764 millones de dólares vale demanda de Eco Oro contra Colombia por Santurbán

La delimitación del páramo de Santurbán no solo se ha convertido en un reto social, sino en un pleito jurídico que podría tener un alto costo económico para el Estado colombiano. 

Hasta julio de 2019 tendrá plazo el Ministerio de Ambiente para culminar la nueva demarcación del páramo de Santurbán en Santander.

La solicitud realizada por el ministro de esa cartera, Ricardo Lozano, de ampliar el plazo para adelantar ese proceso, finalmente fue tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió otorgarle ocho meses más, tiempo que empezará a correr a partir del 10 de noviembre de 2018, fecha en la que vencía el plazo otorgado por la Corte Constitucional para dar a conocer la resolución definitiva. 

Así las cosas, el Gobierno nacional tendrá que gestionar los recursos y llegar a acuerdos con las comunidades que residen en la zona en tiempo contrarreloj. 

Sin embargo, este no es el único inconveniente que tendrá que resolver el Estado con respecto a este ecosistema, pues en curso se encuentra un proceso de arbitraje solicitado por la minera canadiense Eco Oro, que actualmente hace trámite en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington.

La empresa, antes llamada Greystar, reclama una compensación por 764 millones de dólares por los daños que habría sufrido como consecuencia de la "expropiación indirecta e ilegal, y el trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano, según sus palabras, en el contrato de concesión del proyecto llamado Angostura, un yacimiento de oro y plata ubicado en inmediaciones del páramo de Santurbán. 

La compañía inició gestiones y operación hace más de 20 años, pero tan solo hasta 2011 solicitó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación de una mina a cielo abierto.

Según Greystar, el Gobierno colombiano consideró en su momento que el proyecto era de importancia nacional, razón por la cual la Agencia Nacional de Minería le otorgó licencia ambiental para extraer oro de la zona y en un año después decidió extender la licencia de explotación.

Eco Oro argumenta que tenía un derecho adquirido, avalado además por un tratado de libre comercio con Canadá que había sido firmado en 2008.

Con base en la licencia otorgada, la empresa construyó un campamento en el municipio de California (Santander) en el que empleó a unas 200 personas. 

En 2014, sin embargo, el Gobierno concluyó la delimitación de 100.000 hectáreas a las que les dió el carácter de zona de páramo en Santurbán y aunque le renovó el título minero a la empresa, solo se lo otorgó entre el 50 y 60 por ciento del área que inicialmente le había concedido. 

Posteriormente, un fallo de la Corte Constitucional provocó un nuevo cambio en la situación. La Corte declaró inexequible un artículo del plan de desarrollo 2014-2018 que permitía la explotación de Eco Oro y prohibió definitivamente la explotación de minerales en cualquier páramo del país. Además, ordenó al Ministerio de Ambiente realizar una redelimitación. 

En consecuencia, el 2 de agosto de 2016, la Agencia Nacional de Minería suspendió la licencia a Eco Oro Minerals. 

El lío jurídico comenzó entonces. Los inversionistas que integran la firma tomaron la decisión de demandar internacionalmente al Estado colombiano.

Uno de los argumentos de la compañía para presentar la denuncia es que el Atlas de los Páramos de Colombia, publicado por el Instituto Von Humboldt en 2007, no tenía ningún efecto legal, razón por la cual las medidas adoptadas por el Estado no podían basarse en ese documento. 

"Aunque fue más preciso que el de 1998, su falta de precisión fue tan grande que un solo pixel representaba un área de 6.25 kilómetros, o el equivalente a 1.500 campos de futbol. El Atlas de los páramos mostró que un ecosistema de páramo coincidía con algunas áreas de la concesión 3452. Aunque, debido a su falta de precisión y su gran escala, el área del páramo era incierta. Ese documento fue hecho con fines académicos y de información. No tenía ningún efecto legal”, indica la denuncia.

 

La firma canadiense aseveró en su momento, por medio de un comunicado de prensa publicado en marzo de 2018, que inicialmente había invertido más de 250 millones de dólares en la estructuración, exploración y coordinación del proyecto.

Ante este panorama, Eco Oro calcula ahora que el valor justo en el mercado del proyecto es de 696 millones de dólares, más unos interés de 68 millones, que deberán ser asumidos por el Estado colombiano si llega a perder el arbitraje. 
 

De otro lado, la empresa señaló que dada la incertidumbre decidió no presentar un plan de mina que le estaba exigiendo la Agencia Nacional de Minería y denunció la negativa del Gobierno colombiano a otorgarle una suspensión de los plazos mientras se resolvía el pleito. Esto conlleva a que la concesión sobre el proyecto de Angostura quede sujeta a rescisión. 

Mientras tanto la empresa sigue adelantando actividades ambientales y de mitigación del riesgo en la zona con cerca de 30 empleados directos. 

Colombia tenía plazo de presentar el memorial de fondo (méritos) hasta finales de octubre de este año, pero solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un aplazamiento, que finalmente le fue concedido hasta el 24 de diciembre de 2018, es decir, por 60 días, a partir del 25 de octubre.  

El Gobierno nacional argumentó su solicitud en el empalme por el cambio de Gobierno. Sin embargo, el Ciadi dejó claro que no compartía el hecho de dar plazos, pero recalcó que haría una excepción en esta oportunidad.

En un auto del 10 de octubre, el centro le aclaró además al Gobierno nacional que no volvería a concederle otro plazo y que le otorgaría a la contraparte un tiempo equivalante para que revise los descargos que se espera envíe Colombia. 

Esta situación hizo que se efectuara un reajuste al calendario, por lo que tan solo hasta finales del próximo año podría llevarse a cabo la primera audiencia formal. 

El tribunal quedó conformado por el británico Juliet Blanch (presidente) y los árbitros Horacio A. Grigera (Argentina) y Philippe Sands (Gran Bretaña). 

Semana Sostenible intentó comunicarse con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica o alguno de sus delegados, pero no fue posible contactarlos. 

"Si el laudo arbitral o fallo sale en contra, Colombia no tendría otra instancia a la cual acudir, pues no existe una entidad superior al Ciadi en el tema de arbitramento", comentó Carlos Lozano, abogado y ambientalista. 

El experto considera que más allá del fondo jurídico, hay que darle a este tema una lectura política.
 

"La discusión de fondo es qué implica que Colombia haga una cesión de soberanía al someterse a este tipo de mecanismos (arbitraje) donde no puede tomar decisiones de interés público respecto a la conservación ambiental; es un flanco de vulnerabilidad para el Estado colombiano para llevar adelante políticas que son legítimas", apuntó.

Para Lozano también es importante analizar las implicaciones que esto puede traer para la política ambiental del país. 

"Si los condenan seguramente el Estado va a quedar paralizado para tomar decisiones de conservación ante las acciones jurídicas de las mineras", apuntó. 

Lozano considera indispensable que haya una revisión de la política de concesión de títulos en el país, al igual que de la coordinación entre instituciones para no generar a futuro este tipo de reclamaciones.  

"Si el país va a someterse a esas reglas debe revisar bien antes de otorgar los títulos mineros. El origen de todo este problema no es la delimitación de los páramos, sino la concesión de los títulos donde no deberían. Si el Gobierno no hubiera concedido esos títulos no estaríamos hoy con este problema", recalcó Lozano, quien afirmó que en una época se concedían títulos simplemente con la cédula. 

Se teme que si la sentencia sale en contra de Colombia se genere una ola de demandas por parte de las compañías a las que les fue anulado su título minero luego del año 2016.

En ese mismo tribunal, Gas Natural SDG S.A, Red Eagle Exploration Limited, Astrida Benita Carrizosa, Glencore International A.G., y América Móvil S.A.B. tienen procesos de arbitraje contra Colombia pendientes por resolver.