Berta Cáceres recibe premio póstumo por parte de la ONU

La líder ambientalista y defensora de los derechos indígenas de Honduras Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, fue reconocida póstumamente con el premio Campeón de la Tierra, el más importante que otorga las Naciones Unidas (ONU) a los defensores ambientales.

“Berta Cáceres se rehusó a permitir que poderosos intereses violaran los derechos de los pobres y marginados y destruyeran los ecosistemas de los que dependen”, dijo Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Ambiente.

“Su enfoque era local, pero su causa y su sacrificio resuenan en todo el mundo. Ella es una gran inspiración, y una gran pérdida, para cualquier persona que luche por los derechos ambientales”, manifestó Solheim en Cancún, México, donde se celebra la 13 Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada la madrugada del 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, oeste.

El crimen fue la culminación de una serie de amenazas que había recibido por su lucha contra la construcción de una planta hidroeléctrica en tierras de la etnia Lenca, a la cual pertenecía.

Su muerte provocó una protesta de alcances internacionales y evidenció el clima de violencia e intimidación en que los ambientalistas y defensores de los derechos humanos realizan su trabajo en Honduras.

“Nuestra familia espera que este premio ayude a asegurar que la maravillosa vida de Berta, así como la lucha del pueblo Lenca, no se olvide y a inspirar a todos los que luchan por los derechos ambientales en el mundo”, afirmó Roberto Cáceres, hermano de la activista quien recibió el premio en representación de la familia.

A favor de Cáceres, quien recibió también el Premio Ambiental Goldman el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares, que sus allegados aseguran no fueron cumplidas por el gobierno de Honduras.

Actualmente hay seis detenidas como sospechosas del crimen, incluido un funcionario de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), que construye la represa.