Los Pagos por Servicios Ambientales: Una alternativa de ingresos para el litoral Pacífico.

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) surgieron a finales de los noventa, como una herramienta de política para abordar la baja provisión de servicios ecosistémicos. Basados en los beneficios que aporta la naturaleza a la sociedad, como; la captura de carbono (bonos de carbono), protección del suelo, abastecimiento de agua y conservación de la biodiversidad.  En Colombia se lanzó la política de PSA en el año 2017, con el propósito de dar vía libre a los incentivos económicos para la conservación ambiental.

En los PSA se genera una transacción voluntaria, donde un servicio ecosistémico bien definido, es comprado por al menos un comprador, a un proveedor de servicios ecológicos, solo sí el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental (Wunder 2005).

Los PSA buscan hacer frente a la degradación ambiental. No solo a través de la conservación, sino también mediante la restauración o el empleo de cualquier uso que genere beneficios externos, incluyendo prácticas agrícolas sostenibles.

Los PSA se pueden ver como una alternativa a otras políticas de conservación ambiental, como; las áreas protegidas, los impuestos verdes, las certificaciones ecológicas o las regulaciones de uso.

Los PSA promovidos en muchos países del mundo por su promesa en la reducción de la pobreza, proporcionando fuentes alternativas de ingresos a las comunidades rurales. Contexto muy favorable para las características socioeconómicas del litoral Pacífico. En donde abunda la biodiversidad y escasean las alternativas de ingresos para las comunidades.

Hay que aprender de casos exitosos en Costa Rica y México. En el mundo hay más de 550  programas de PSA, en 60 países, lo cual genera cerca de 50 billones de dólares en transacciones anuales. Los proyectos de PSA pueden ser financiados por el Gobierno Nacional, ONGs, empresas y/o particulares. Así también pueden ser regulados por el mercado de créditos de emisión de biodiversidad.

Evaluaciones de impacto en México y Costa Rica, han encontrado que los PSA generan una reducción en la deforestación. Sin embargo, hay estudios que sugieren que los PSA son más efectivos en reforestación, que en deforestación evitada.

En cuanto a la efectividad en generación de ingresos; en México se evidencia un efecto positivo de los PSA y los beneficiarios invierten las ganancias en maquinaria y/o infraestructura rural. Así mismo, los beneficios de PSA aumentan la escolarización en bachillerato.

El marco regulatorio de Colombia para los PSA es el CONPES 3886, el decreto 1007 de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020. Basado en los costos de oportunidad, la normatividad estableció en 2017 un rango de PSA por hectárea al año, por preservar, de $318.000 hasta $477.000, mientras que para restauración va desde $159.000 hasta $317.999

Aunque en Colombia hay unos topes de pagos fijados por ley, hay empresas que pagan por encima de estos topes, como es el caso de BanCo2, cuyo rango de pagos por hectárea al mes oscila entre $300.000 y $700.000.

Actualmente en Chocó está presente Banco2. En Valle: Banco2, Microcuenca Los Ángeles y la Vieja, Cuenca del Río Guadalajara, microcuenca Toro, Ganadería Colombiana sostenible, Cuenca el Queremal y Cuenca del Río Cali. En Cauca no hay ningún programa de PSA. En Nariño está Banco2 y Cuenca del Río Mayo.

Considero que en el caso del litoral, es difícil que los PSA tengan un efecto positivo y significativo  sobre la reducción de la deforestación, debido a que las principales causas de deforestación en esta subregión es; la extracción de madera, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Pasar de minería a PSA o de cultivar coca a PSA, en estas zonas representa un costo de oportunidad muy alto para los productores. Es difícil creer que a través de los PSA se modifiquen las decisiones de producción de los productores, por conservar en lugar de cultivar coca o hacer minería de oro. Un productor por raspar coca puede ingresar en promedio $80.000 día, mientras que con un programa de PSA bien remunerado, alcanza máximo $24.000 día.

En resumen, los PSA tienen la intención de conectar a las personas, el desarrollo económico y la conservación a través de la creación de nuevas fuentes de ingresos para las comunidades vulnerables. Algunos críticos consideran que los PSA son un instrumento de política neoliberal para la mercantilización de la naturaleza; es decir, volverla un objeto transable en el mercado.

Académicos como Josot y Corbera, (2010), aseguran que los PSA son una comodificación de los servicios ecosistémicos, es decir, volver transable lo que no debería serlo, “poner un precio a la naturaleza”. Otros aseguran que este tipo de programas distraen a los tomadores de política pública para no concentrarse en lo relevante y en las causas estructurales de la degradación ambiental.

Uno de los temas peligrosos de los PSA es que pueden generar efectos negativos sobre las motivaciones: “sólo cuido si me pagan”. Lo cual podría erosionar el capital social entre participantes y no participantes. Como medida preventiva, es necesario implementar jornadas de acompañamiento en educación ambiental y prácticas productivas sostenibles.

Una ventaja de los PSA para los municipios del litoral es el aseguramiento de sostenibilidad financiera.

Finalmente, teniendo en cuenta el contexto del litoral, los aspectos positivos y negativos, considero que los PSA pueden ser una alternativa de ingresos para algunos municipios del litoral Pacífico. Vale la pena aclarar que los problemas del litoral son tan profundos y estructurales que únicamente con programas de PSA no se va a generar un cambio sustancial en la generación de ingresos para las comunidades, pero si puede ser una alternativa adicional a otras estrategias formales de generación de ingresos.

Twitter:@leynermosquera