La mafia que se esconde en el transporte de carga

“En el país el parque automotor de vehículos pesados de carga está congelado. Para poder ingresar un vehículo nuevo tiene que salir uno vehículo viejo.  Tenemos más vehículos de los que necesitamos para prestar el servicio de carga”, explicó el viceministro al señalar cómo nace la red delincuencial. 

Según el funcionario, debido a que no se otorgan cupos nuevos, los involucrados en los hechos se aprovechan de maniobras ilegales como fingir accidentes o robos, para hacer que vehículos puedan laborar en el país, con apariencia de legalidad. 

“Para poder vincular los vehículos se han cometido una serie de irregularidades en la documentación que soporta los accidentes y los hurtos. Una persona se acerca a las autoridades y dice: ‘mi vehículo fue hurtado o se accidentó por pérdida total y por lo tanto yo tengo el derecho a ingresar un vehículo nuevo’. Cuando estudiamos el caso puntual encontramos que toda la documentación es falsa. Esto lleva a una serie de actores en la cadena que han cometido irregularidades”, aseguró.

Estupiñán añadió que los responsables de las irregularidades en primera medida van a las autoridades de transito locales y con una certificación por parte del Ministerio de Transporte que ha sido otorgada, basada en documentos falsos, piden les habiliten la autorización para circular. 

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, dijo que la red de 17 personas que fueron detectadas alterando el proceso ante autoridades de tránsito, opera en el norte del país. “Hemos avanzado en esta investigación en tres departamentos, Magdalena, Cesar y La Guajira. Sin embargo, es una indagación que en sus siguientes faces va seguir avanzando en otros departamentos”.

Según Perdomo los municipios y ciudades más afectadas son Aracataca y Hatonuevo en (Magdalena), Carmen de Bolívar y Cartagena (Bolívar), Aguachica (Cesar) y Bucaramanga. Explicó que la investigación tendrá otras fases en Tolima, Meta y Atlántico. 

Los imputados son nueve inspectores de Policía, tres técnicos de automotores (pertenecientes a la Dijin y la Sijin) y un funcionario del Ministerio de Transporte, identificado como Humberto Correa Flórez, quien fungió como coordinador del grupo de Reposición Integral de Vehículos en esta cartera. 

Los delitos que se imputarán a los vinculados son falsedad ideológica en documento público, cohecho propio, prevaricato, peculado por apropiación e enriquecimiento ilícito de particulares. La pena, de ser condenados, es entre 10 y 20 años de cárcel. Los investigados deberán presentarse en los próximos días ante un juez de control de garantías.