El incierto futuro de las basuras de Bogotá

La historia del basurero Doña Juana está a punto de terminar. Según la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en 2022 el relleno tendrá que clausurarse y Bogotá deberá encontrar una nueva forma de gestionar las 6.300 toneladas diarias de desechos que genera.

Este plazo está en sintonía con una política nacional trazada a finales del año pasado en el documento Conpes 3874, según la cual los rellenos sanitarios existentes en el país deberán cerrarse apenas cumplan su vida útil y no habrá posibilidad de renovar sus licencias ambientales ni crear nuevos sitios de este tipo.

Aunque aún faltan cinco años para que se cumpla ese plazo, la administración distrital ya está recibiendo propuestas para implementar tecnologías de aprovechamiento de residuos. Las más acuciosas en este aspecto han sido las propias comunidades vecinas de Doña Juana, quienes llevan varios años trabajando en una alternativa de tratamiento de desechos basada en la termólisis.

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La razón de ese interés radica en una larga lucha social y ambiental de las comunidades del área de influencia del basurero, que se han visto afectadas por los malos olores y las plagas que se desprenden de ese lugar. Aparte de las medidas de mitigación y compensación establecidas en la licencia ambiental, las cerca de 300.000 personas afectadas por Doña Juana deberán ser incluidas en el esquema de gestión de residuos que remplazará al relleno sanitario.

Javier Reyes, líder de Asamblea Sur, la organización social que agrupa a los afectados por Doña Juana, explica que le han propuesto a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) la implementación de un modelo de aprovechamiento para generar energía a partir de la termólisis de los residuos orgánicos que se generan en la ciudad.

La semana pasada, en una reunión con la subdirección de disposición final de la Uaesp, Reyes y otros líderes de Asamblea Sur presentaron los sustentos científicos, técnicos y financieros para la construcción de una planta con capacidad para transformar inicialmente 1.000 toneladas de desechos. La construcción y el montaje de la tecnología tomarían al menos dos años.

Estaría a cargo del manejo Termólisis S.A, una franquicia de una empresa española del mismo nombre que tiene más de 20 años de experiencia. Según Guillermo Ramírez, representante legal de la filial colombiana, la inversión para este primer piloto sería de 400 millones de dólares que ya están asegurados por una banca de inversión internacional.

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En términos simples, la termólisis consiste en la transformación de todos los residuos orgánicos (incluidos los derivados del petróleo) en gas metano o carbón vegetal. Los desechos que no son aprovechables, como el vidrio, la cerámica y el metal, se entregarán a las organizaciones de recicladores para su comercialización. Los ingresos de la empresa provendrán de la tarifa que pagan todos los ciudadanos por la disposición final de sus basuras y por la venta de energía en el sistema interconectado del país. Las comunidades afectadas recibirían el 10% de todas las utilidades del negocio.

¿Qué dice la Uaesp?

Así como esta, la Uaesp ha recibido varias propuestas para implementar tecnologías de aprovechamiento de residuos que reemplacen su disposición final en un basurero. Sin embargo, esa entidad tiene por ahora otras prioridades. La primera es sacar adelante un nuevo esquema de basuras que haga más eficiente la recolección de las mismas.

Ese modelo, que según los anuncios del alcalde Enrique Peñalosa debía entrar a funcionar a finales del año pasado, saldrá a licitación próximamente y tardará al menos seis meses en adjudicarse. La otra prioridad de la Alcaldía es poner en marcha el Plan de Gestión Integral de Residuos que fue aprobado en noviembre pasado. En ese documento, que orienta la política de tratamiento de las basuras en Bogotá, no se habla explícitamente de tecnologías de aprovechamiento. La apuesta, más bien, consiste en disminuir la cantidad de desechos que llegan a Doña Juana a través de campañas pedagógicas que promuevan la separación en la fuente y la entrega de los materiales aprovechables a los recicladores.

Según Yanlicer Pérez, subdirector de recolección y barrido de la Uaesp, la meta es que a través de ese plan se reduzca el 6% de los residuos que llegarán a Doña Juana en los próximos cuatro años. Para ello, la administración desplegó una campaña publicitaria en medios de comunicación y a través de visitas a algunas localidades en las que invita a los ciudadanos a tomar un papel activo en el tratamiento de sus basuras.

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Con todo, estas modestas metas no serán suficientes para solucionar la problemática de las basuras que se acerca con el inminente cierre del relleno sanitario. Aunque se cumplieran las cifras de reducción de desechos en la disposición final, la licencia ambiental tiene una fecha de caducidad que difícilmente se prolongará.

Y como la implementación de tecnologías suplementarias requiere de un tiempo de transición de al menos dos años, esta administración tendrá que dejar el proceso adelantado si no quiere heredarle al próximo gobierno una emergencia ambiental de grandes proporciones. Miguel Núñez, subdirector de disposición final de la Uaesp, afirma que en esa entidad son conscientes del reto que tienen entre manos, pero que no se van a tomar decisiones apresuradas al respecto.

“Tenemos que revisar el tema muy bien porque cualquier determinación debe estar atada al cumplimiento del contrato con la empresa encargada de manejar el relleno sanitario. Ese compromiso va hasta 2021 y nosotros no podemos cambiar las condiciones de un momento a otro”, explica Núñez.

Javier Reyes concuerda en que el principal obstáculo que enfrenta la propuesta de las comunidades es legal. “Nosotros ya hemos allegado los sustentos técnicos y financieros del proyecto de termólisis, pero como siempre ocurre el tema patina en la parte jurídica. En la Uaesp no tienen claro si tienen que hacer una contratación directa, una licitación o una alianza público-privada. Nosotros tenemos una solución pero solo nos ponen complicaciones”.

Núñez, por su parte, aclara que han escuchado la propuesta de la Asamblea Sur por el hecho de estar afectada por la existencia del relleno sanitario. Sin embargo, es enfático en afirmar que eso no significa que vayan a aceptar automáticamente esa alternativa. “En ningún caso vamos a contratar directamente con ellos ni con nadie, esto tiene que ser un proceso abierto y transparente en el que tienen que estar involucradas las comunidades vecinas de Doña Juana”.

Así mismo, la Uaesp está a la espera de un estudio del Banco Mundial que indique cuáles son las tecnologías más apropiadas para el aprovechamiento de las basuras de Bogotá. Los resultados, que saldrán en junio, serán incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial que está en proceso de elaboración y que orientará el futuro de la ciudad en los próximos 12 años. “En el POT quedarán definidas las alternativas posibles y el esquema de contratación, pero todavía es muy temprano para tomar una decisión definitiva al respecto”, concluye Núñez.