Los primeros choques posliberaciones

Las liberaciones unilaterales de los 10 uniformados que seguían en poder de las FARC supuso un consenso general de aprobación. En Colombia y en el mundo se reconoció el gesto, por lo que significaba para las familias de los liberados y para la historia del conflicto armado.

Pero tras la euforia, las diferencias ideológicas en torno al supuesto fin del flagelo  volvieron a salir a flote.

El sólo hecho de que el presidente Juan Manuel Santos y la comunidad internacional reclamaran a las FARC la liberación de "todos" los secuestrados, generó varios pronunciamientos del establecimiento que tuvieron respuesta inmediata desde la otra orilla.

50 militares: ¿desaparecidos o muertos en combate?

El primer choque después de las liberaciones lo protagonizaron los generales Sergio Mantilla (comandante del Ejército) y Óscar Naranjo (director de la Policía), con la exsenadora Piedad Córdoba.

Cuando se creía que con la liberación de los 10 uniformados las FARC no tendrían ningún miembro de la Fuerza Pública en su poder, Mantilla denunció públicamente que aún hay 50 uniformados que fueron retenidos por la guerrilla y hasta el día de hoy nunca se volvió a tener noticias de su paradero.

Naranjo también le exigió a las FARC "revelar el paradero" de dos uniformados que fueron secuestrados y de los que dijo existe la presunción de que fueron asesinados.

Uno de ellos, dijo Naranjo, es Luis Hernando Peña Bonilla, 'Peñita' como lo llaman sus excompañeros de cautiverio. El Director de la Policía dice que "hay noticias" de que las FARC lo habrían asesinado. También hay versiones de que Peña habría desaparecido en la selva, producto de algunas alteraciones de su salud mental, producidas por el secuestro. Naranjo pidió a las FARC que por lo menos entreguen el cuerpo del intendente.

Este miércoles en una entrevista en La W Radio, la exsenadora Piedad Córdoba planteó la tesis de que los militares que aún no aparecen hayan muerto en combate. La excongresista no lo afirma, pero contempla la posibilidad de que hayan quedado en la selva.

"Es muy factible que muchos de los militares que no aparecen hayan muerto en combate y abandonados", dijo Piedad al comprometerse a establecer si ellos están sepultados, y en ese caso, hacer las gestiones para entregar los cuerpos a las familias.

Dos definiciones de los presos de las FARC

Pero este no fue el único choque. El otro lo protagonizaron Socorro Gomes, presidenta del Consejo Mundial de Paz y veedora de las liberaciones como integrante del colectivo Mujeres por la paz, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

La polémica la inició Gomes al manifestar que con las liberaciones las FARC habían cumplido su palabra y que ahora sería el gobierno colombiano quien debería corresponder con el gesto para lograr una negociación con la guerrilla.

La líder brasileña sugirió que uno de esos gestos podría ser el de "garantizar" los derechos de los "presos políticos de conciencia", expresión que utilizó para definir a los guerrilleros presos en las cárceles del país.

Gomes dijo que en Colombia "sí existen los presos políticos" por la razón de que en Colombia hay "un conflicto político" que se ha extendido por más de seis décadas. "Son muchos los presos políticos".

Como integrante de mujeres por la paz, Gomes ha pedido al gobierno autorización para "verificar" las condiciones de reclusión de los guerrilleros presos, uno de los puntos de la nueva agenda que pretende adelantar el colectivo 'Colombianos y colombianas por la paz'.

Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, rechazó las declaraciones de la presidenta del Consejo Mundial por la Paz y reiteró que en el país no existen "eso que en otros países llaman presos políticos".

"A estos personajes (como Socorro Gomes) hay que hacerles una inducción conceptual. Se les debe explicar que eso que en otras partes llaman delincuentes, o presos políticos, o prisioneros de guerra. (...) Aquí no hay nadie que esté privado de la libertad en razón de sus convicciones religiosas o razones políticas, o de otra naturaleza”.

El ministro de Justicia dice que quienes militaron en las FARC y hoy están detenidos terminaron tras las rejas por "quebrantar el código penal".

"Este es un Estado de Derecho y esta es una democracia en donde no hay ni delitos de opinión ni cosas remotamente parecidas. Quienes están privados de la libertad lo están en condición de sindicados o condenados en razón de haber infringido la ley. Que haya una persona presa por simpatizar o por no simpatizar con alguien eso no existe en Colombia y no constituye infracción a la ley penal colombiana. Tal situación es solo propia de las autocracias y de las situaciones dictatoriales".

Este choque se remonta a la decisión que reversó Esguerra para que una comisión humanitaria visitara las cárceles colombianas. Lo hizo tan pronto los integrantes de esa misión se refirieron a los guerrilleros detenidos como "presos políticos".

Este viernes Esguerra reiteró que esa autorización está en manos del presidente de la República. Y admitió que aunque las cárceles colombianas no son las ideales y existe hacinamiento, como en otros países, "es obligación del Estado que las condiciones sean dignas en respeto de los postulados fundamentales de la Constitución y la ley".

Dos episodios que comprueban que el consenso por las liberaciones duró un par de días: las posturas ideológicas en torno al conflicto volvieron a salir a flote.