Tras la pista del cementerio de desaparaciones forzadas más grande del país

Localizados en cercanías de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, los sectores conocidos como La Escombrera y La Arenera son testimonio vivo de las innumerables atrocidades que cometió el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo la excusa de acabar con las actividades que llevaban a cabo las milicias urbanas de las Farc y el ELN en la zona. Está probado, además, que solían operar con la complacencia de agentes del Estado. Si bien este bloque paramilitar fue el primero en desmovilizarse en noviembre de 2003, en virtud del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, muchas de sus acciones no han sido del todo esclarecidas y la estela de incertidumbre y dolor continúa.

Por un lado, versiones de antiguos combatientes dan fe de que allí fueron sepultadas víctimas. Lamentablemente, no se sabe con exactitud cuántas fueron ni dónde están. Reportes, como el que manejaba la Alcaldía de Medellín en 2015, indican que podría haber hasta 90 cuerpos, pero otras organizaciones, como Mujeres Caminando por la Verdad, creen que el número llega hasta 300. Para colmo de males, los esfuerzos que han hecho las autoridades por encontrarlos no han dado frutos. 

"Yo no dudaría en decir que La Escombrera y La Arenera son el mayor cementerio de desaparición forzada, no solamente en Colombia, sino que incluso me atrevería a decir que en América Latina", aseguró Ruben Darío Pinilla Cogollo, exmagistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, quien conoció de primera mano cómo el bloque Cacique Nutibara ejecutó un plan sistemático para desaparecer los cuerpos de sus víctimas.

Esta afirmación, que tuvo lugar en julio de 2019 durante una audiencia pública ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Medellín, permite entrever el nivel de barbarie que se desató en un periodo de tan solo dos años, entre 2001 y 2003.

La razón de dicha audiencia era estudiar la viabilidad de una solicitud de medidas cautelares hecha por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). La petición pretendía "el cuidado, la protección y preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada". Las tierras que comprenden La Escombrera y La Arenera estaban incluidas.

En la diligencia también participaron la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y diferentes organizaciones locales y de derechos humanos. La oportunidad sirvió para hacer un recuento de las ocasiones en que, justo en este sector, se han emprendido acciones de búsqueda y las pruebas —declaraciones de víctimas y exparamilitares, así como estudios topográficos— que, en su momento, sirvieron para determinar en qué lugares debían realizarse. 

Pese a esto, la JEP consideró pertinente la recolección de más información con la finalidad de poder resolver la solicitud radicada por el Movice. Fue así como el tribunal profirió diferentes autos —el primero en septiembre de 2019 y el último en febrero de 2020— que ordenaron, entre otras cosas, que se levantaran registros fílmicos y fotográficos de los terrenos involucrados, se inspeccionaran las sedes administrativas de las empresas que allí desempeñaban actividades mineras, se compartieran todas las grabaciones de las versiones libres que rindieron los antiguos miembros de las AUC que hubieran operado en la Comuna 13 y un listado de los expedientes de la justicia ordinaria que tengan relación con desapariciones forzadas a cargo de paramilitares. 

"Las personas que iban a ser ultimadas o que fueron ejecutadas por los integrantes del Bloque, eran inhumadas en La Escombrera, la laguna, La Arenera y El Cebollal, cumpliendo órdenes superiores, para evitar la publicidad negativa ante el incremento de homicidios en la zona; en pocas palabras, se procuró ‘invisibilizar‘ las víctimas", explicó Juan Carlos Villa Saldarriaga alias Movil Ocho, quien llevó a cabo crímenes bajo las ordenes de Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna. Sus declaraciones ante la justicia fueron allegadas a los magistrados de la JEP.

Sin embargo, sería un informe policial el que resultaría teniendo mayor utilidad para el estudio de la conveniencia de las medidas cautelares. Haciendo uso del software CivilCad2018 y valiéndose de imágenes registradas a través de Google Earth, se logró evidenciar la variación que habían tenido los terrenos en mención desde 2003. 

Enfocadas únicamente en los sitios en donde se cree que podrían haberse enterrado a las víctimas, las tomas aéreas permiten verificar los cambios, tanto en vegetación como en volumen de tierra, que se han presentado. Posteriormente, fueron sobrepuestas sobre planos topográficos y se calculó qué tanto material debía removerse bajo el hipotético de que se realizara una intervención. La cantidad es superior a los 40 mil metros cúbicos de corte.

Esta conclusión fue compartida con el Grupo de Análisis de Información (Grai) del Tribunal de Paz, que luego de unas pocas precisiones identificó los lotes que sufrieron menos cambios y "podrían ser una importante área de prospección". Su recomendación a los magistrados fue "solicitar una expedición en terreno". La Fiscalía, meses atrás, también había llegado a esta apreciación.

Adicionalmente, diversos testimonios habían señalado que las ejecuciones tenían lugar a poca distancia del lugar que empleaban los paramilitares como su centro de operaciones. Para el beneficio de la búsqueda de los cuerpos, estos terrenos reportan también pocas modificaciones, tal y como lo demostraron las imágenes satelitales.

"De acuerdo con los patrones observados por la Fiscalía en el marco de los procesos de Justicia y Paz, las bases paramilitares fueron zonas de inhumación de personas desaparecidas, lo que para la Comuna 13 de Medellín ha sido afirmado por múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara y otros testigos", expresó la JEP en el auto que dio vía libre a las medidas cautelares.

Pero no todas las revelaciones dieron parte positivo. Una laguna, que testigos acreditaban como zona de inhumaciones, desapareció por completo debido a la explotación minera en el sector de "La Arenera". Un verdadero trago amargo porque podría impedir el esclarecimiento de algunos homicidios.

Aun así, la decisión de la JEP ordenó "la protección, búsqueda, prospección e intervención" de los terrenos menos afectados y en los que se considera, en razón a la evidencia, que pueden encontrarse los restos de las víctimas. Para la correcta aplicación de la medida, se impidió el acceso de la ciudadanía a la zona y se prohibió el desarrollo de actividades de carácter económico, incluida la minería. 

Ciertamente, la providencia es un respiro de esperanza para los familiares de las personas desaparecidas. Confían en que esta vez, gracias a los avances tecnológicos que dieron pie a la intervención de La Escombrera y La Arenera, logren conocer la verdad. Quizás así puedan dar por finalizadas casi dos décadas de dolor.