Académicos, ambientalistas y políticos calificaron la gestión medioambiental del presidente Iván Duque durante sus dos primeros años de gobierno. Foto: archivo particular.

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¿Cómo vio los dos primeros años del presidente Duque en lo ambiental?

Expertos resaltaron a favor la firma del Acuerdo de Escazú y rajaron la gestión en materia de deforestación y protección de los bosques, asesinatos de líderes ambientales, control a la minería y fracking, entre otros, cuando ya llega a la mitad el periodo del actual gobierno.

8 de agosto de 2020

“Solo se salva firma de Escazú”: Juan Carlos Losada

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, aseguró que los dos primeros años del presidente Iván Duque en materia ambiental fueron “realmente muy negativos”.

El parlamentario explicó que la deforestación, por ejemplo, asciende a más de 450.000 hectáreas y sólo en los primeros meses de este año ya se ha talado la misma cantidad de hectáreas que en 2019. 

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Sostuvo que el presidente durante la pandemia ha sido totalmente negligente con los temas  del medioambiente. Para él, “Duque traicionó al pueblo colombiano con el fracking al promover los pilotos de esta técnica y está incentivando la explotación de oro en el páramo de Santurbán”.


Al presidente le cuestionan que no haya cumplido muchas de las promesas que realizó durante su campaña como, por ejemplo, no permitir la realización de fracking en el país. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

También cuestionó el hecho de que Colombia sea el primer contaminante de plásticos de un solo uso del mar Caribe  debido a que el gobierno se ha opuesto abiertamente a su prohibición. Destacó, además, la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan los líderes  ambientales. 

“Si hubiese que rescatar una cosita del gobierno de Iván Duque sería que por fin se decidió  a firmar el Acuerdo de Escazú”, puntualizó. 

“En juego la institucionalidad ambiental”: Germán Andrade

Por su parte, Germán Andrade, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, consideró que lo que está en juego en este periodo de gobierno es la capacidad de poner a funcionar efectivamente la institucionalidad ambiental que se tiene en el país. 

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Un punto positivo en este sentido es la consulta que se está haciendo para la reforma del sistema nacional de áreas protegidas, que tiene limitaciones y muchos alcances.Tenemos la necesidad, a través de este  sistema, de cumplir objetivos muy importantes en términos sociales y ambientales”, dijo. 

Resaltó el hecho de que en este gobierno se esté haciendo una consulta sobre las nuevas metas de biodiversidad. “Consultas que esperamos que sean parte de las agendas de gobierno en lo que queda del periodo de este mandatario”, comentó. 

“La política forestal en crisis”: Gustavo Guerrero

Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (CEPLA), afirmó que el Gobierno está en deuda en materia ambiental en lo referente a la institucionalidad. 

Para él, el sistema nacional ambiental es un esquema que ya requiere ser revisado y ajustado, particularmente en lo que atañe a las Corporaciones Autónomas Regionales. Lamentó que no se haya evidenciado mayor determinación por parte del gobierno en el impulso del proyecto de reforma a las CAR. 

“Se requieren mayores instrumentos de control y de participación en estas instancias que son determinantes para la gestión pública ambiental”, manifestó. 

Cuestionó la política forestal del país. Cree que está en crisis y que se requiere de acciones coordinadas, particularmente frente al problema de la deforestación. 


La deforestación es uno de los aspectos que preopcupa a los expertos medioambientales. Foto: archivo/Semana. 

Esa inacción y esa falta de coordinación pública ha propiciado fallos en los que los jueces declaran como sujetos de derechos a elementos de la naturaleza en procura de efectividad de esa justicia ambiental”, apuntó. 

Destacó, entre tanto, la suscripción del Acuerdo de Escazú porque, a su juicio, incrementa los estándares de garantía de acceso de derechos para la sociedad civil. “Es un hecho sin precedentes en el país”, subrayó. 

También resaltó la evolución institucional que, según él, ha tenido la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en los últimos dos años.

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“Hoy tiene una subdirección dedicada a atender los asuntos de la participación ciudadana. Además, el ejercicio de sus funciones de evaluación, seguimiento y monitoreo es claramente mucho más reforzado y sofisticado ahora, al contar con herramientas tecnológicas y metodologías que aseguran que aún en una situación como la que vivimos hoy, puedan continuar haciendo sus funciones de una manera eficiente y eficaz”, señaló.  

En términos de retos cree que uno es el de la justicia ambiental, otro el de la lucha contra la deforestación, así como la protección urgente de los líderes ambientales. 

“Minería y asesinato de líderes, lo más grave”: María Fernanda Rojas

“Es muy poco lo bueno que se puede hablar en materia ambiental. Lo bueno es que el gobierno dice que se redujo en 10 por ciento la deforestación en 2019. Si bien no es una gran noticia, se evidencia un avance”, dijo la concejal de Bogotá. 

Para ella, lo más dramático y negativo ha sido el asesinato sistemático de líderes ambientales sin que se tomen medidas para controlar esta problemática. Se trata de personas que han caído por el trabajo que hacen para proteger sus tierras, sus ecosistemas y el medio ambiente en sus regiones. A esto se suma la posibilidad de que se permita el desarrollo de proyectos mineros en diferentes regiones del país como es el caso de Santurbán, Jericó y Ataco. 


El aumento en los asesinatos de defensores ambientales es un tema que para los activistas desde ser abordado con urgencia. Foto: Esteban Vega/Semana. 

Lo feo, de acuerdo con Rojas, es que se sigue impulsando la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato y no ha habido voluntad del gobierno, ni del ministerio de Ambiente para la conservación de los humedales en el país.

“Es inadmisible que defender la tierra cueste la vida”: Camilo Prieto

Si bien el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto, reconoce algunos avances registrados en el actual gobierno en materia ambiental, también considera como espantoso que se haya permitido que el país se convirtiera en el más peligroso del mundo para hacer activismo en torno a este tema. Considera inaudito que esto haya pasado porque “es inadmisible que defender la tierra, cueste la vida”.

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A su juicio, también es negativo que el gobierno insista en la exploración aurífera en el área de influencia del páramo de Santurbán y que la deforestación siga imperando sin que las autoridades ejerzan mayor control.


La posibilidad de que el gobierno permita la realización de megaminería cerca en del páramo de Santurbán es una de los aspectos que más le cuestionan al presidente Duque. Foto: archivo/Semana. 

A esto se suma la persistencia por buscar fuentes de energía fósiles mediante el uso de técnicas como el fracking, cuyo balance financiero y ambiental a mediano y largo plazo será negativo.

Destaca el balance registrado en energías renovables no convencionales, con un incremento en la capacidad instalada de energía eólica y solar. 

También valora, que se haya firmado el Acuerdo de Escazú y que se haya presentado un proyecto de ley al Congreso para lograr su ratificación, pues se trata de un tema que es vital para proteger a los defensores del medio ambiente. 

“Muchas promesas incumplidas”: Daniel Bernal

Daniel Bernal, activista ambiental y experto en temas de calidad del aire, destaca que en un comienzo haya habido un acercamiento del gobierno con el sector ambiental, con un ministro que conoce la problemática, lo malo es que “esto se quedó en un acercamiento y sin mayor participación de los ambientalistas”. 

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“Las conversaciones nacionales se quedaron en una formulación de lo que el gobierno quiere hacer y si bien hubo intercambio de ideas, los que no estaban a favor no fueron escuchados, lo que hace que eso se haya quedado en el papel”, dijo Bernal.


La protección de los humedales es otro de los temas en el que los ambientalistas rajan al presidente. Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

De igual forma, los espacios de participación ciudadana siguen sin activarse, a su juicio. Destacó el tema de humedales en el que llevan cuatro años sin que se realicen reuniones. 

Otro de los aspectos negativos son las promesas que no se cumplen. “En campaña al presidente siempre se le preguntó por el páramo de Santurbán y afirmó que estas áreas se iban a proteger y pues nos damos cuenta que Minesa está a la espera de que le entreguen la licencia para hacer minería en esa zona”, concluyó.