Deforestación y asesinato de líderes, deudas ambientales del país en 2019

El 2019 fue un año de importantes decisiones ambientales para Colombia y finaliza con un paro nacional que persiste desde el 21 de noviembre. El descontento de diversos sectores sociales con el gobierno del presidente Iván Duque llevó a que sindicatos de trabajadores, maestros, estudiantes, indígenas y defensores de derechos humanos salieran a las calles a protestar. A estas jornadas se fueron sumando otros sectores de la población y en diferentes ciudades se han realizado ‘cacerolazos’ masivos para que el presidente escuche las peticiones.

Varios líderes ambientales también se han unido a lo que se ha denominado el Comité Nacional del Paro, el cual le exige al gobierno soluciones y acciones ante el constante asesinato de líderes sociales y ambientales; un impulso real a la lucha contra la deforestación; la prohibición del fracking y el glifosato; la protección de los páramos y no otorgar una licencia minera en el emblemático páramo de Santurbán; el respeto a la participación ciudadana y a las consultas populares; la protección de la biodiversidad y la reforma de sus permisos de aprovechamiento, y la prohibición de los plásticos de un solo uso.

Hasta el momento se han realizado dos mesas de negociación para el tema ambiental. La primera de ellas, el 28 de noviembre, fue bastante tensa pues mientras el presidente Duque señalaba que se trataba de un espacio de “conversación y diálogo”, varios de los líderes ambientales como Carlos Andrés Santiago, del Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, precisaban que lo que buscaban era un espacio de “negociación y acuerdos, no solo que el presidente escuche sino que tome acciones concretas encaminadas a dar solución a las peticiones”.

El 6 de diciembre se realizó una segunda reunión y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dijo que en ella se priorizaron los temas a abordar durante las próximas mesas de diálogo en un corto, mediano y largo plazo. Entre ellos estarían la discusión sobre el Acuerdo de Escazú, la declaratoria de emergencia climática, la problemática de los páramos y los derechos de sus habitantes, la deforestación y el fracking. Muchas de las demandas expuestas durante el paro fueron considerados por Mongabay Latam como los desafíos ambientales de este año. ¿Cuáles se cumplieron y cuáles quedaran estancados?

Lo difícil: la lucha contra la deforestación

Uno de los enormes retos para Colombia este año era reducir la deforestación. La cifra de 2017 —publicada en 2018— se ubicó en 219 973 hectáreas y el 65,5 % de la pérdida de bosques se concentró en la Amazonía. Este año se esperaba que la tendencia de aumento continuara pero una disminución del 10 % sorprendió a los colombianos cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó la nueva cifra en julio. La deforestación pasó a 197.159 hectáreas. 

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Sin embargo, el 70% de la pérdida de cobertura boscosa de Colombia se concentró nuevamente en la Amazonía, mostrando un aumento respecto al año anterior. Los fenómenos de acaparamiento y especulación de tierras, así como la ganadería extensiva siguen creciendo, a la par que los parques nacionales Tinigua, Macarena y Chiribiquete pierden enormes extensiones de bosque. Solo Tinigua pasó de perder cerca de 3.000 hectáreas de bosque primario en 2017 a casi 12.000 en el 2018. 

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, celebró a finales de noviembre la reducción de las alertas de deforestación en la Amazonía cuando el último reporte del Ideam —para el tercer trimestre de este año— mostró que disminuyeron un 12% en comparación con el mismo periodo del año 2018. “Son resultados contundentes. Vamos por muy buen camino y el gobierno del Presidente Iván Duque seguirá redoblando los esfuerzos en la lucha contra la deforestación, la cual es una de las máximas prioridades nacionales”, dijo.

Aun así, los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el panorama es preocupante. “Yo la vi muy mal [la deforestación en el país], como la de todos los países amazónicos”, asegura Manuel Rodríguez, quien fue el primer ministro de Ambiente de Colombia. Para él, la meta del gobierno de permitir una deforestación entre 600 000 y un millón de hectáreas en los cuatro años de mandato le parece “absolutamente inaceptable, no tiene sentido. Esa no puede ser la meta de un gobierno, tiene que ser mucho más ambiciosa” y añade que “el gobierno hace una cantidad de malabares mostrando porcentajes de deforestación pero finalmente lo que a uno le interesa son las cifras absolutas”, dice.

Carlos Castaño Uribe es el director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, fue director de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante 11 años y la persona que en 1987 descubrió lo que hoy es el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Patrimonio Ambiental y Cultural de la Humanidad. A Castaño los reportes del Ideam lo sorprenden, porque al analizar otro tipo de informaciones sigue viendo unos indicadores de incremento de la deforestación muy importantes. “Cuando sobrevuelo yo veo un proceso de transformación enorme, quisiera pensar que esos datos son los adecuados, pero la realidad que uno ve desde el aire es otra”, recalca.

En mayo, el gobierno nacional lanzó públicamente la campaña u operación Artemisa, una estrategia principalmente militar que busca frenar la deforestación en la Amazonía, empezando por parques como Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos. Hasta el momento es poco lo que se sabe sobre el éxito de este programa, salvo algunos anuncios que se hicieron sobre operativos en algunas de estas áreas protegidas, pero que causaron controversia pues los habitantes de estos sectores aseguran que se hicieron en contra de campesinos y no de los verdaderos deforestadores.

“No he visto informes públicos, quizás porque todavía es muy temprano, pero estas actividades de orden militar no pueden ser ajenas a un abanico de estrategias complementarias”, dice Castaño. Considera que es necesario brindar oportunidades a muchas personas que están en la selva y que ante su vulnerabilidad terminan accediendo a las pretensiones de los que quieren destruir los bosques. Por su parte, Manuel Rodríguez cree que se necesitan procesos de veeduría independientes que permitan hacerle seguimiento a temas como estos.

Lo incierto: el fracking, ¿sí o no?

Otro tema importante del 2019 fue el fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking en Colombia. El 1 de agosto de 2018 se presentó en el Congreso un proyecto de ley que pretendía su prohibición. Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo en su momento que si el proyecto no llegaba a ser debatido entre el 16 de marzo y el 20 de junio de 2019 —cuando terminaba el periodo legislativo—, el proyecto se hundiría.

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Exactamente eso fue lo que pasó. “El presidente de la Comisión Quinta, José David Name, siempre agendaba el proyecto en el sexto o séptimo lugar de la agenda, y nunca se debatía. Entonces se hundió el proyecto”, dice Santiago. Y es que Name se ha manifestado abiertamente a favor de esta técnica de explotación de hidrocarburos. “El fracking es una buena alternativa si se hace de manera correcta, controlada y responsable”, dice.

Pero el debate por el fracking no murió allí. En febrero, la comisión de expertos creada para emitir una opinión técnica sobre la viabilidad de esta técnica presentó un informe y dijo que Colombia todavía no contaba con la información y las herramientas suficientes para ejecutarla. Además, dijo que para realizar proyectos pilotos de exploración debía cumplir con varios requisitos. 

La posibilidad de hacer exploración y explotación de hidrocarburos con fracking estaba suspendida por una orden del Consejo de Estado —alto tribunal en Colombia— de 2018. Hace tres meses, esta entidad le dio continuidad a la medida que suspende las normas que había elaborado el Ministerio de Minas y Energía para realizar fracking en el país, pero permitió esta vez la ejecución de proyectos piloto siempre y cuando cumplan las condiciones previas de las que habla la comisión de expertos.

En este momento se espera que la Universidad Nacional de Colombia entregue un informe solicitado por el Consejo de Estado para tomar una decisión definitiva. “Ellos [la Universidad Nacional] pidieron una prórroga que se cumple este mes de diciembre. Además, antes de hacer los pilotos se deben cumplir las condiciones de la comisión, para nosotros eso tardará por lo menos dos años”, asegura Santiago.

Lo triste: adiós definitivo a las consultas populares

A finales de 2018, la Corte Constitucional dijo que las consultas populares ya no podían prohibir las actividades extractivas en los territorios. Esta decisión no solo se ha mantenido este año, sino que el alto tribunal, además, ha dicho que a través de los acuerdos municipales —documentos emitidos por los consejos de los municipios— tampoco se puede prohibir la minería y la explotación de hidrocarburos.

“La sentencia de finales de 2018 [sobre las consultas populares] tuvo otra consecuencia y es que dejó sin efecto la consulta de Tauramena que se hizo en 2013, es decir, hicieron retroactiva la sentencia cinco años”, asegura el abogado ambiental Rodrigo Negrete. El temor ahora es que pase lo mismo con otras ocho consultas populares, previas a la decisión de la corte Constitucional, donde había ganado el ‘No’ a las actividades extractivas. “Eso era lo que quería el gobierno y el sector extractivo. En este momento hay una tutela [mecanismo jurídico en Colombia para la protección de derechos fundamentales] ante el Consejo de Estado pues la consideramos [la sentencia] inconstitucional”, asegura.

En cuanto alos acuerdos municipales, ya se habían expedido 48, argumentando la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Colombia, pero la gran mayoría fueron declarados inválidos por los tribunales administrativos de cada departamento. “En el 2016 y 2017, la Corte Constitucional abrió la puerta para que mediante consultas y acuerdos se pudieran prohibir actividades como la minería, pero dos años y medio después ya dijo que no”, cuenta Negrete.

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La única salida que quedaba era prohibir las actividades a través de los planes de ordenamiento territorial (POT) y aunque aún no hay un fallo específico sobre ese tema, en las sentencias sobre consultas y acuerdos se dice que los municipios tampoco pueden prohibir actividades extractivas con los POT.

En 2019 se cerraron todas las puertas que permitían frenar las  actividades extractivas. Negrete asegura que estos son fallos regresivos que propician el centralismo y profundizan el extractivismo y el déficit de protección ambiental. Justamente este es uno de los principales temas de la agenda del Comité Nacional del Paro, que pide “respetar la participación ciudadana y las consultas populares”.

Carlos Andrés Santiago insiste en que el gobierno debe hacer lo necesario para que la participación ciudadana tenga un carácter vinculante sobre el territorio, porque lo que han visto este año es “toda una andanada de acciones de parte del gobierno nacional para limitar el derecho a la participación”.

Lo desafiante: obstáculos en las áreas protegidas

Hasta el 30 de julio de 2019 Colombia contaba con 31 186 097 hectáreas protegidas y a pesar de que el número crece cada año, el presupuesto no lo hace en la misma forma. Este año Parques Nacionales Naturales de Colombia tuvo que ejecutar nuevamente recursos que se quedan cortos para atender la gran cantidad de territorio que deben gestionar: casi del tamaño de un país como Italia. El presupuesto fue de poco más de 102 mil millones de pesos (aproximadamente 29,5 millones de dólares).

Carlos Castaño conoce de primera mano lo que significa trabajar con poco. “Este sigue siendo un problema cada vez mayor porque, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Sistema de Parques Nacionales por seguir aumentando sus áreas protegidas, los recursos siguen disminuyendo”, afirma.

Según cuenta, Colombia maneja unos de los índices de inversión más bajos de América Latina frente a la cantidad de hectáreas protegidas que tiene en este momento. “Hay que rodear [apoyar] al servicio de Parques Nacionales para que pueda cumplir su labor”, agrega.

El tema financiero no es el único obstáculo que deben sortear las áreas protegidas. Los guardaparques en la Amazonía y regiones como Antioquia, Córdoba, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta son blanco de amenazas de muerte, tal como lo mostraron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardabosques: objetivos de guerra en Colombia. 

Recientemente la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), con apoyo de la UICN, publicó el libro Áreas Protegidas Amazónicas y sus Funcionarios como Víctimas del Conflicto Armado, en el que se muestran las difíciles situaciones a las que se enfrentan los funcionarios de Parques Nacionales. Según Harold Ospino de la FCDS, entre los intereses de los grupos ilegales está el afianzamiento de poblaciones humanas en los territorios, lo que sirve como base social para sus intereses. “Las áreas protegidas se convirtieron en corredores del conflicto armado, particularmente de la insurgencia y las economías de la guerra. Se podría decir que el conflicto armado convirtió las áreas protegidas en verdaderos escenarios de guerra”, indica. Lo que se busca es que los guardaparques sean considerados víctimas del conflicto armado en Colombia.

Lo incumplido: las promesas a los indígenas

El año pasado se materializaron tres importantes decretos para los pueblos indígenas: el de la Línea Negra, que busca proteger los lugares sagrados de cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta; el de áreas no municipalizadas para los departamentos de Vaupés, Guainía y Amazonas, que busca fortalecer su autonomía; y finalmente el decreto para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento, el cual crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección para estas poblaciones.

Durante 2019 poco o nada pasó con estos temas. En cuanto al decreto de la Línea Negra, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que interpusieron una demanda hace tres años para que la Corte Constitucional defina la situación de todos los títulos mineros, en su mayoría de pequeña escala que habrían violado la consulta previa, sigue en espera. A eso se suma el aumento, en este periodo de tiempo, de la minería ilegal en la región. “A la fecha no tenemos sentencia. La Corte declaró nulo este proceso dos veces y ahora está en despacho para proferir una sentencia que desde agosto está pendiente y no ha salido”, dice Luisa Castañeda, abogada de los indígenas en ese caso.

“Ya hay unos pronunciamientos de la Corte sobre la Línea Negra pero cuando tienes ciudades completas, como Valledupar, dentro de sus límites, es muy complicado el manejo. También tienes hidroeléctricas, minería, puertos y mucha propiedad privada. Es un tema muy complicado con los cuatro pueblos de la Sierra porque hay unas actividades que vienen de hace mucho tiempo y que no es factible que cesen hoy por hoy”, dice el abogado ambiental Rodrigo Negrete.

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El decreto de áreas no municipalizadas —territorios de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés donde la figura municipio no existe— que era un primer paso para la creación de entidades territoriales indígenas en la Amazonía, tampoco se ha cumplido. De hecho, Robinson López coordinador de Derechos Humanos de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (Opiac) está sorprendido porque este 1 de diciembre el presidente Iván Duque declaró como nuevo municipio a Barrancominas, en el departamento de Guainía, “violando la consulta previa con los pueblos indígenas y este decreto”, indica.

Finalmente, el decreto para proteger a los indígenas aislados fijó la creación de una ruta para la socialización y la implementación de esta norma, la construcción de comités locales y la conformación de un Sistema Nacional de Alertas Tempranas para reportar amenazas, pero hasta el momento nada de eso se ha hecho. Los indígenas están a la espera de que esto avance en 2020.

Lo feo: un año de líderes asesinados y amenazados

El asesinato y las constantes amenazas contra líderes sociales, ambientales e indígenas fue un tema que marcó la agenda colombiana durante 2019 y que, de hecho, es una de las razones más fuertes por las que se ha venido dando el paro nacional en el país.

Octubre fue uno de los meses más violentos y críticos. Uno de los casos más impactantes fue la masacre de indígenas en Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca, a finales de  ese mes. En junio otro hecho ya había conmocionado al país:  el homicidio de la líder María del Pilar Hurtado, en el municipio de Tierralta, Córdoba, en el Caribe colombiano, que generó una gran marcha de repudio a los asesinatos de líderes en el país a finales de julio.

Los indígenas son uno de los grupos étnicos que más han sufrido. “Se calcula que 140 indígenas, de los cuales 40 tenían liderazgos reconocidos en sus comunidades han sido asesinados este año. Es reflejo de que la situación no ha mejorado y que se ha intensificado  en algunos pueblos que hacen mucha resistencia en sus territorios como los nasa en el norte del Cauca y también los embera y los awá. También han muerto muchos líderes comunitarios y comunales”, le dice Diana Sánchez, directora de la organización Somos Defensores a Mongabay Latam.

Sánchez y su organización tienen su propio sistema de información y si bien dice que 2019 cerrará con menos asesinatos que el año anterior, la cifra sigue siendo muy elevada y les preocupa que ha habido 17 lideresas asesinadas. Hasta el 30 de septiembre, último corte del sistema de información que maneja Somos Defensores, se habían reportado 85 asesinatos, “pero octubre fue altamente violento, al menos 11 indígenas fueron asesinados y eso sin contar líderes comunales, ambientalistas y otros tipos de liderazgos”, afirma y agrega que “eso es lamentable, para esta época se suponía que estaríamos muy avanzados en la implementación de los Acuerdos de Paz y en unos contextos más tranquilos, pero es todo lo contrario. Estamos en un contexto bastante hostil”.

Robinson López de la Opiac también manifiesta su preocupación y rechazo. “Se está presentando un genocidio contra los pueblos indígenas” y, sostiene, van 41 líderes asesinados, más de 53 amenazados de muerte y no solo en el Cauca, sino también en Chocó, Putumayo, Nariño y Caquetá. “Nuestras acciones para defender los territorios están generando incomodidad. En regiones de la Amazonía están llegando nuevos grupos armados, recrudeciendo el conflicto”, añade.

Carlos Castaño también ve este tema con mucha preocupación, sobre todo porque los guardaparques forman parte de uno de los grupos que se ven más afectados al tratar de cumplir con la defensa ambiental de los territorios. “A mí me tocó una época muy dura, durante el tiempo que fui director de Parques Nacionales me tocó ver cómo nos mataban muchos funcionarios que con gran esfuerzo trataban de ejercer la soberanía nacional donde no hay ningún otro tipo de institución”. Asegura que le duele ver cómo esta situación crece nuevamente.

Lo bueno: va desapareciendo la indiferencia

A pesar del fatídico escenario para los defensores ambientales y de derechos humanos en Colombia, varios líderes y organizaciones de la sociedad civil ven una esperanza: los colombianos reaccionan cada vez más frente a estos asesinatos y las amenazas que se dan en los territorios.

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“Este año, aún más que las anteriores, hubo mucha solidaridad, apoyo, reconocimiento y legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos por parte de la comunidad nacional e internacional”, asegura Diana Sánchez.  La directora de Somos Defensores recuerda la manifestación del 26 de julio, que ocurrió luego de que la indignación colombiana llegara a su punto más alto con el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado, delante de su pequeño hijo. “Fue una expresión de apoyo realmente grandiosa”, dice Sánchez.

Para ella, poco a poco ha ido cambiando el concepto errado de que detrás de todas las formas de liderazgo en el país siempre había grupos armados y que estos defensores no eran autónomos ni tenían su propia agenda. “Se ha demostrado que siguen luchando por los derechos de sus comunidades, así no haya guerrilla en sus territorios”, comenta.

Los expertos consultados aseguran que estas “movilizaciones masivas y contundentes” después del 21 de noviembre, cuando inició el paro nacional, tienen como una de las agendas más fuertes el rechazo al asesinato de líderes sociales, ambientales e indígenas.

Tomada en su versión original de https://es.mongabay.com/2019/12/lideres-asesinados-deforestacion-balance-ambiental-colombia-2019/