"Es necesario que la legislación ambiental sea modificada para poder implementar el fracking": Juan Pablo Ruiz

Juan Pablo Ruiz, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, y vocero de la comisión creada por el gobierno, le salió el paso a los cuestionamientos advirtiendo que las recomendaciones realizadas no son vinculantes para el Estado y que la implementación o no de esta técnica de extracción de hidrocarburos debe estar sustentada tras el cumplimiento de una serie de requisitos previos. 

En entrevista con Semana Sostenible, el también consultor en Medio Ambiente y Desarrollo para el Banco Mundial habló sobre lo que viene para el país en esta materia.  

Juan Pablo Ruiz (JPR): Las recomendaciones que nosotros estábamos haciendo tienen tres etapas: una previa a un proyecto piloto de investigación, otra durante la ejecución como tal y una posterior.  

JPR: Lo que nosotros detectamos es que efectivamente en este momento no hay una licencia social para hacer fracking y no existe porque las entidades gubernamentales no están cumpliendo de manera adecuada con la ley de transparencia y eso hace que el acceso de la sociedad civil y de las entidades interesadas en investigación a la información pública referida al tema, sea muy limitada y difícil de conseguir. De hecho a un miembro de la comisión le pasó. Él solicitó una información que sabía que existía y tuvo que argumentar varias veces que era integrante de este organismo para que se la dieran, eso ejemplifica que no se está cumpliendo la ley. Ese el primer paso que hay que cumplir antes de cualquier cosa.

JPR: Como el fracking es una técnica novedosa en Colombia se requiere un ajuste institucional para hacer idóneas esas entidades que deben encargarse de adelantar su seguimiento y control, eso significa que tenemos que superar muchas limitaciones que hoy existen frente a los yacimientos convencionales en términos de fiscalización. Para eso lo que nosotros proponemos es que se haga un diagnóstico de qué entidades deben mejorar en su capacidad técnica para que realmente la institucionalidad actúe como un sistema en el que unos le entregan la información a otros dentro de las mismas organizaciones gubernamentales. 

JPR: Falta también capacidad para hacer cumplir la normatividad, porque el otro punto que nosotros detectamos es que previo al proyecto piloto, en el que se haría fracking, hay que hacer los ajustes. Es necesario que la legislación ambiental sea modificada para este tipo de actividad. Aunque existe un interrogante, pues en este momento el Consejo de Estado plantea que la legislación actual es insuficiente para garantizar que no van a existir impactos ambientales, los cuales podrían controlarse si la normatividad es de mejor calidad. Esto quiere decir que además de mejorar la capacidad de seguimiento de las instituciones, hay que hacer los ajustes normativos del caso. Nosotros encontramos en la comisión, por ejemplo, que existen ciertos cambios sobre el manejo de aguas que habría que efectuar para hacer más idónea esa legislación.

JPR: Paralelamente se debe estar gestionando lo que llamamos nosotros la licencia social para el proyecto piloto de investigación, porque de lo que se trata es que sea una iniciativa abierta de explotaración, transparente en cuanto a lo que se está haciendo, que le dé participación a las comunidades en su ejecución y, obviamente, que se informe de qué está pasando y qué tipo de efectos se están generando. 

JPR: Nos referimos a unas instituciones que tengan capacidades similares a aquellas que están en los países donde se está haciendo fracking, bien sea exploratorio o comercial. Esta técnica de extracción en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una legislación que se ha ido mejorando y volviendo más estricta en la medida que ha avanzado la experiencia, mientras que en el caso de Alemania hay restricciones muy fuertes respecto a dónde se puede hacer y dónde no. Lo importante en todo este proceso es que existe un condicionante en todos los países, tanto en Europa como en Australia y Norteamérica y es que las poblaciones locales deben estar de acuerdo con que ese proyecto se adelante allí. ¿Qué quiere decir eso? Se debe hacer un esfuerzo por informar adecuadamente a las comunidades respecto a lo que se va a hacer y cuáles son los riesgos. La meta es acordar con la gente una estrategia para que, si efectivamente se va a adelantar el fracking comercial, haya también beneficios económicos al rededor de esa actividad para las comunidades. 

JPR: Después de que se ejecute el proyecto de investigación pasaremos a valorar qué resultó de ese proceso y qué condiciones existen para  poder entrar a definir una etapa de exploración de carácter comercial, tras cumplir con los principios de precaución. Se debe determinar, además, dónde sí y dónde no. 

JPR: Lo que nosotros estamos haciendo no tiene el carácter de vinculante para el gobierno, es un concepto del comité. Naturalmente que no tiene la complejidad que han tenido los estudios realizados en otros países, pero tienen, de alguna manera, la información de ese recorrido previo que hubo en esas naciones. Ahora, eso mismo nos lleva a ser muy precavidos y muy conservadores en término de las recomendaciones que hemos hecho. Eso también nos lleva a señalar que, dado que no existe una licencia social para la implementación de esta  técnica, es necesario avanzar en la ilustración, dando cuenta de cómo ha evolucionado la tecnología del fracking desde año 2010 al 2018, porque muchos de los impactos ambientales que se asocian, por ejemplo, a la sismicidad o a la contaminación del agua se presentaron efectivamente por el fracking, pero también se han registrado gestiones tecnológicas para evitarlos en etapas posteriores y se han logrado, lo cual no quiere decir que los riesgos se hayan reducido a cero, pero sí se han mitigado. Por eso mismo tenemos que garantizar que existen las condiciones para manejar ese riesgo, de tal suerte que sean aceptables no solo para las comunidades locales, sino también para el país en general.

El tiempo que nosotros empleamos (tres meses) es muy inferior a la de esos otros estudios, pero el punto clave, pienso, es que las recomendaciones que estamos haciendo no se centran en "arranque y haga fracking", sino dijimos que se debían cumplir ciertas condiciones previas a un proyecto de investigación y luego un piloto. Esas dos etapas completas pueden tardar en ejecutarse unos tres años. Luego de ejecutadas estaremos en la capacidad de definir si se implementa o no esta técnica de extracción en el país. 

JPR: Hay una combinación de opciones, en algún caso el Servicio Geológico Colombiano o el Ideam podrían hacer algo, pero si no lo hace el Estado, lo podría desarrollar el sector privado, aunque el resultado de esa investigación, y esa fue otra de las recomendaciones que hicimos, debe ser verificada por las autoridades e instituciones nacionales para recibir o no el aval. Una vez analizadas podrán ser utilizadas como una información oficial y, al mismo tiempo, debe ser publicada.