Las Águilas Negras: si no están afuera, deben buscarlas adentro

En 2008, las Águilas Negras decretaron un toque de queda para todos los jóvenes del país. Fue particularmente severo en Bogotá, donde dos días después de haber aparecido el primer panfleto en Caucasia, Antioquia, estaba esparcido por veinte departamentos y pegado en prácticamente todas las fotocopiadoras de barrio de Bogotá, para ser reproducido por padres y madres de familia, administradores de conjuntos residenciales, maestros, comerciantes y demás ciudadanos. El miedo cundió en Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén y Suba, de manera simultánea. Pero la Policía decía que las Águilas Negras no existían. Que era una razón social apropiada por quienes querían asustar a los jóvenes para proteger sus negocios, conjuntos y viviendas.

El Gobierno de la ciudad resistió, junto con las comunidades, esa ola de amedrentamiento. Hicimos lunadas, iluminamos canchas para que con protección policial los jóvenes las utilizaran de noche, llevamos la institucionalidad a las comunidades más afectadas, acompañadas de la Orquesta Filarmónica que hizo un memorable concierto arriba en Bella Vista. Y pasó el toque de queda, pero no el patrullaje de hombres armados que denunciaban las comunidades en la parte alta de Ciudad Bolívar y Usme, que ahora nuevamente se vuelve a registrar.

De entonces para acá, las Águilas Negras surgen y se desvanecen. Aparecen en todas partes firmando panfletos de amenazas a líderes sociales y políticos alternativos y a sus respectivas organizaciones. Hace poco más de un año, El Espectador informó que el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) dictaminó que “no existe un grupo armado denominado “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia” y, de manera contraevidente, que el análisis de los panfletos, “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas” (EE 12/09/2018).

No obstante, entre 2006 y 2018, circularon 282 panfletos con amenazas a cerca de un millar de personas -todas defensoras de derechos humanos y de la paz, reclamantes de tierras, activistas de la izquierda, periodistas que denuncian corrupción- lo que ubica a sus autores en la ultraderecha violenta. Todos los panfletos tienen el mismo formato del que circuló esta semana en el que aparecen la alcaldesa Claudia López y otros connotados dirigentes nacionales y locales.

Las autoridades siguen sosteniendo que las Águilas Negras no existen, pero en la negación está el quid del asunto. Llegó el momento de que miren hacia adentro, especialmente en la fuerza pública. Son muchos los indicios que apuntan a que puede existir en su interior una estructura que funge como ese grupo ilegal o que le colabora a quienes se amparan en esa marca para su accionar delictivo.

El principal indicio consiste en que las autoridades han sido totalmente ineficaces, durante 13 años completos, en identificar de dónde provienen las amenazas. Ya completan más de tres centenares de panfletos y no han develado a uno solo de los autores. Tampoco han podido parar el desangre de los líderes y liderezas sociales. Se ha avanzado en capturar a algunos de los perpetradores, pero no a quienes los pagan. Muchos de los crímenes han sido precedidos de cuidadosa inteligencia y seguidos de impunidad en materia de autoría intelectual, otro indicio para mirar hacia adentro.

Pero tal vez el indicio más preocupante viene de la seguidilla de escándalos en el seno del Ejército que han descubierto los periodistas sobre corrupción, chuzadas, cacería de quienes filtran las denuncias a la prensa e intimidación a la propia prensa. Las revelaciones de SEMANA muestran no solo la inoperancia de la contrainteligencia diseñada para mantener la disciplina al interior de la fuerza pública, sino su posible desviación para impedir que se denuncien las anomalías que van desde el desvío de recursos reservados al encubrimiento de presuntas complicidades con grupos armados ilegales. Si las Águilas Negras no están afuera, como reiteran las autoridades, entonces llegó el momento de buscarlas adentro.

Adenda: Hecatombe humanitaria. En los 18 primeros días de enero han sido asesinado 23 líderes sociales y 3 excombatientes, 1,4 por día, en 25 de los 32 departamentos de Colombia. Cualquier semejanza con el exterminio de la UP no es coincidencia.