Los justicieros de la Ley de Víctimas

El país tiene diez años para que los campesinos que fueron despojados de sus tierras logren recuperarlas. Aún no se sabe cuántas hectáreas fueron expoliadas porque cada día llegan nuevas reclamaciones, pero en medio de esta dificultad, la Ley de Víctimas y Restitución debe avanzar. Y un elemento fundamental para que tenga éxito es que los jueces y magistrados de tierras decidan de manera expedita a quién le pertenece la tierra.

Los primeros jueces fueron elegidos a finales de diciembre y los 15 magistrados del Tribunal Superior, especializado en tierras, fueron nombrados en provisionalidad por la Corte Suprema el pasado 10 de mayo. Este año se posesionarán 38, pero aumentarán gradualmente y, en 2014, serán 134 jueces y 60 magistrados distribuidos en las zonas del país donde hubo mayor despojo.

La Ley dice textualmente que son juristas especializados, pero el primer problema es que no hay todavía en el país abogados con esas características . Todos los funcionarios nombrados son jueces civiles, y han sido formados dentro de una tradición de respeto a la propiedad privada y las formas del Código Civil. "No es lo ideal, pero son los más afines. Estamos trabajando con lo que da la tierrita," reconoce el magistrado Fernando Giraldo, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema.

Por eso tienen que empezar un proceso de formación, al mismo tiempo en que comienzan a revisar los primeros casos, y no será fácil para ellos cambiar el chip mental con el que han venido trabajando por años. "A estos jueces les tocará tragarse el sapo y echar a la basura el procesalismo al que están acostumbrados" dice el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, quien ha estado al frente de la creación del nuevo andamiaje de tierras dentro de la Rama Judicial.

En otros países que han pasado por este tipo de procesos, como en Sudáfrica, la restitución se empantanó inicialmente por su enfoque judicial. Y la experiencia de Justicia y Paz es un espejo de lo que puede pasar. Según Camilo Sánchez, experto de Dejusticia, después de ocho años solo hay dos sentencias ante la Corte. Si la restitución se hace dentro del marco de la justicia ordinaria, y no se entiende que esta es una justicia de emergencia y transicional, está destinada a fracasar.

A finales de mayo, la Unidad de Tierras, que actúa como si fuera la Fiscalía -recoge pruebas, investiga en terreno, y presenta la demanda- enviará a los jueces los primeros casos, entre los que se encuentra el de Mampuján. "Si deciden rápido vamos a ser efectivos en la ley", dice Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras. Pero si los jueces piden pruebas nuevas o desconfían del trabajo hecho por el Ejecutivo, estos procesos se pueden dilatar.

La falta de preparación de los juristas y la demora en los tribunales no son el único riesgo. "Sabemos que la Rama Judicial va a estar en la mira", dice el magistrado Giraldo. Algunos de los jueces y magistrados declinaron apenas supieron que habían sido nombrados en ciertos lugares. No están exentos de presiones y argucias jurídicas por parte de los ejércitos de abogados que contratarán los usurpadores, ni de las amenazas violentas por parte de los grupos armados que no están dispuestos a perder el control territorial de ciertas zonas.

Como los magistrados son quienes revisarán los casos en donde haya conflicto, están expuestos a mayor riesgo. La Unidad de Protección estará pendiente de garantizarles la seguridad. Para los jueces, la Rama Judicial ha buscado recursos adicionales para comprar equipos de seguridad y protección.

Los nuevos jueces y magistrados son conscientes de la inmensa responsabilidad que cargan sobre sus hombros. El país no puede dejarlos solos.