El proyecto ‘fast track’ que tiene alarmado al sector ambiental

Los decretos de ley que buscan ser aprobados por la vía rápida, conocida como ‘fast track’, siguen causando polémica. Una de las más recientes viene de los pueblos indígenas  que se quejaron ante la Defensoría del Pueblo por considerar que durante estos trámites se les ha violado su derecho a la consulta previa, cuando esta, en los acuerdos de paz, es un derecho principal y no subsidiario conforme a lo acordado entre las FARC y el Gobierno Nacional.

En esa misma línea, otra propuesta de decreto de ley vía ‘fast track’ que está causando controversia en el sector ambiental es el de los conflictos por ocupación, uso y tenencia de tierras por parte de comunidades campesinas en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN).

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Sin duda, la búsqueda por solucionar este problema se remonta a varias décadas y es indispensable darle respuesta a la luz del fin del conflicto armado con las Farc. En ese sentido, el texto del proyecto es claro cuando indica que el desplazamiento forzado y la migración de campesinos han ampliado históricamente la frontera agrícola del país. Sus causas son diversas y complejas, muchas de ellas cruzadas por el largo conflicto armado colombiano, así como por las particularidades de los procesos de ordenamiento territorial y ambiental que se han construido en Colombia.

Muchas de estas zonas se han venido declarando dentro del SPNN, pero también es cierto que muchas personas se asentaron en áreas protegidas después de las respectivas declaratorias. Como consecuencia de lo anterior hoy el conflicto se da en medio del intento por armonizar los derechos sociales de los campesinos con los derechos ambientales.

El proyecto decreto de ley establece un régimen especial de manejo de áreas del SPNN con comunidades campesinas, denominado REM Parques con Campesinos, cuyo objetivo es garantizar la permanencia de las comunidades en estas zonas, con la satisfacción del goce de sus derechos y la conservación sostenible del ambiente.

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El REM, dice un apartado del proyecto, “está inspirado en la necesidad de un cambio de paradigma en la comprensión de la protección y conservación de la biodiversidad...Las comunidades campesinas no sólo pueden, sino deben tener un papel fundamental en las estrategias de conservación y protección de la diversidad ecosistémica y cultural. Las comunidades campesinas asentadas en áreas del SPNN poseen un gran potencial para construir estrategias de conservación biocultural”.

Lo anterior ya llamaba la atención de muchos, pero fue el párrafo final del artículo 1 el que hizo crecer el temor y la crítica en los sectores ambientalistas. “Se tendrá en cuenta, en especial, la situación diferenciada de los campesinos que quieren permanecer dentro de los Parques Nacionales bajo la implementación de planes de desarrollo compatibles con los nuevos principios de ordenamiento territorial y ambiental comunitario, protección y conservación de la biodiversidad; de los campesinos que prefieran recibir los pagos de derechos, mejoras o indemnizaciones de ley; y de los campesinos que opten por planes de reasentamiento voluntario y digno”.

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Considerar la permanencia de las personas en los Parques ha sido el punto más álgido. Uno de los escenarios sobre los cuales más se especula es sobre un posible incremento de la población que allí vive y que, posterior a esto, se dé una continua expansión en la apropiación de la tierra, contrario al cierre de la frontera agrícola que se pretende. Esto al final podría resultar en una amenaza para la protección de los ecosistemas donde se ubican los asentamientos humanos.

Como ha ocurrido con otros temas fijados en el Acuerdo final de Paz, el temor radica en que hacer cumplir lo que está en papel no es fácil y puede salirse de las manos de los actores involucrados. Es decir, es complejo garantizar que se cumpla lo pactado en el proyecto de decreto que pasará rápidamente por el Congreso.

Sumado a esto, el panorama de reubicación de quienes quieran salir de los Parques para desarrollar sus actividades en otros lugares, también acarrea grandes retos logísticos y económicos.

Solucionar los conflictos que se generan entre los derechos ambientales y los derechos de las comunidades que viven en áreas protegidas no es fácil, pero es una tarea más que necesaria. Nuevamente la crítica recae sobre el sistema ‘fast track’ donde muchos ‘micos’ podrían irse en los decretos de ley que buscan dar respuesta al Acuerdo de Paz y aún peor, donde se intentan colar proyectos que deberían seguir su curso por la vía ordinaria. Lo que podría ser más preocupante es que problemas como el de este proyecto probablemente se repetirán en muchos más trámites de ‘vía rápida’.