Clínicas jurídicas ambientales: así luchan las universidades por los derechos colectivos y de la naturaleza

“Estamos pidiendo al juez que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas frente a la contaminación y que el Estado asuma su responsabilidad por permitir la minería en el país, al mismo tiempo que tome medidas para lograr la descontaminación de estos ríos”, explica Camilo Quintero Giraldo, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, que junto a la organización Gaia Amazonas y la Procuraduría de Colombia está llevando la demanda.

Las clínicas jurídicas ambientales forman parte de una iniciativa académica de distintas universidades latinoamericanas que han decidido llevar la práctica del derecho al campo para defender causas colectivas importantes.

“Son un esfuerzo de carácter académico, con responsabilidad social y proyección en temas Amazónicos y que ahora queremos impulsar a nivel regional”, comenta Mariano Castro, docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Católica del Perú.

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Los esfuerzos individuales que desde hace varios años existen en universidades latinoamericanas se han unido ahora en un trabajo conjunto que traspasa sus fronteras con la creación de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales, que integra a 11 universidades de cuatro países sudamericanos: Brasil, Colombia, Chile y Perú.Las causas defendidas hasta ahora incluyen problemas de deforestación, contaminación por mercurio, fracking, además de aportes en el debate normativo y legislativo nacional y regional.

Una alianza regional

Una de las primeras medidas tomadas por los integrantes de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales ha sido emitir un pronunciamiento para exhortar a los Estados de América Latina y el Caribe a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Un compromiso regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental que adoptaron los países de América Latina y El Caribe en marzo de 2018, que debe ser ratificado por cada una de las naciones signatarias.

Hasta el momento, 21 países de América Latina y El Caribe han firmado este acuerdo, pero solo ha sido ratificado por seis de ellos: Guyana, Bolivia, Jamaica, Uruguay, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas.

“La Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales ha acordado, entre sus acciones inmediatas, realizar un análisis del marco legal vigente en cada país sobre los defensores ambientales e identificar brechas con respecto a lo definido en el Acuerdo de Escazú, de esta forma, propondrá los aspectos que podrían mejorar sus acciones y garantías jurídicas”, señaló Castro, impulsor de esta alianza.

Castro añade que esta alianza se ha comprometido a fortalecer la formación de los estudiantes de derecho en la protección del medio ambiente e impulsar la mejora de la regulación ambiental en el ámbito local y regional, además de promover la creación de nuevas clínicas jurídicas ambientales en Latinoamérica.

La Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos de la Universidad de Chile también forma parte de esta alianza. Su representante, Valentina Duran, considera que la creación de la alianza es una buena oportunidad para intercambiar lo aprendido y buscar soluciones a problemas que muchos de los países comparten. “Esta alianza permite compartir buenas prácticas y experiencias en un área relevante en estos momentos, como es la justicia ambiental. En la región tenemos muchas cosas en común y los mismos problemas y desafíos”.

Silvia María da Silveira Loureiro, coordinadora de la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas, de Brasil, comparte esta visión. “La alianza surgió como un intento de fortalecimiento de las clínicas ambientales frente a los desafíos del continente”.

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Loureiro señala que se están presentando muchos retrocesos en la legislación ambiental de los países Latinoamericanos, así como catástrofes ambientales que no son atendidos por los gobiernos. “Creemos que trabajar en red nos fortalece”, dice con relación a las coordinaciones que están haciendo para llevar casos en conjunto y proponer avances en la legislación de sus respectivos países, así como en los acuerdos regionales.

La defensa de los derechos colectivos

Esta nueva iniciativa se enfoca en los casos colectivos y ejerce la defensa de los derechos ambientales en casos de interés público. “Son instancias de docencia formal y aprendizaje y al mismo tiempo de servicio a la comunidad en un momento en que existe una gran barrera de acceso a la justicia en general”, precisa Duran, de la Universidad de Chile.

Duran reflexiona sobre el rol que cumplen estas clínicas en la realidad Latinoamericana, tomando en cuenta que existe asimetría cuando un ciudadano se enfrenta a un problema ambiental como un gran proyecto de inversión en materia de recursos naturales. “La asesoría jurídica en materia ambiental es muy especializada, por tanto, no está disponible para cualquier ciudadano. En este tipo de conflictos uno se encuentra con el Estado que tiene todo el aparato jurídico a su disposición y con las empresas que cuentan con grandes bufetes de abogados”.

Para Duran, detrás de la enorme desigualdad de la sociedad chilena y de las sociedades de América Latina existe un grave problema de justicia ambiental. “Cuando se daña el medio ambiente se tiende a afectar a los sectores más vulnerables de la población. Tenemos situaciones de abuso que se van perpetuando y que generan rabia y desencanto y eso va minando la confianza en las instituciones y en el ordenamiento jurídico”.

Este grupo de clínicas busca por ello equilibrar esa asimetría en la defensa de los derechos relacionados al medio ambiente. En Colombia, además de la demanda por la contaminación por uso de mercurio en minería, la clínica de la Universidad de Los Andes lleva 22 casos para solucionar conflictos socioambientales y de salud pública en el país.

El director de la clínica, Camilo Quintero, menciona casos relacionados con la deforestación, la defensa de los territorios frente al fracking, la defensa del puerto de Tribugá reconocido por la presencia de ballenas, los conflictos en los páramos, entre otros temas ambientales y de salud pública.

“En Colombia está paralizado el modelo extractivo del fracking gracias a la acción judicial que presentamos desde la clínica en coordinación con otras instituciones jurídicas y ambientales”, explica Quintero Desde esta clínica también están apoyando a las comunidades afectadas por las hidroeléctricas como Quimbo e Hidroituango.

Derechos Humanos en Brasil y carreteras de Perú

En Brasil también existe una causa contra el impacto socioambiental de la minería en pueblos indígenas de la Amazonía. “Estamos evaluando los efectos de la utilización del mercurio en la minería ilegal”, precisa Loureiro. Agrega que han revisado toda la legislación sobre el tema para la publicación de un manual que explique los impactos del mercurio en la vida cotidiana, con el fin de distribuirlos en las comunidades tradicionales y en diversas instituciones.

La coordinadora de la clínica jurídica ambiental de la Universidad Estatal de la Amazonía precisa que además de la minería también realizan denuncias e informes sobre incendios forestales en la Amazonía.

Otros hitos en el trabajo de esta clínica brasileña han sido sus aportes a los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instituciones han tomado en cuenta sus opiniones en varios casos, señala Loureiro.

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“En el caso de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos de los puntos que subrayamos como la necesidad del reconocimiento del Medio Ambiente como derecho humano y de diversas obligaciones estatales en materia de Derechos Humanos fueron destacados en la resolución”, comenta Loureiro.

En el caso de Perú, la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú está enfocada en el diseño y aplicación de estrategias legales para mejorar el cumplimiento de la regulación ambiental que se aplica a los proyectos de carreteras secundarias en la Amazonía.

El caso seleccionado —explica Mariano Castro— es el proyecto de construcción de la vía departamental Yurimaguas-Jeberos, en el departamento de Loreto, cuyo primer tramo de 27 kilómetros fue adjudicado en el 2017 al Consorcio Jeberos.

Un segundo tramo que se pretende construir se ubica en el distrito de Jeberos, considerado uno de los nueve Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Loreto. Además, un estudio satelital de la zona determinó la deforestación causada por la construcción del primer tramo de la carretera.

Sobre esta base, la clínica presentó demandas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En el primer caso logró que se determine la ilegalidad de esta vía, así como la paralización del segundo tramo. Mientras que el SERFOR comunicó que no ha otorgado autorización de desbosque al citado consorcio.

Los ejemplos de la labor que cumplen estas clínicas se están multiplicando en América Latina, pues como indica Loureiro “La propuesta de las clínicas surge para salir de las aulas e intentar enseñar en la práctica el derecho ambiental. Las propuestas de trabajo son eminentemente prácticas y la actuación en la realidad de cada país tienen un rol de transformación social”.

Texto tomado en su versión original de Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2019/11/clinicas-juridicas-ambientales-latinoamerica/