congresistas John Jairo Bermúdez Garcés (Centro Democrático), John Jairo Roldán Avendaño (Partido Liberal) y Germán Blanco Álvarez (Partido Conservador). Y del alcalde Óscar Pérez Muñoz, mejor conocido como “El del brazalete”[1], pues, aunque ganó con el aval del partido CD con 41.333 votos y el apoyo de los Suárez Mira, durante su campaña afrontaba varias investigaciones llevadas por la Fiscalía General de la Nación por malversación de recursos públicos durante su alcaldía en 2008-2011, serían delitos como prevaricato por acción, concusión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Debido a estas investigaciones de contratos irregulares en su alcaldía, un juez le ordenó no salir del país y permanecer con brazalete electrónico del Inpec.
Actualmente, el clan y el alcalde Pérez Muñoz tienen como bolsa de empleo toda una repartija dentro de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los representantes mencionados. Esto es así toda vez que, luego de una revisión de sus UTL a abril de 2020, se encontraron, sobre todo, familiares y amigos vinculados con unas asignaciones millonarias que presuntamente no corresponderían a sus funciones y, en varios casos, podrían ser injustificadas.
Cabe recordar que, por hechos bastante similares, el Consejo de Estado (CE) decretó la pérdida de investidura del entonces senador de La U, Carlos Enrique Soto[2], mediante la sentencia 2015-00111 de 28 de marzo de 2017. Situación similar sucedió con la pérdida de investidura del otrora representante a la Cámara Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal, luego de que el CE lo encontrara responsable por haber omitido vigilar y supervisar el trabajo del personal adscrito a su UTL que se encontraba fuera de Bogotá, mediante la sentencia del 3 de diciembre de 2019[3].
Vamos por partes:
- El representante Bermúdez tiene dentro de su UTL a la esposa del alcalde Óscar Pérez, la primera dama (o gestora social) Diana Uribe Tobón; y a Mónica Patricia Medina Arango, esposa del concejal de Bello del CD Edwin Builes Toro, quien le realizó dos donaciones a Bermúdez en su campaña en 2018, según Cuentas Claras, por un total de 49 millones de pesos e hizo campaña abiertamente por el alcalde Pérez.
Fuente: Cuentas Claras
Fuente: Instagram Edwin Builes.
De acuerdo con lo establecido por las sentencias del CE, si bien no existen motivaciones suficientes para que un congresista pierda la investidura por poner cuotas políticas, lo que sí es motivo para la pérdida es que los miembros de su UTL no tengan relación con la actividad del congresista o que se haga uso indebido de dineros públicos mediante el pago por funciones que no se cumplan.
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Llama la atención que, por ejemplo, la primera dama de Bello, Diana Uribe, figure como asesora nivel VIII en la UTL de Bermúdez, con una asignación de 15 salarios mínimos (alrededor de 13 millones de pesos), cuando ejerce actividades que no están relacionadas con el cargo, tal como ella y el alcalde Pérez publican en sus redes. Es decir, repartiendo mercados por la covid-19 en Bello, actividades culturales del municipio, gestión social y demás que, presuntamente, podrían significar una asignación indebida de dineros públicos por parte de Bermúdez al permitir el pago de su salario sin el cumplimiento de sus funciones como asesora nivel VIII.
Esta misma situación podría estar sucediendo con la señora Mónica Medina Arango, quien, como se mencionó, ocuparía el cargo como contraprestación por la financiación del concejal Builes a Bermúdez, y ocupa un cargo como asistente grado V, con una asignación de más de 6 millones de pesos.
- El segundo caso preocupante es el del representante Roldán, quien tiene dentro de su UTL a Daniela Osorio Uribe, hija de la primera dama de Bello, Diana Uribe. Como si se tratara de un cartel para repartirse los cargos burocráticos, Daniela Osorio, quien no es hija biológica del alcalde Pérez, sí se ve beneficiada por las relaciones de este. En esta misma UTL se encuentra Jessica Arango, exconcejala de Bello por el Partido Liberal y hermana del actual concejal de AICO, Anderson Arango. Otra cuota política.
En cuanto a Daniela Osorio, llama la atención que está como asistente grado II, con una asignación de 4 salarios mínimos (alrededor de 3,5 millones), a pesar de que, según las redes sociales de su mamá, se graduó en diciembre de 2019 y tiene una experiencia profesional de menos de seis meses.
Si bien esto no es argumento suficiente de revisión, sí lo debería ser el cumplimiento de sus funciones dentro de la UTL de Roldán, así como Jessica Arango, quien ostenta el mismo cargo.
- El tercer y último caso es el de Germán Blanco, quien tiene dentro de su UTL a la esposa de César Suárez, Luz Marina Osorio Alzate. También la tuvo en su UTL cuando era primera dama durante la alcaldía de Suárez de 2016-2019, pues, según el Sigep, está vinculada desde marzo de 2017. Llama la atención que se desempeñara como primera dama y tuviera funciones en la UTL. La misma situación que sucede actualmente con el alcalde Pérez y la primera dama Diana Uribe.
Si bien ostenta un cargo de asistente grado I, que no supera los tres salarios mínimos, estos recursos, al igual que en todos los casos anteriores son del erario, proveniente de todos los contribuyentes del país.
También dentro de su UTL, el representante Blanco tiene a María Elizabeth Gómez Quiroz, como asistente grado V, devengando siete salarios mínimos, y quien es esposa del exconcejal de Envigado (216-2019) Jorge Correa Betancur, quien le hizo campaña a Olga Suárez en 2014 y 2018.
Las preguntas que surgen son: ¿Se tratan todos estos casos de un presunto mecanismo de corrupción de las UTL como bolsa de empleo para la indebida destinación de dineros públicos en cargos que no están cumpliendo sus funciones a favor de un clan político cuestionado? ¿Dónde están las investigaciones del Consejo de Estado por la posible pérdida de investidura de estos congresistas?
Me comuniqué con el congresista Roldán del Partido Liberal, quien manifestó que “Daniela se desempeña entre otras en estas tareas:
- Acompañamiento en mis tareas propias a mi desempeño como congresista.
- Estudio de ponencias y proposiciones.
- Acompañamiento en estructuración y presentación de debates de control político.
- Acompañamiento en la comunicación y acompañamiento a alcaldes y concejales.
- Las demás que aparecen en el diario desempeño de mis funciones como representante.
Si algo adicional estoy a tu servicio”
Por su parte, el representante Bermúdez del Centro Democrático, nunca respondió.
