Lo público nunca fue tan importante

Con la pandemia, la ciudadanía ha vivido la experiencia más estrecha de los últimos tiempos con el Estado, en Colombia y en el mundo, y los sectores empresariales -en su mayoría- refundaron su capacidad de entender e interactuar con las autoridades. El Gobierno -tanto nacional como local- nunca fue tan trascendente.

Sin embargo, 2021 será más desafiante aún, porque aunque la pandemia se atenuará por la vacunación, el escrutinio ciudadano y empresarial sobre la gestión pública crecerá por la finalización del periodo del Gobierno nacional, al tiempo que la confianza se reducirá por cuenta del ambiente electoral.

Antes de que el mundo conociera el covid-19, los asuntos públicos en Latinoamérica vivían una especie de crisis, tanto en la relación de la ciudadanía con los gobiernos, como en la de las empresas con las autoridades, por cuenta de dos grandes fenómenos: la financiación no transparente de campañas políticas en muchos países y la arraigada corrupción política con la complicidad de algunas grandes empresas, exacerbada en los últimos dos años (2018 y 2019) por el escándalo de Odebrecht.

Lea también: Un Congreso productivo, pero con importantes derrotas

No obstante, los marcos jurídicos no fueron suficientes en Latinoamérica para restablecer óptimamente el interés y compromiso de los ciudadanos y las empresas en el desarrollo de la agenda pública (principalmente en la inversión), como tampoco para desintoxicar la percepción de los gobiernos acerca del potencial de las empresas como aliadas del crecimiento económico.

Las relaciones entre unos y otros siguieron insanas debido a muchos otros factores sociopolíticos que erosionan la confianza en lo público, como lo son la complejidad del ecosistema político (fin del bipartidismo, proliferación de partidos efímeros y corrupción en los partidos), la volatilidad política (políticos que fijan sus posiciones a golpe de tuit), la pobre ética política (ausencia de rendición de cuentas, escasa idoneidad de muchos líderes, oportunismo ideológico), la ineficacia del Estado en un buen número de países, y el fortalecimiento del escrutinio ciudadano y empresarial (mayor conocimiento de sus derechos y mejor capacidad veedora). Hablo a nivel latinoamericano.

En este contexto, nadie se miraba a los ojos. La desconfianza era colosal entre los tres ejes de la gestión de los asuntos públicos: gobierno, ciudadanía y empresas. La cooperación estaba agonizando y las relaciones públicoprivadas -en unos sectores particularmente- estaban en cuidados intensivos. Solamente se salvaba la academia, que no se vio involucrada en los carruseles de corrupción del mundo públicoprivado.

Los gobiernos salieron al rescate mediante nuevos marcos jurídicos que ofrecían nuevo oxígeno para reanimar las relaciones con las empresas: Brasil promulgó una ley para crear el concepto de “acuerdos de asociación” con el fin de abarcar todas las formas de acuerdos contractuales entre el Gobierno y el sector privado; Argentina aprobó un nuevo marco jurídico dándole vida al programa de alianza en inversiones públicoprivadas; Perú dio a luz un decreto legislativo para la promoción de la inversión privada mediante asociaciones públicoprivadas y proyectos en activos. ¿Y Colombia?..., ¡siguiente pregunta, Sr. periodista!

Sin embargo, llegó el embrujo con disfraz de pandemia y la actitud de los ciudadanos y las empresas, así como también de los gobiernos, cambió. En Colombia, particularmente, se siente un antes y un después en las relaciones públicoprivadas, especialmente en algunos sectores socioeconómicos. La incertidumbre propia de la pandemia y los efectos de la cuarentena sobre la economía generaron una nueva oportunidad en la articulación públicoprivada. Nos volvimos a mirar a los ojos.

El gobierno es más consciente del crucial papel que juegan las empresas en el desarrollo de la sociedad, así como del imprescindible rol de la academia para sustentar las decisiones públicas. Las empresas, por su parte, han entendido y valorado más el rol político regulatorio de las autoridades. Y los ciudadanos valoran hoy más a las empresas, y al menos están más atentos al pensamiento gubernamental.

En términos prácticos, el Estado está logrando acceder a más recursos privados, el gobierno es más visible ante la sociedad, la academia ha recuperado el reconocimiento que había perdido, las empresas están participando más de las decisiones políticas, legislativas y regulatorias (¡sin que se haya llegado al mundo ideal!), y los ciudadanos se involucran más en los debates políticos. ¡Gran avance!

Lea también: Maradona, el político

A pesar de ello, llega 2021 con sus bemoles. La presión que tendrá el gobierno por la recuperación económica en el último año completo del presidente Duque, el inminente inicio de las campañas electorales por la Presidencia y por las curules del Congreso, la necesidad de las reformas estructurales que necesita la nación y la tensión pública que generará la crisis sanitaria condicionarán de forma extraordinaria el interés y la participación en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y las empresas.

Sin embargo, el espíritu de renovación que instaló la pandemia para la gestión compartida de los asuntos públicos debería ser defendido particularmente en lo que corresponde a la formulación de políticas públicas. Las empresas deberían profundizar su interés y capacidad por proponer marcos políticos, técnicos, regulatorios y legislativos; los ciudadanos deberían seguir organizándose para participar como agentes informados (no solamente apasionados) en la construcción de políticas nuevas, y el Gobierno debería terminar de abrirse a la nueva realidad: las políticas públicas se tienen que hacer con los sectores impactados por las mismas.

Esa gran lección nos deja la pandemia. ¡Pero de verdad! No solamente mediante protocolos de socialización de marcos jurídicos o técnicos escritos en piedra, que no aceptan en la realidad modificaciones que provengan de ciudadanos o empresas.