La verdad del caso Uribe

Estoy convencida de que Álvaro Uribe quedará libre por orden de un juez de garantías muy pronto. Varios penalistas me dicen que hoy nada puede justificar su detención y que el proceso pasará a la Ley 906. Por tanto, procede la nulidad. La investigación empezaría de cero. Nada mal después de todo lo que ha pasado. Mientras tanto, el fiscal Gabriel Jaimes tiene todas las miradas encima y con razón. Investigará al expresidente Uribe. Su reto es actuar con rigor y transparencia. Alejado de sus convicciones ideológicas, de las presiones políticas, de las opiniones a favor o en contra de los columnistas y del odio. Sus decisiones deben ser en derecho. Este es un proceso penal, no político.

No fue eso lo que vimos en la Corte Suprema, en la que nació este accidentado expediente contra Uribe. Fue evidente que algunos magistrados permitieron que sus pasiones hicieran parte del acervo probatorio. Eso los llevó a cometer errores graves. De hecho, pusieron a Uribe preso sin una prueba reina en su contra. Conocí el expediente y puedo decirles que no existe. Solo hay un mar de versiones que chocan entre sí.

Algunas piezas procesales que podrían ser claves generan desconfianza por la forma como fueron recolectadas. Pasó con los audios y los pantallazos de los chats entre el testigo Juan Guillermo Monsalve y Carlos Eduardo López, alias Caliche. ¿Dónde están esos teléfonos? Cabe advertir que Caliche luego le dijo a la Corte que mintió cuando le aseguró a Monsalve que escuchó a “el viejo” (Uribe) por el altavoz.

Lo mismo pasa con las conversaciones entre Monsalve y el senador Cepeda. Los chats en su totalidad no aparecieron. ¿Fueron destruidos? Cepeda argumentó que su móvil se dañó. La Corte nunca se interesó por conocer las sábanas de las conversaciones. ¿Cómo sabemos que ese contenido crucial es fidedigno?

Enrique Pardo Hasche declaró bajo juramento que vio llorar a Monsalve porque supuestamente había dicho mentiras sobre Uribe. Alias Caliche sostuvo que el testigo estrella aparentemente le contó que Cepeda lo habría “traicionado”. Nada de eso tuvo valor ante los magistrados. Ni las versiones a favor de Uribe de Piedad Córdoba, ni las de los paras, ni la del congresista Álvaro Prada. Solo fueron válidas las que señalaban a Uribe.

Si hay algo que genera desconcierto, es la forma como la magistrada Sandra Yepes tomó la denuncia de Monsalve en La Picota el 23 de febrero de 2018. Le decía “Juan”, a secas, con una familiaridad que repugna. Le soplaba, se reía a carcajadas, no se percató de que su testigo misteriosamente no recordó el nombre de su abogado ni el de su amigo Caliche. Tampoco se inquietó cuando Monsalve le confesó que mantuvo enterado a “don Iván”. Ni ahondó en las razones por las cuales Monsalve aseguró que el senador le evitó su traslado a la cárcel de Valledupar. Lo único que exclamó la magistrada fue “un infierno”.

Qué bueno que pudimos conocer la denuncia completa en SEMANA. Nadie habría imaginado lo que pasó ese día.

Por lo demás, ¿por qué Monsalve, condenado a más de 40 años por asesino y secuestrador, ha tenido sendos privilegios en la cárcel? ¿Qué información contienen sus teléfonos y su computador decomisados?

¿Por qué nadie ha investigado la finca y otras propiedades de Monsalve y su familia? Todo lo tienen en venta.

Las interceptaciones a Uribe por orden del magistrado Barceló dentro del expediente de Nilton Córdoba fueron graves. ¿Cómo pueden utilizarse en el proceso 32 días de chuzadas al expresidente? El analista del CTI aseguró que desde el principio supieron que escuchaban a Uribe.

El magistrado César Reyes lucía empecinado en condenar a Uribe a como diera lugar. Ahí perdió el caso. Las 1.554 páginas de la medida de aseguramiento contra el expresidente así lo demuestran. Allí, Uribe es culpable hasta por su mal carácter. Tras la renuncia a su curul, Reyes no dejó que pasaran más de 24 horas para notificarle que también quedaba vinculado a la masacre de El Aro y lo llamó a declarar. Reyes se la jugó toda. Pero jugó mal. Creyó que tenía a Uribe en la lona. Entonces la credibilidad del proceso quedó golpeada. En medio de la rabia y el odio contra Uribe, la Corte terminó perdiendo la competencia. Uribe se había sometido, pero lo dejaron sin opción. No tuvo garantías.

No es menos grave la revelación de La FM. Sigo pensando que Reyes debió advertir sobre su contrato por más de 575 millones de pesos con el Gobierno Santos en temas de paz y Farc. Era necesario que la Sala de Instrucción lo analizara. No debió quedarse callado. También es un enigma su relación con la esposa de Cepeda si la hubo. Reyes, prepotente, no ha querido dar explicaciones. Eso enrarece las actuaciones del máximo tribunal de justicia del país.

No puedo negar que conociendo el expediente aún no entiendo por qué no hubo delito en las ayudas que Cepeda tramitó para familiares de algunos testigos contra Uribe ante una ONG a la que aportó sumas millonarias. Por qué sí pueden ser delictivas las que hizo el abogado Cadena.

Las 22.000 interceptaciones a Uribe están llenas de reproches del expresidente a Cadena y de instrucciones para que les entregara todo a los magistrados. No para que comprara testigos. Eso no lo tuvieron en cuenta. Uribe y sus abogados tenían derecho a recolectar los testimonios para desvirtuar las acusaciones. Eso se llama derecho a la defensa.

El expresidente tiene una nueva oportunidad frente a la justicia que no puede ser injusta ni sesgada. Si es culpable, que pague, pero si no, que le devuelvan su honra y su honor. Todos queremos saber solo la verdad del caso Uribe.

Nota: a mí cualquier reunión privada donde esté Santos me produce desconfianza. ¿Qué estará planeando ahora?