LA MUERTE AL MENUDEO

A las 11 y media de la noche las calles que rodean la Casa de Nariño están desiertas.
Los soldados del Batallón Guardia Presidencial soportan el penetrante frío capitalino mientras recorren
una y otra vez las aceras que rodean la edificación. A tan sólo 300 metros del que se supone es uno
de los lugares más custodiados del país, la residencia presidencial, un hombre corpulento, de
aproximadamente 40 años, está sentado en la sala de una de las humildes casas que rodean el sector
de la calle sexta en el centro de Bogotá. Lentamente corre la cremallera de un gran maletín con una
burda copia del símbolo de Nike estampada en uno de sus costados. El hombre introduce la mano
derecha y saca un fusil AK-47. Con la izquierda recoge un R-15 y unos segundos después termina el
acto retirando del fondo una escopeta calibre 12. Los dos primeros los ofrece en venta a 1.800.000
pesos y por la escopeta pide 800.000 pesos, precio que incluye una caja de munición. El cliente
regatea y finalmente el vendedor acepta rebajar el AK-47 a 1.500.000 pesos si el comprador decide
llevarlo de inmediato. Sin mayor nerviosismo el vendedor ofrece su catálogo verbal de otros
productos que tiene disponibles para entregar al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora:
"Hay misiles RPG-7 o puedo conseguir ya granadas IM gringas ", afirma el hombre. Cerrado el
negocio y hechas las promesas, cerca de las 12 de la noche, el vendedor guarda sus armas y da por
terminada la transacción de material de guerra; todo esto a tan sólo tres cuadras de la cama del
Presidente. En otras partes de Colombia a esa misma hora o al amanecer, que son las horas
oficiales del negocio, otras tulas se estarán abriendo para exhibir el muestrario de una epidemia que
está matando más gente que la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo: es el negocio de las
armas al menudeo. Armas que son usadas para el atraco del semáforo, para el robo de carros, para
asaltar casas habitadas y, por supuesto, para matar por encargo. Es la artillería de la delincuencia
común. Desde un simple revólver hasta sofisticados fusiles militares de asalto, pasando por bazucas
y granadas de cualquier tipo, se los ponen a los pies del cliente para que los escoja como si fueran
baratijas en la carrera séptima. El precio es siempre negociable y el cliente puede darse el gusto de
comparar marca, calidad y uso pues, a diferencia del tráfico Ilícito a gran escala, este es un servicio
'personalizado'. Se consiguen armas desde 200.000 pesos hasta de varios millones, dependiendo de
las necesidades y los recursos de cada comprador. Ahora, si el problema es de plata, en algunos
sitios se la alquilan por el tiempo que dure el 'trabajito'. Las oferta de armas ligeras ilegales en
Colombia tiene una gama mucho más variada y en algunos casos de mejor calidad que las armas
compradas legalmente en el país. A juicio de la Dijin, los traficantes no sólo han abierto nuevas rutas
hacia Colombia, distintas a las empleadas por el narcotráfico, sino que ofrecen a los compradores lo
más refinado de la tecnología armamentista. Desde los modernos fusiles AUG, fabricados en Austria
con fibra sintética, hasta los misiles antitanque M-72 Laws, de origen noruego y traídos de Estados
Unidos. La Dijin sostiene que no existe una sola frontera del país por donde no haya pasado un
embarque de armas, a pesar de que cada 20 minutos las autoridades colombianas decomisan un
arma adquirida en el mercado negro. En esta serie de 'ventajas' es en donde radica parte del éxito de
este ilícito negocio. Dimensiones En mayo de 1992 un artículo de la revista The Economist afirmaba
que el negocio de la venta al menudeo de armas ligeras constituía una porción muy apreciable del
mercado clandestino hasta el punto de que, luego de las drogas, era el negocio ilegal más lucrativo
del mundo. Esta misma afirmación fue ratificada dos años más tarde por el entonces ministro de
Justicia, Andrés González, durante un seminario internacional sobre control de armas y explosivos
celebrado en Bogotá. Hoy, según las autoridades consultadas por SEMANA, la situación sigue siendo
la misma, aunque nadie se atreve a dar cifras concretas que revelen la verdadera dimensión
económica del tráfico. El mercado ilegal de armas de fuego en Colombia tiene un tamaño mayor que
el del mercado legal. Según el coronel Norberto Arenas, jefe de control de armas de Indumil, "por cada
arma legal que hay en el país se ha establecido que hay tres ilegales". Basado en las legalmente
registradas, un poco más de 900.000, las autoridades estiman que en el país existen alrededor de tres
millones de armas, sin contar las que poseen la guerrilla y los grupos paramilitares. Este mercado
al por menor tiene unas características que constituyen el principal obstáculo para un eficaz
combate por parte de las autoridades. Generalmente quienes están involucrados en este tipo de
actividad pertenecen a grupos muy pequeños, de menos de 10 personas, y en algunos casos la que
pone la cara es solo una. Esto impide no sólo su fácil ubicación por parte de las autoridades sino que
a la vez hace que el negocio sea bastante dinámico. Quienes las venden al menudeo se desplazan
más fácilmente a cualquier lugar, incluso dentro de la ciudad, que los traficantes que deben
transportar grandes cargamentos. Las entregas se hacen preferiblemente a las 12 de la noche o a las
cinco de la mañana, horas en las que la Policía realiza los cambios de guardia. También es común el
empleo de servicios de mensajería que permiten el envío de mercancías a diferentes partes para un
mismo comprador. En el léxico de las negociaciones no se usa el nombre de las armas. Hay un
código preacordado entre clientes y vendedores en el que una ametralladora M-60 puede ser
un 'desodorante', o un lanzagranadas M-79 un simple 'balde'.

¿De dónde salen? El menudeo está estimulado, en primer lugar, por el elevado precio del monopolio
que tiene el Estado _Indumil_ para la fabricación y distribución de armas. Los precios a que vende
Indumil son muy elevados si se comparan con las gangas del mercado negro del país o de las ventas
legales en las armerías de Estados Unidos. El mercado de armas ligeras ilegales en Colombia no
sólo ofrece una gama mucho más variada, y en algunos caso de mejor calidad que las legales, sino
que es más surtido pues tiene fuentes de suministro mucho más diversas, como el mercado negro
centroamericano, el de armas robadas de Venezuela y Ecuador y las robadas al mismo Estado
colombiano. Esta invasión que existe en el país no sería un éxito si el gobierno de Estados Unidos no
hubiera demostrado una y otra vez que su problema doméstico con las pistolas y los revólveres es
ya lo suficientemente grave como para ponerse a revisar la salida ilegal de armas del país. Con la
aparición de las milicias urbanas de la guerrilla las armas de estas organizaciones subversivas pasaron
de ser empleadas exclusivamente en el campo a invadir a las ciudades y a terminar en manos
de los ciudadanos. Según la investigación de Paolo Costello, asesor de Paz y Convivencia de
Medellín, las armas de quienes estaban vinculados a este tipo de actividades se renovaban
constantemente y las viejas pasaban a nuevas manos. Según el funcionario, "un arma no se
desgasta, siempre circula en una cadena interminable". Esa opinión es compartida por Hugo Acero,
asesor de seguridad de la Alcaldía de Bogotá, quien asegura que las armas "se renuevan tan rápido
como el mercado de los computadores" Ese fenómeno es denominado como 'cascada', ya que las
armas bajan de precio y de manos con el paso del tiempo. Las de la guerrilla pasan a las milicias,
de allí a pandilleros o sicarios y así sucesivamente hasta los estratos más bajos del hampa. ¿Que se
está haciendo? Las armas ligeras son todavía un tema poco importante dentro de los esfuerzos
internacionales. Las prioridades de una agenda de desarme mundial se centran en las de
destrucción masiva y en las armas convencionales pesadas. A mediados de noviembre de 1997 la
OEA aprobó la Convención interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y explosivos. Este instrumento buscaba, como lo ha hecho la Convención de Viena contra
el narcotráfico, prevenir, interceptar, investigar y castigar a los traficantes ilegales. Incluía, además,
compromisos de cooperación entre los Estados para el intercambio de información y la tipificación de
dicha actividad como delito. Sin embargo todo esto "se quedó en el papel", como afirmó a
SEMANA un oficial de uno de los organismos de inteligencia El tema del tráfico de armas, sin
embargo, al igual que el de las drogas, varía según el lado desde que se le mire. Los países
productores insisten en que los compradores son los principales culpables de la existencia de este
mercado, y por lo mismo son los Estados receptores los responsables del control del comercio de
armas. En este punto Colombia manifiesta una peligrosa incongruencia en las posturas que mantiene
frente a estos dos temas, armas y drogas. Mientras que en el caso de las drogas se presenta como
víctima de la demanda internacional, en el tema de las armas se declara víctima de la oferta mundial.
Ante esta realidad, no son pocos los que afirman que Colombia debe enfrentar un doble reto, uno
externo y otro interno. "El tema de las armas debería tener una política de Estado hacia afuera para
que otros países controlen sus mercados de armas En el país se muere más gente por armas
producidas o traídas de Estados Unidos de la que se muere allá por consumo de drogas. Colombia
tiene toda la autoridad moral para exigirle a Estados Unidos que responda cada vez que se
encuentran armas ilegales hechas allá, tal y como lo hacen ellos con el tema de la droga", dijo a
SEMANA Acero, uno de los más reconocidos expertos a nivel nacional en el tema. Se trata, pues, de
un problema que Colombia no puede resolver sola. Su solución requiere una verdadera voluntad
internacional que no parece existir.
Made in U.S.A. El AR-15 es un fusil cuya venta está restringida por las leyes federales en
Estados Unidos. Sin embargo la fábrica Colt, una de las que produce este fusil, ha creado productos
sustitutos que se ajustan a la ley pero que guardan el mismo poder de fuego del fusil original. En la
última década ha sufrido las siguentes transformaciones para ser considerado legal. El gobierno de
Estados Unidos no pierde oportunidad para pedir a Colombia que acabe con el narcotráfico, que
desmantele la subversión, que castigue a los paramilitares. Exige que se erradiquen los cultivos y que
se controle el transporte aéreo, el terrestre, el marítimo. Pero es poco lo que dice cuando los estudios,
los expertos y la misma realidad demuestran que las armas de los narcotraficantes, de los
guerrilleros y de los paras se compran en Estados Unidos, legal o ilegalmente, y salen de ese país
sin ningún problema. Según cifras reveladas en mayo de 1998 durante el Primer Seminario Taller
Internacional contra el Delito, desarrollado en Bogotá y que contó con la presencia de 25 países,
incluido Estados Unidos, el 80 por ciento de las armas ilegales en Colombia provienen o son fabricadas
en Estados Unidos. La cifra es 20 por ciento más baja según datos recientes del Grupo
Interinstitucional Antiterrorismo (GIAT). Cualquiera que sea la diferencia, se trata de un porcentaje
preocupante que ha dejado siempre en el aire la pregunta: ¿Qué está haciendo Estados Unidos?
¿Cuándo se ha visto en titulares de la prensa gringa la noticia de un gigantesco decomiso de armas
para la guerrilla o los paramilitares? La respuesta, según los analistas, está en el caos interno por el
que atraviesa el control de armas en Estados Unidos. Si el mercado doméstico es incontrolable, a
quién le van a preocupar las armas que salen del país. "Comprar armas en Estados Unidos es muy
fácil", dijo a SEMANA Jeffrey Roehm, vocero de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
(ATF). En ese país hay más de un millón de establecimientos en donde se venden armas
indiscriminadamente sin necesidad de ser ciudadano norteamericano. Se calcula que en Estados
Unidos circulan 300 millones de armas de todo tipo, un arsenal que hace las delicias de los
mercenarios del mundo. Una investigación realizada el año pasado por Paolo Costello, miembro
de la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, aseguraba que el 80 por ciento de las armas que
se decomisaron durante 1998 en la capital antioqueña procedían de Estados Unidos. La cifra es
bastante representativa si se tiene en cuenta que, según estadísticas y estudios de varias ONG e
informaciones de inteligencia, el 70 por ciento de todo el tráfico de armas en Colombia entra o pasa
por Medellín. Desde la segunda enmienda a La Constitución la industria estadounidense de las
armas no discrimina a ninguna persona ni arma. Gracias a esto, para conseguir un arma en la
mayoría de los estados sólo es necesario ser mayor de 18 años, presentar la licencia de conducción
y llenar un cándido formulario con una serie de preguntas que causarían risa a cualquier
delincuente, tales como: "¿Es usted fugitivo de la justicia?", "¿Es usuario habitual de drogas?",
"¿Ha estado más de un año en prisión?", "¿Es un extranjero ilega?l" o "¿Tiene algún tipo de
deficiencia o retardo mental?". En agosto de 1997 una serie de informes publicados en el diario
estadounidense Los Angeles Times relativos a rifles de asalto alertaba sobre la proliferación de este
tipo de armas en ese país, especialmente en el estado de California, y la débil legislación que existía
sobre el tema. Dejaba, además, al descubierto una serie de estrategias utilizadas durante años por
los fabricantes y distribuidores de armas para burlar las prohibiciones federales sobre la venta de cierto
tipo de armas. Los constructores de armas, al crear 'micos' en las leyes estatales y federales de
armas de asalto, han tenido éxito al realizar 'copias gato' _armas legales que son
cosméticamente diferentes de las restringidas por la ley_. Como dice uno de los negociadores de
armas en el sur de California: "Virtualmente cada arma que ha sido restringida está hoy disponible
en cualquier forma. Prueba de esto son los múltiples clones que se han hecho de los R-15, entre
otros tipos". (Ver gráfico). "El problema de todo esto consiste en que esas armas, que se venden
legalmente en las tiendas estadounidenses, son las que finalmente terminan en el país", dijo a
SEMANA un oficial de la Dijin. Aunque políticamente en Estados Unidos se ha intentado tomar
medidas que permitan leyes más severas, la realidad es que existen motivos de fondo para que
éstas no hayan sido implementadas con la severidad necesaria. En primer lugar, es claro el gran
negocio que representa para Estados Unidos la venta de armas. Según datos de la ATF tan sólo en
1994 se vendieron en Estados Unidos armas de fuego y munición por un total de 1.400 y 800 millones
de dólares, respectivamente. De otro lado están los grupos de presión, como los fabricantes de
armas y los miembros de la National Rifle Asociation (NRA). Según Los Angeles Times, estos
últimos son unos de los mayores contribuyentes en las campañas políticas. En los ciclos
electorales de los republicanos de 1995-96 aportaron 3,5 millones a diferentes campañas de ese
partido en todo el país.