La ley del monte

Por lo visto, el problema actual de la justicia colombiana no es que cojee sino que no llega. Y cuando decide dar el paso, cuando se levanta y anda es amenazada, desterrada o asesinada. Un ministro de Justicia, un procurador general, tres magistrados, 11 funcionarios de Instrucción Criminal y más de 20 jueces han sido asesinados en los últimos cinco años. Por si esto fuera poco, unos cinco jueces han tenido que salir del país y de la carrera judicial para entrar a la diplomacia, por amenazas de muerte.
El último de los asesinatos, el de la juez tercera de Orden Público, María Helena Díaz Pérez, ocurrido en Medellín hace dos semanas, revolvió el avispero y puso otra vez en el orden del día el tema de la justicia en Colombia. Un miembro del Consejo de Estado, en frase que recogió el periódico El Tiempo, se preguntaba: "¿Qué podemos decir? ¿Que condenamos la ocurrido, que este nuevo crimen es espantoso, que necesitamos protección, que las instituciones no cederán. .. ?".Y él mismo respondía: "No. No hay fórmula. Lo cierto es que los homicidios continúan y que estamos poniendo los muertos."
Sin embargo, y a pesar de lo apocalíptico de este razonamiento, el consejero de Estado se quedó corto. No sólo los jueces están exponiendo sus vidas, sus familias también están amenazadas y de hecho han caído bajo las balas asesinas. Hace dos meses en el norte de Bogotá, el abogado Alvaro González Santana, ex gobernador liberal de Boyacá, fue asesinado. El motivo: ser padre de la juez segunda de Orden Público, Martha González. La doctora González había sida nombrada para investigar las masacres de Honduras y La Negra, en Urabá (Antioquia). Su crimen fue el de haber llegado hasta los autores intelectuales de las masacres y haber llamado a juicio a las cabezas del cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gonzalez Rodríguez Gacha, Luis Rubio, ex alcalde de Puerto Boyacá, y a algunos militares, a quienes les dictó orden de captura. De inmediato la juez comenzó a ser amenazada y ante la posibilidad de que fuera sacada del país, sus verdugos le habían sentenciado: "Doctora, usted tiene padre. No se le olvide". Desafiando el poder criminal, la juez siguió adelante. Pero a las pocas semanas de haber salido del país, su padre fue asesinado.
La investigación realizada por la doctora González era contundente. El expediente, una vez ella abandonó el país, fue remitido a Medellín para realizar algunas pruebas. Y por esas jugadas de la vida fue a parar a manos de otra juez de Orden Público. La juez tercera, María Helena Díaz Pérez, de 34 años, casada y con un hijo de un año. La doctora Díaz consideró que la investigación estaba impecable y que por tanto ella respaldaba los autos de detención. Las amenazas no se dejaron esperar. Sin embargo, la joven abogada siguió adelante. El hecho de haber recibido un carro y tres escoltas, dos del DAS y uno del F-2, le daban cierta seguridad. Compañeros de trabajo consultados por SEMANA en Medellín aseguran que la protección era imperfecta. No se variaba la rutina de desplazamientos, no había motos que despejaran el tráfico y además los detectives tenían tan sólo pistolas para protegerse. Estas imperfecciones en la seguridad, sumadas al grado de sofisticación de los sicarios permitió que no sólo la juez cayera sino que dos de sus escoltas también fueran asesinados.
EN LA MIRA
En Medellín hay ocho jueces de Orden Público y en el país hay 60 nombrados de los 90 que la ley ordenó. Estos jueces están clasificados con el grado 17, pero se les ha asignado el sueldo más alto de la rama jurisdiccional, es decir, la suma de $371.540. El 90 por ciento de ellos están amenazados. Pero no son los únicos. Los jueces especializados que tienen que juzgar todos los delitos de narcotráfico también lo están. Uno de ellos, el juez primero superior, Tulio Manuel Castro Gil, fue asesinado el 23 de julio de 1985. Las amenazas constantes hicieron que el gobierno le suministrara protección de escoltas. Pero el juez, con un salario de $195.000 estaba en bancarrota, porque tenía que subsidiarles muchas veces la alimentación y prefirió declinar su seguridad para poder sobrevivir. Muchos piensan que con escoltas también habría sido asesinado, porque la sentencia de muerte pendió sobre su cabeza. De los 4.379 jueces que hay en el país, según la Asociación Nacional de Funcionarios de la Rama Judicial, Asonal-Judicial, uno de cada cinco ha sido amenazado de muerte. Los que no reciben sufragios, llamadas telefónicas, anónimos o mensajeros de la muerte no es que la pasen muy bien. Un juez municipal gana $120.000 mensuales, monta en buseta y difícilmente puede tener más de dos vestidos de paño. Su jornada de trabajo es de ocho horas, pero en la práctica tiene que llevarse expedientes para la casa porque mensualmente le llegan unos 150 procesos. Pero esto no es todo. Los jueces colombianos no cuentan con ninguna clase de recursos técnicos para llevar a cabo sus investigaciones. Carlos Eduardo Lozano, ex director nacional de Instrucción Criminal, decía constantemente: "En Colombia no ha existido hasta la fecha un Cuerpo Técnico de Investigación Criminal exclusivamente dedicado a la prestación de servicio del propio juez, ni mucho menos bajo la dirección exclusiva del mismo".
IMPUNIDAD Y DESCONFIANZA
Esta situación deriva inevitablemente en una impunidad rampante.
El año pasado, la Consejería de los Derechos Humanos organizó un foro bautizado con el nombre de "Lucha contra la impunidad". Los diferentes participantes dieron cifras aterradoras sobre la inoperancia del sistema de justicia. Lozano informó que en 1984 sólo el 2.88% de los procesos penales había obtenido sentencia; en 1985 sólo el 2.24% y en 1986 el 2.44%. "Estas cifras -dijo- son la evidencia de que estamos frente al fenómeno típico de una impunidad que nos puede arrastrar a la tumba como Estado organizado y moderno".
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha levantado la estadística de los procesos que actualmente cursan en los juzgados del país y ha llegado a la asombrosa y astronómica cifra de un millón 700 mil. Esto hace concluír que si los jueces con que cuenta el país se dedicaran a evacuar en un día cada uno de estos expedientes gastarían 150 años para ponerse al día. Pero esta no es la única causa de la impunidad. De acuerdo con una investigación adelantada por el Instituto SER y reconocida oficialmente, sólo el 20% de los delitos que se cometen en el país llega a conocimiento de los jueces, o sea, que el 80% no se denuncia. La causa: la ciudadanía no cree en la justicia. Según el Ministerio de Justicia, el 37.5% de la gente no denuncia porque no tiene pruebas; el 23.2% por inoperancia de la justicia; el 13.2% porque los trámites son complicados y cualquier proceso, por simple que sea, se convierte en un calvario; el 6.3% por verguenza, pudor o conveniencia; el 6% por temor o represalia; el 2.5% porque no tuvieron conocimiento del delito. En fin, los colombianos tienen motivos para no creer en la justicia. Una encuesta realizada en 1986 reveló que el 88% de la gente cree que los jueces se venden o son venales. "Puede que esa cifra sea cierta -le dijo a SEMANA Antonio Sánchez, presidente de Asonal-, pero si nos están matando es porque estamos impartiendo justicia".
A todos estos problemas se suma uno más: el de la prescripción y archivo de los procesos. Jaime Giraldo Angel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aportó al Foro sobre la Impunidad las siguientes cifras sobre prescripción de procesos, que hablan por si solas. En el año 76, el 61%; en el 77 el 63%, en el 78, el 62%; en el 79, el 77%, y en el 80, el 72%. Aun cuando no existen más estadisticas, la situación en esta década no es muy diferente. Los procesos siguen siendo archivados en una proporción alarmante.
La justicia se detiene, mientras el índice de criminalidad avanza a pasos agigantados. En el cuarto de siglo comprendido entre 1958 y 1982 la criminalidad contra la vida y la integridad personal creció 37 veces, es decir, de 33.913 homicidios y lesiones personales pasamos a 1.251.031 y, en el mismo lapso, la criminalidad contra el patrimonio económico creció 50 veces, es decir, de 37.845 delitos de este género se pasó a 1.916.174.

LAS MEDIDAS
El asesinato de la juez tercera de Orden Público, Martha Helena Díaz Pérez, obligó a todos los estamentos gubernamentales, que tienen que ver con la justicia, a reunirse y a tomar algunas medidas. Pero estas presentan a mediado plazo más inconvenientes que soluciones. Trasladar en forma permanente las oficinas de los jueces amenazados a las instalaciones del DAS o de la Policía, conllevaría en la práctica a un hacinamiento de funcionarios. Tan sólo en Bogotá los 10 juzgados de Orden Público ocupan dos pisos de oficinas. Construír viviendas de alta seguridad para los jueces amenazados y sus familias (como se ha hecho en Italia, ver recuadro) representaría, tomando como cifra base la de 800 jueces, construír igual número de viviendas. Esta alternativa puede llevarse a la práctica en las ciudades más o menos grandes. Pero ¿qué pasará con los jueces de poblaciones pequeñas y además violentas como las del Magdalena Medio o Urabá? Aumentar el número de escoltas o darles a quienes aún no tienen, significa en sólo salario contar con unos 48 millones de pesos al mes. El blindaje de los carros, para los 800 jueces, a un costo de 16 millones de pesos, significaría contar con 12 mil millones de pesos de presupuesto.
Obviamente si hay una intención seria de modificar el actual cuadro de impunidad, los problemas presupuestales serían los menos graves. Tal vez el mayor problema radica en que el gobierno decida de una vez por todas metérsela toda al problema de la justicia no sólo a nivel presupuestal sino con medidas reales que devuelvan al ciudadano la confianza en la administración de justicia. La creación del Cuerpo Técnico de Policía, adscrito a la Dirección de Instrucción Criminal en el último año, se ha anotado 142 éxitos en los procesos. Cifra que aunque sólo significa castigar el producto de 5 horas y media de delincuencia nacional, es mejor que no lograr neutralizar ni un minuto de criminalidad. Esta medida ha sido vista por muchos como una de las mejores herramientas para enfrentar la criminalidad en los últimos tiempos. Pero falta más, mucho más. Ese es el reto del gobierno y de toda la sociedad. Seguramente habrá que sacrificar otros rubros del gasto público y, en términos generales, redoblar los esfuerzos. Al fin y al cabo, lo que está en juego no es sólo el futuro de la justicia colombiana, sino el de todo el pais.-

EN SICILIA NO ESCAMPA
De Palermo, capital de Sicilia, se dice que parece una ciudad en guerra. Faltan sólo los bultos de cemento por las calles y las trincheras para que la comparen con Beirut, en Líbano, a no muchos kilómetros de distancia. Continuamente se oyen las sirenas de los automóviles blindados que transportan jueces, dirigentes políticos, el alcalde o amenazados "excelentes" como llaman a los protagonistas de la lucha contra la"cosa nostra" (la mafia siciliana).
Además de los automóviles blindados y las escoltas, la evacuación de las calles y la solicitud continua de documentos por la calle, hacen de Palermo, junto con Nápoles, una de las dos ciudades más devastadas de Italia, en manos del crimen organizado, y ensangrentada por las luchas entre las distintas bandas mafiosas. Desde hace 4 años, la administra un alcalde, Leoluca Orlando, demócrata cristiano, quien resiste los ataques políticos de su mismo partido y se ha enfrentado, sin medias tintas, a la mafia. La vida de Orlando, como la de los jueces que combaten la mafia, está inmersa en el peligro. Las amenazas de muerte son continuas y en Palermo con la muerte no se juega. Su historia, sobre todo la de finales de los años 70, está llena de asesinatos de aquellos que se atrevieron a querer cambiar la ciudad: Piersanti Mattarella, presidente de la región; Pio la Torre, parlamentario comunista; el general Carlo Alberto Della Chiesa, prefecto especial para lucha contra la mafia. Todos magnicidios.
Ir en automóvil con el alcalde o con el juez Giovanni Falcone, es como jugar a la ruleta rusa. La muerte vive con ellos. Orlando viaja en un automóvil blindado con dos vehículos de escolta, uno adelante y otro atrás, de los que cuando se detienen, saltan a toda velocidad hombres armados, pálidos y silenciosos, que también arriesgan la vida. Delante de su residencia instalaron una ametralladora y hasta cuando va a comulgar la escolta no lo deja solo.
"Desde que soy alcalde no manejo mi automóvil, se lo regalé a mi cuñado. No he vuelto a salir a dar una vuelta con mi mujer y mis hijas, ellas no han vuelto a subirse en mi carro y no hemos ido a la playa juntos ni una sola vez, es mucho si desayuno una vez al mes con ellas. Mi mujer, Millie, que es muy abierta, acepta pero no aprueba este tipo de vida. Mis hijas no ven la hora que deje de ser alcalde: no saludan ni siquiera a los escoltas, los ignoran, como si fueran el símbolo de mi vida amenazada. La triste verdad es que yo estoy convencido que lo peor llegará cuando deje de ser alcalde, cuando vuelva a mi vida normal, después de cuatro o cinco años, pero, en fin, es inútil pensar en ello".
Pero estas son las medidas comunes de seguridad. Hace apenas pocos días los técnicos del ministerio del Interior decidieron tomar una serie de sofisticadísimas medidas de seguridad dentro del Palacio de Justicia de Palermo. Y es que ya nadie confía en nadie. Las sospechas de infiltrados de la mafia han invadido los tribunales sicilianos. Un equipo de expertos de improviso entró en las oficinas del juez Falcone para instalar dos instrumentos modernísimos para reconocer aparatos de microespionaje: dos equipos electrónicos que señalan eventuales intercepciones telefónicas o ambientales. Los técnicos del ministerio han tenido que aislar todo un piso del tribunal para instalarlos bajo la supervisión personal del jefe de la Policía, Fernando Masone. Las excepcionales medidas de seguridad alrededor de Falcone, quien se salvó recientemente de un atentado, van acompañadas de un nuevo grupo de escoltas escogidos por el mismo jefe de la Policía.
En este clima de terror y de utilización de alta tecnología para defensa, ha resultado mucho más eficaz el viejo método utilizado por la mafia: dividir para reinar. Chismes, noticias verdaderas mezcladas con falsas, cartas anónimas, enfrentar a jueces contra jueces, han paralizado la justicia italiana en la isla, y con ello las investigaciones más importantes de tráfico de droga y reciclaje de narcodólares. Un triunfo más de la mafia, como lo dijo el mismo juez Falcone, en una de las pocas entrevistas que ha dado en este "caliente" verano siciliano.