Good Bye Lupe

Si la justicia opera, el actual gobernador de Antioquia deberá dejar la gobernación a causa de los resultados de la investigación que les presentaré a continuación. También, si la justicia opera, al igual que el control ciudadano, el señor Mauricio Tobón Franco dejará de ser el candidato a la gobernación. Esta investigación incluye a congresistas, funcionarios de alto nivel de la gobernación y directores nacionales de partidos políticos. Durante más de un año, Esteban Salazar y quien escribe la columna, recogimos testimonios, fotos, videos, entre otras pruebas que demuestran un sofisticado entramado de corrupción de varios miles de millones de pesos. La historia es la siguiente:

Entre 2015 y 2018, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, nombró como director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) a Mauricio Tobón Franco, quien renunció en 2019 para aspirar a la Gobernación de Antioquia. Bajo su administración, se creó una sociedad de economía mixta denominada Valor +, con aporte de capital público superior al 97 por ciento proveniente del Idea y el capital privado lo ponía el Fondo de Empleados del mismo instituto. A continuación, se ve el documento de los estatutos que prueban que el Idea dio más del 97 por ciento.

Una vez creada Valor+, Esteban Tobón Urrea, exsubgerente financiero del Idea, quien mediante resolución 0446 del 12 de julio de 2016 le fue aceptada su renuncia en la entidad se fue a gerenciar Valor +. A continuación, se ve la resolución:

Un dato interesante es que seis días antes de la resolución que aceptaba su renuncia en el Idea, en concordancia con la información del certificado de existencia de Valor + en Cámara y Comercio, Esteban Tobón ya había suscrito el acta en la que lo nombraba gerente general de Valor +. Sin haber sido aceptada su renuncia en el Idea, Esteban Tobón ya era gerente general de la sociedad.

Pero esta es apenas la punta del iceberg. En la junta directiva y la asamblea de accionistas de Valor +, todo quedó en favor de terceros y en familia. Solo por nombrar algunos casos, el director de la Dimayor y jefe de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, figura como uno de los designados “principales” dentro de la Asamblea de Accionistas. El concuñado de Mauricio Tobón, Santiago Solís (quien está casado con la hermana de Gloria Rodríguez, esposa de Tobón) es el “principal” de la Asamblea de Accionistas. También aparece el nombre de Elizabeth Zapata Mesa, esposa del senador Juan Diego Gómez Jiménez. Estos y otros nombres cuestionados aparecen en la investigación.

Paralelo a lo anterior, cabe recordar que aquellas sociedades de economía mixta con más del 97 por ciento de aportes de recursos públicos no se rigen únicamente por las normas del derecho privado, sino por la normatividad aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado. Es decir, la idea de que Valor + fuera creada como una sociedad de economía mixta se hizo por dos razones: i) para evadir las normas de contratación pública y ii) para saltarse a la Asamblea departamental.

Así las cosas, Valor + ha servido también como fachada para evadir las exigencias de contratación pública y socavar los recursos del Idea mediante contratos y convenios interadministrativos con cuestionados “aliados estratégicos”, diversas administraciones locales y la Gobernación de Antioquia. Esto es así, toda vez que apenas se creó Valor +, se comenzaron a celebrar convenios con supuestos “aliados estratégicos”, en total, con 31 de ellos.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación muestra que Valor + favorece mediante estos “aliados estratégicos” a contratistas y se salta los procesos de contratación pública mediante contratos a cinco (5) años y con valor indeterminado, ignorando la hoja de vida y la posición oligopólica del mercado. Un ejemplo de los aliados es Furel S.A., una empresa muy cuestionada por corrupción en el país.

Furel S.A. estaba representada legalmente por el señor Hernán Moreno Pérez, quien llama la atención por escándalos de corrupción. El 28 de marzo de 2018, Moreno Pérez fue capturado por la Fiscalía, debido a un presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos por obras no ejecutadas en la capital del Quindío. El magnate empresarial antioqueño no solo fue uno de los mayores contratistas de EPM y UNE, sino que también fue uno de los mayores aliados de Valor +. Se le conoce, además, por ser uno de los mayores financiadores de campañas políticas en Antioquia. En 2015, según periódicos nacionales, Moreno Pérez financió una parte importante de la campaña de Luis Pérez a la gobernación y, como contraprestación, Pérez no solo lo nombró en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, sino que también lo favoreció en Valor + (ver documento).

De acuerdo con una investigación sobre este caso, hecha por el diputado Luis Peláez Jaramillo, previamente el gerente de esta cuestionada empresa fue Iván Correa Calderón, actual gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y varias veces gerente encargado del Idea, cuando Mauricio Tobón se ausentó por vacaciones.

Furel tiene extinción de dominio en sus bienes por lavado de activos y fue adquirido en un 40 por ciento por la telaraña de empresas que cubre al mayor distribuidor de licores de la FLA, Mauricio Botero, quien tiene todas sus empresas en cabeza de su familia.

En esta misma línea, y al parecer ignorando la trayectoria de los contratistas, la empresa Valor + contrató con otras empresas consultoras que no registran en ningún tipo de domicilio, no se puede rastrear su hoja de vida en contratación pública, o no tienen relación directa con el objeto social por el cual fue creada la sociedad de economía mixta.

Además de todo lo anterior, Valor + comenzó a celebra contratos tipo: “yo con yo”, donde se observan sobrecostos impresionantes. Contratos de centenares de millones de pesos para ejecutarse en un par de semanas. Un ejemplo, entre otros, Rionegro.

El 12 de diciembre de 2016, Valor + celebró un contrato interadministrativo con el municipio de Rionegro, Antioquia, por un monto de 3.000 millones para ejecutarse en un plazo de 15 días, lo cual resulta totalmente irregular, pues en el objeto se pretende la ampliación de la red de seguridad en el municipio. Esto supone que Valor + ejecutó 200 millones de pesos por día. Un exabrupto total.

Tres meses después, el contrato interadministrativo firmado entre Valor + y el municipio de Rionegro, además de ser presuntamente ilegal, favoreció a Hugo Alberto Parra Galeano, quien al momento de la firma del contrato interadministrativo se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio (ver imagen). Luego, el 20 de abril de 2017, Parra fue nombrado subsecretario de gobierno departamental por Luis Pérez. Pareciera que la firma de los 3.000 millones al contratista Valor +, le dio el salto a Humberto Parra de Rionegro a la burocracia del gobierno departamental.

Un dato que llama la atención es el valor por el cual Valor + contrató las cámaras de seguridad para el municipio de Rionegro, cuyo alcalde es también de la cuerda de Mauricio Tobón. Las tres cotizaciones con las que supuestamente Valor + llegó a la conclusión de que la mejor alternativa era la que ofrecía la empresa Tecnodidácticas, sin experiencia alguna en el tema de cámaras de seguridad y sistemas de vigilancia, parecen ser elaboradas de manera artificiosa para ofrecer una pequeña ventaja en precio a dicho “aliado estratégico”.

Estas cotizaciones, además, se hicieron entre los mismos “aliados estratégicos”, pero al confrontar los precios de Tecnodidácticas con los precios de mercado, la diferencia es abismal. Valor + solicitó cotizaciones a Tecnodidácticas, Cabletronix y Analytica, las cuales presentan diferencias mínimas entre cada uno de los productos, pero que siempre aparecen de manera sistemática favoreciendo a Tecnodidádictas.

Adicionalmente, según una comparación entre los precios cobrados por Tecnodidácticas y los precios de mercado obtenidos por una investigación hecha por la oficina del representante a la Cámara Jorge Gómez, se obtuvo la evidencia de sobrecostos en más de mil millones de pesos. Ver documento completo.

De acuerdo con los cuadros que se muestran en el documento de la investigación, se evidencia una posible cartelización de precios entre los aliados estratégicos de Valor + para favorecer presuntamente a Tecnodidácticas. Los precios, contrastados con el mercado, presentan un sobrecosto de más de mil millones de pesos. Algo similar ocurrió con municipios como Guarne.

Todo esto y mucho más se puede ver en el informe completo de la investigación, que se puede descargar.