Ecopetrol pagará millonaria indemnización a víctimas por derramamiento de crudo en La Lizama

La Fiscalía General de la Nación logró un acuerdo sin precedentes en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, que permitirá entre otras medidas el pago de una millonaria indemnización a las personas afectadas por el derrame de hidrocarburos en zona rural del municipio de Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, se logró comprobar el afloramiento de hidrocarburos ocurrido el 2 de marzo de 2018, en esa región.

La emergencia, producto del manejo antitécnico e inadecuado del pozo Lizama 158, causó derramamiento de crudo y gas a la quebrada Lizama y el caño La Muerte, en el corregimiento La Fortuna. Por más de 15 días una mancha espesa avanzó, aproximadamente, 27 kilómetros hasta el río Sogamoso, generó el desplazamiento de especies, acabó diversos ecosistemas, produjo una grave contaminación e interrumpió las labores de pesca.

Ecopetrol aceptó su responsabilidad en el grave daño ocasionado a los cuerpos de agua, el suelo, la flora y la fauna; además de la afectación a las comunidades.

Tras ese reconocimiento, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, adscrito al Eje Temático de protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, presentó ante un juez de control de garantías un acuerdo, en el que Ecopetrol se compromete a sostener un Plan de Recuperación Ambiental (PRA), que contempla 11 grandes acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados.

El acuerdo establece la puesta en marcha de un trabajo de tres años, que ya inició y que contempla limpieza, tratamiento y monitoreo de los cuerpos de agua; obras de protección y defensa de los ecosistemas; adecuación del área donde se registró el afloramiento de hidrocarburos; rehabilitación de la vegetación y las llanuras de las zonas ribereñas; creación de viveros con plantas nativas; reincorporación de fauna silvestre y microorganismos necesarios para la conservación de los ecosistemas, y capacitaciones a la comunidad, entre otras actividades.

Para la ejecución de este PRA, se seguirán los parámetros de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ejercerá supervisión permanente.

Adicionalmente, Ecopetrol indemnizará a 873 víctimas con cerca de 6.500 millones de pesos. Pagará durante nueve meses un salario mínimo mensual vigente a 752 pescadores acreditados por la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (PISPESCA); y, en un periodo de tres meses, reconocerá un salario mínimo mensual vigente a 121 comerciantes de pescado agremiados en Asocorramb y Asocopropal.

La directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera se refirió a esta decisión:

El acuerdo fue avalado por el juez de control de garantías.

Imponen medida de suspensión de vertimientos a curtiembre en Chocontá

En otra decisión que busca la protección y conservación de los recursos naturales, la Corporación Autónoma Regional, CAR, desplegó un operativo en tres curtiembres del municipio de Chocontá, ubicado en la cuenca alta del río Bogotá, para identificar contaminación a ecosistemas en la zona.

Las curtiembres son lugares en donde se lleva a cabo el curtido, es decir, convertir las pieles de los animales en cuero. Una actividad que genera vertimientos químicos, pelambre y descarnado, líquidos contaminantes que afectan el entorno.

En su recorrido, funcionarios de la Corporación encontraron vertimientos producidos por el curtido de pieles en uno de estos lugares. Como consecuencia, impusieron medida en flagrancia de suspensión de vertimientos, con el fin de frenar esta actividad que estaba afectando, principalmente, al suelo.

“Se encontraron aguas residuales producto de la actividad de curtido de pieles que eran depositadas en una poceta que hay al lado de la curtiembre y no encontramos salida a estas aguas, por lo que se presume que se vierten directamente al suelo”, explicó Hernán Garzón, director de la regional Almeidas y Guatavita de la Corporación.

La medida consiste en una suspensión de vertimientos por disponer aguas residuales del curtido de pieles al recurso suelo y, a partir de la visita, se generará un informe técnico para que se inicie el proceso sancionatorio.

Con la medida, la Corporación busca evitar que este tipo de industrias dispongan las aguas residuales contaminadas en los recursos naturales agua o suelo, como en este caso. En el operativo, que tuvo el apoyo de la alcaldía municipal y la Policía de Chocontá, encontraron que el responsable de la curtiembre no tenía el permiso de vertimientos expedido por la entidad.

La jurisdicción de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita se centra en los municipios de Chocontá, Guatavita, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tiribitá y Villapinzón, ubicados en la cuenca alta del río Bogotá. Y en lo corrido de 2021, ha impuesto cuatro medidas preventivas de suspensión de vertimientos a curtiembres.

Villapinzón es la cuna del río Bogotá. Ubicado a 80 kilómetros de la capital, este municipio de Cundinamarca alberga el páramo de Guacheneque, un ecosistema a más de 3.400 metros de altura en donde brotan las primeras gotas de agua de este afluente.

Allí el río aún es cristalino y no tiene rastro de contaminación. Sin embargo, luego de zigzaguear 11 kilómetros entre frailejones, musgos, árboles del bosque alto andino, el Bogotá llega a los cascos urbanos de Villapinzón y posteriormente Chocontá, en donde empieza a sufrir los embates de los vertimientos y contaminación.

Estos municipios basan su economía, principalmente, en los cultivos de papa y en las curtiembres para hacer diferentes prendas de vestir. Existen alrededor de 120 lugares que desarrollan esta actividad en Villapinzón y Chocontá, lo que los convierte en la segunda zona del país con mayor producción curtidora. La primera es el barrio San Benito de Bogotá, donde hay alrededor de 300 curtiembres.

En estos municipios, son solo algunos los establecimientos que tienen Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para cumplir la normativa ambiental. Es por eso que muchos atribuyen a las curtiembres que las aguas del río Bogotá pasen de un nivel casi nulo de contaminación a uno regular.