“Yo soy la madre comunitaria de Nairo Quintana”

María Isabel Monroy tiene 70 años, nació en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita (Boyacá), trabaja como madre comunitaria desde hace 26 años y entre los cientos de niños que ha tenido a su cuidado está el ciclista Nairo Quintana, actual líder de la Vuelta a España.

María Isabel es una de las 55.000 madres comunitarias que celebraron esta semana el fallo de la Corte Constitucional que instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a saldar una deuda histórica con estas mujeres en salarios, prestaciones sociales y aportes a pensiones.

Aunque el alto tribunal tomó esta decisión en respuesta a 106 tutelas interpuestas por madres comunitarias, el fallo le abre la puerta al resto de mujeres que desempeñan esta labor para reclamar los mismos derechos. Y no sólo a ellas, sino a todas las que han pasado por el programa de hogares comunitarios desde cuando nació hace 27 años: unas 120.000.

Una de esas mujeres es María Isabel, quien ya está en conversaciones con el abogado Juan Pablo Mantilla (el mismo que representó a sus compañeras favorecidas por la Corte Constitucional) para interponer una tutela en el mismo sentido. “¡Qué alegría cuando supimos la noticia! Vamos a ver si finalmente logramos la pensión. Llevamos toda la vida dedicadas a los niños, pero a uno se le van acabando las fuerzas, la salud”, aseguró Monroy.

Cuando se le pregunta por su historia, lo primero que dice María Isabel es “yo soy la madre comunitaria de Nairo Quintana”. Luego cuenta que el ciclista estuvo a su cuidado desde los ocho meses hasta los cinco años y que también pasaron por su casa sus hermanos Alfredo, Lady y Dáyer, “el otro ciclista”.

Cuenta además con orgullo que siempre que Nairo regresa de las competencias pasa a saludarla. “Es que somos vecinos, vivimos a unos 1.500 metros. Él me ve y se me bota encima, me abraza, me da mi beso. Siempre ha sido muy querido desde chinito, y humilde, muy humilde”.

Cuando empezó a ser madre comunitaria María Isabel recibía una “beca” (o pago) de 26.200 pesos al mes. “Luego fue subiendo a 40.000, 60.000, 70.000, hasta el 2014 cuando empezamos a ganar el mínimo”. Ese año, también por decisión de la Corte Constitucional, las madres comunitarias empezaron a recibir un salario mínimo y prestaciones sociales. La contratación ha sido siempre a través de terceros; nunca directamente con el ICBF.

Para lograr una pensión, María Isabel tendría que trabajar 17 años más. Por eso esta semana, cuando los medios de comunicación anunciaron la decisión de la Corte a favor de sus 106 compañeras, celebró que muy pronto ella también podría estar en esa lista de beneficiadas.   

Las tutelantes

Leonila Murillo tiene 80 años y ha trabajado como madre comunitaria un tercio de su vida.

“Cuando supe la noticia me iba a enloquecer de alegría, no sólo por mí, sino por mis compañeras que están tan mal, tan enfermas para seguir trabajando”, aseguró Leonila Murillo, una de las 106 madres comunitarias favorecidas por la decisión de la Corte. Nació en Chocó, tiene 80 años y el próximo 5 de diciembre cumple 28 años trabajando como madre comunitaria. Hoy tiene siete niños a su cuidado.

Leonilda es madre soltera de seis hijos. Antes de trabajar en un hogar comunitario, lavaba ropa y organizaba rifas “para tener cómo darles de comer a mis hijos y mandarlos a la escuela”. Cuenta que el primer pago que recibió como madre comunitaria fue de 12.500 pesos. Explica que la lucha por la defensa de sus derechos laborales comenzó oficialmente en 1995 y que el senador Alexánder López fue clave en esa batalla que este miércoles ganaron.

Con el mismo entusiasmo habla Noelia López, de 66 años, desplazada por la violencia de Caicedonia (Valle) y madre de dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. “Por fin voy a poder dedicarme a mi niño. Ojalá esta alegría la tengan todas mis compañeras”, aseguró López, otra de las mujeres favorecidas por la decisión de la Corte.

La alegría de ellas contrasta con la preocupación del gobierno nacional frente a la cifra astronómica en la que se traduce la orden del alto tribunal. Sumando salarios, prestaciones y pensiones, el ICBF tendría que pagar unos seis billones de pesos, lo que supera su presupuesto para el 2016 (5,4 billones de pesos) y dobla lo que el Gobierno espera recaudar con la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso.

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En cambio las madres sienten que esta es sólo la primera victoria de una larga batalla que mujeres como María Isabel Monroy, la madre comunitaria de Nairo Quintana, están dispuestas a seguir dando.