ESCÁNDALOS

De grandes empresarios a prófugos en el exterior

Víctor Maldonado y David Wigoda, otrora exitosos, son ahora perseguidos luego de ser acusados de graves delitos. Al primero ya la Interpol lo busca con circular roja.

14 de marzo de 2015
David Wigoda Rinzler y Víctor Maldonadofoto | Foto: Daniel Reina

Un año antes de que estallara el caso de InterBolsa –ocurrido en noviembre de 2012– reventó otro escándalo financiero, de los llamados de cuello blanco. Se trató de la caída de Factor Group, una de las empresas más exitosas que hubo en el negocio de factoring (descuento de facturas) en Colombia. Durante casi tres años este caso estuvo apagado mediáticamente, pero por estos días ha revivido.

El martes de la semana pasada arrancó el proceso penal contra los involucrados en esta quiebra, en la que hay alrededor de 1.500 inversionistas afectados y recursos comprometidos por cerca de 200.000 millones de pesos.

El fiscal Iván Alejandro Gómez, a cargo del proceso, llegó preparado para hacer las acusaciones, tras un par de años de investigación. Según la Fiscalía, en Factor Group se cometieron cinco graves delitos: captación masiva y habitual de dinero del público; omisión de reintegro; estafa agravada en masa; falsedad en documento privado y homogéneo y concierto para delinquir agravado.

Para responder por estos cargos el ente acusador llamó a seis personas: David Wigoda Rinzler (expresidente de Factor Group); su esposa Marcela Jaramillo Cuartas; su hermana Beatriz Wigoda; y las funcionarias de la firma Damaris del Socorro Hernández, Lina María Vélez y Mónica del Pilar Arbeláez.

A la audiencia solo se presentaron las dos últimas, a quienes el juez les dictó medida de aseguramiento. Lina María en detención intramural y a Mónica del Pilar se le concedió casa por cárcel. Los cuatro restantes no acudieron a la diligencia.

Este caso y el de InterBolsa tienen varias coincidencias. Más allá de que se cometieron delitos similares, hay involucrados personajes que otrora fueron empresarios exitosos en sus campos. Otro detalle en común, es el hecho de que dos figuras relevantes en estas historias hoy huyen de la Justicia. Se trata de Wigoda y Víctor Maldonado. Ninguno de los dos se presentó a las respectivas audiencias de imputación de cargos y hoy las autoridades los buscan para que respondan.

El gurú

Cuando cayó Factor Group –en octubre de 2011–, los reflectores se dirigieron hacia Wigoda, hasta ese momento un reconocido ejecutivo de Medellín. Tenía fama de empresario exitoso, y nadie lo asociaba con escándalos por malos manejos.

A los 31 años Wigoda llegó a la gerencia general de Suratep (empresa del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA), después de dar algunos pasos por Suramericana de Seguros. Muchos le pronosticaban un gran futuro.

Después de una década, en 2004, renunció al cargo, según dijo, para asumir nuevos retos personales y profesionales como empresario independiente en el sector financiero. Pero fuentes de aquel entonces recuerdan que el GEA le dejó saber que hasta allí llegaba su carrera y que no iba a ascender más.

Wigoda entró como socio de Factor Group, empresa que constituida en octubre de 2002 con el nombre de Expocredit Medellín. Para 2009, este ingeniero civil con maestría en finanzas ya se había hecho a la totalidad de la compañía.

Su carrera de hombre exitoso no duró mucho. En 2011 la Superintendencia Financiera, después de hacer una visita de inspección a Factor Group, encontró que la entidad estaba captando ilegalmente dinero del público.

La investigación de la entidad, y las denuncias formuladas por diferentes personas llevaron a la Fiscalía a concluir que se habría captado dinero en diferentes sitios del país, principalmente Bogotá y Medellín, sin autorización, con la promesa de entregar rendimientos de entre el 4,5 y el 20 por ciento. Según el ente acusador, que recibió cerca de 800 denuncias, entrevistas y testimonios, esto generó que un sinnúmero de personas ilusionadas por las cuantiosas ganancias decidieran entregar su dinero, en montos que iban desde 10 millones de pesos como inversión mínima hasta 2.000 millones por persona, “sin que en su oportunidad fuese devuelto ni el capital ni los rendimientos pactados”.

Dentro de sus argumentos, el fiscal anotó que “resultó estafado un número representativo de ciudadanos a raíz de la empresa criminal que se forjó por los imputados para cometer ilícitos de captación y estafa”.

Inversionistas que cayeron en este caso le dijeron a SEMANA que ellos entregaron su dinero bajo la expectativa de estar invirtiendo en el esquema de factoring. Estaban convencidos de que Factor Group tenía un gran conocimiento de este negocio. De hecho, el fiscal Gómez dijo en la audiencia que la empresa se promocionaba como la panacea del negocio de factoring e incluso presentaban al señor Wigoda como el ‘gurú’, o gran experto financiero.

Factor Group terminó en un enredo de inversiones a través de cuatro ejes o patrimonios autónomos: Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I, Fideicomiso Ceba de Ganado, Fideicomiso Salamandra, Fideicomiso Grupo Monarca La Selva y Fideicomiso Luciérnagas.

Las dificultades de Factor Group se hicieron visibles en 2011 por la vía de los dos primeros fideicomisos, por lo que la compañía acudió a la Superintendencia de Sociedades para acogerse a la reorganización empresarial. Posteriormente, la firma entró en liquidación y allí afloraron más sorpresas.

Según denunció el agente liquidador Luis Fernando Alvarado, el estado en que se encontró el archivo y la contabilidad de la empresa eran lamentables. “La documentación se encuentra completamente desorganizada, parte ni siquiera está empacada en cajas de cartón sino que se ubica sobre unos estantes, sin ninguna clasificación ni inventario que facilite la identificación de los documentos”, dijo en un informe.

Mientras el proceso penal sigue su curso, las víctimas todavía no han recuperado su dinero. Los activos que hay para devolución, según nuevos avalúos, no valen lo que supuestamente se dijo en su momento. En el caso, por ejemplo, de unas fincas avaluadas inicialmente en 103.000 millones de pesos, se ha pasado a una cifra de 27.000 millones. “Sencillamente porque nadie da más por estas tierras”, dijo un indignado inversionista.

En la liquidación que adelanta Alvarado, el panorama también es desalentador. Afirma que de deudas por 14.000 millones de pesos, que reclaman unas 80 personas, escasamente hay dinero para cubrir unos 1.000 millones.

Muchos esperan que Wigoda dé la cara y les responda. Sobre su paradero solo hay rumores. Su abogado dijo que su cliente no había podido desplazarse a Colombia para atender la diligencia. Según algunas versiones, este se encontraba en Israel, aunque en los últimos días surgieron fuertes rumores que señalan que Wigoda estaría en el país. De su esposa y hermana tampoco hay certeza de su paradero.

Circular roja

Por su parte, Víctor Maldonado logró que la atención del caso InterBolsa se volcara hacia él. No atendió la citación de la Fiscalía el pasado 24 de febrero cuando se le iban a imputador los cargos, entre ellos por captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de los mismos.

Ese día se conoció que Maldonado había abandonado el país y que desde Miami había salido rumbo a España, de donde tiene pasaporte. Según el empresario, en Colombia no cuenta con las garantías procesales. Durante la audiencia pidió que fuera oído vía teleconferencia, pero el juez de la causa negó esa posibilidad.

Pues bien, hace unos días la Interpol emitió una circular azul de localización con el fin de que la Justicia en Colombia supiera, a ciencia cierta, sobre su paradero. Entonces fueron reveladas algunas fotografías de Maldonado en lujosos restaurantes de Madrid. Mientras los otros involucrados en el polémico Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, entre otros, iban a la cárcel, Maldonado seguía en su gira por Europa.

Pero la semana pasada, la entidad policial mundial expidió una circular roja sobre Maldonado. Con esta decisión, el empresario ya no podrá moverse de país en país, pues corre el riesgo de ser detenido y deportado. Mientras alega que se le quiere juzgar por delitos que no ha cometido, en Colombia las víctimas le reclaman que dé la cara y pague lo que debe.

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