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Gobernadores apoyan planes de Bolsonaro para promover agroindustria y minería en la Amazonia
En una reunión del presidente Jair Bolsonaro con los gobernadores de nueve estados del Amazonas para discutir los incendios de la región, el mandatario los habría presionado para que respalden sus políticas de llevar operaciones mineras y de la agroindustria a territorios indígenas.
No es solo el presidente Jair Bolsonaro quien ve las selvas tropicales y a la población indígena como obstáculos al desarrollo económico de Brasil. Siete de los nueve gobernadores de los estados del Amazonas están de acuerdo con las políticas del jefe del ejecutivo, como se demostró el 27 de agosto en una reunión entre el presidente y los representantes de los estados dentro de la Amazonía Legal.
Aunque el orden del día establecido para la reunión era un análisis de la deforestación y los incendios del Amazonas, Bolsonaro usó la reunión para impulsar sus objetivos de desarrollo: la abolición de Tierras Indígenas (TI) y zonas protegidas para facilitar la expansión de la minería y de la agroindustria.
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Los alineados con el presidente incluían a los gobernadores de los estados de Acre, Roraima, Tocantins, Rondonia, Amazonas, Mato Grosso y Amapá. Solo Helder Barbalho, que representa a Pará y Flávio Dino de Maranhão, se opusieron a abrir más áreas forestales al desarrollo y apoyaron mantener los derechos indígenas como existen actualmente.
La necesidad de continuar con el Fondo Amazonia —con la mayoría de sus activos ahora congelados por Noruega en protesta contra la políticas de Bolsonaro— y la necesidad de regularizar las tierras fueron los únicos temas en los que los nueve gobernadores parecían estar de acuerdo.
Bolsonaro apenas habló de los incendios del Amazonas, excepto para decir que “estaban por debajo de la media comparados con los últimos años”, lo cual es falso; la última vez que el total de incendios entre enero y agosto fue más alto que ahora fue en 2010, según los datos de la propia administración. Bolsonaro pasó más tiempo atacando la demarcación de las tierras indígenas y la extensión de las zonas preservadas.
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Un ejemplo: cuando el vicegobernador de Acre, Wherles Fernandes Da Rocha, pidió ayuda federal para los incendios, el presidente cambió totalmente el tema:
- “Hablas de un problema ambiental. Aproximadamente, ¿qué porción de tu estado es absorbido por reservas indígenas y estaciones ecológicas?” preguntó el presidente.
- “Tenemos un 14 % de espacios abiertos; el resto es bosque”, respondió el vicegobernador.
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“Así que en el 86 % [de las tierras de tu estado] no puedes hacer nada. Es un estado que tiene el 86% de su territorio inviable [para la producción], incluso para la explotación sostenible”, dijo Bolsonaro.
El presidente respondió con la misma determinación después de que otros gobernadores hablasen, hizo preguntas o citó números de terrenos indígenas ya existentes y todavía sin demarcar y de zonas protegidas en los estados respectivos.
Bolsonaro preguntó al gobernador de Roraima Antonio Denarium: “¿Sabes por qué hay tantos terrenos indígenas demarcados en tu estado?”.
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“Fue el resultado de la política indígena”, contestó Denarium. “Roraima no es [solo] la porción de tierra más rica de Brasil es la porción de tierra más rica del mundo, y las zonas indígenas y las ONG se están concentrando donde tenemos nuestra riqueza… Tenemos que realizar exploraciones mineras en las zonas indígenas. Roraima puede ser el salvador [económico] de la nación siempre y cuando explote los minerales [en tierras indígenas]”.
En marzo, la administración de Bolsonaro anunció planes para permitir la minería en tierras indígenas, incluso en el Amazonas, con o sin el consentimiento indígena. El gobierno también tiene la intención de permitir la minería hasta las fronteras de Brasil, que suprime la prohibición vigente a lo largo de una franja de 150 kilómetros de ancho en la frontera. El plan minero indígena está en oposición directa con los derechos de las tierras indígenas como están garantizados por la Constitución brasileña de 1988.
“Los indígenas quieren trabajar”
El gobernador de Rondonia Marcos Rocha hizo una breve referencia a los incendios del Amazonas: “No son los agricultores lo que están quemando nuestro Amazonas”, declaró, sin ofrecer ninguna evidencia que apoye su argumento.
Luego, como Bolsonaro, cambió de tema: “Fui a la Reserva Indígena Roosevelt con [el ministro del Medio Ambiente Ricardo] Salles y hablamos con los indígenas. Ellos quieren trabajar porque esos lugares tienen las mayores riquezas en Brasil. Diamantes, niobio, oro, casiterita y muchos otros minerales. Es posible utilizar esos recursos de una manera sostenible que preserve el medio ambiente y al mismo tiempo enriquezca a nuestra población”, aseguró. Aunque a algunos miembros de la población indígena les parece bien la actividad minera o la agricultura a nivel industrial en sus tierras, no hay ninguna evidencia de que el punto de vista de Rocha sea mayoritario, aunque este es el argumento impulsado por el gobierno.
Abrir la selva tropical a las empresas mineras también forma parte de los planes para el estado del Amazonas. Según la página web The Intercept, el pasado junio, el gobernador Wilson Lima inició negociaciones con el grupo The InterAmerica Group, un empresa de cabildeo con sede en Washington DC, para atraer empresas mineras y de la agroindustria estadounidenses al estado.
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El gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, habló de los incendios y en nombre de la expansión de la agroindustria: “La imagen de Brasil es extremadamente importante en nuestras relaciones con la mayoría de nuestros clientes [en el] mundo exterior. El 60% del PIB del estado procede de las exportaciones. Por lo que, cuando tenemos un problema [como el que] tuvimos hace unos días [con los incendios del Amazonas] y recibimos [críticas internacionales] que no deseábamos, me preocupó mucho.
Mauro Mendes añadió: “Hay 43 grupos étnicos indígenas en el estado. Este mes de octubre tendremos un seminario sobre la agricultura mecanizada en las tierras indígenas, y ya tenemos 24 grupos interesados. Eso se debe a que quieren tener su dignidad a través de su trabajo mediante la exploración de sus tierras”.
Bolsonaro tranquilizó al gobernador al decirle que Brasil puede “incluir al indígena en nuestra sociedad; en gran medida ya quiere ser incluido. Queremos [también] legitimar la minería ilegal. Este [plan] está avanzando en el ministerio de Minas y Energía, y tenemos la intención de presentar pronto una propuesta en el Congreso, ya que hay muchas tierras fértiles bajo el suelo en el Amazonas”.
En la actualidad el gobierno federal está preparando legislación para regular la exploración y extracción de minerales, energía y recursos hídricos en las tierras indígenas. Según las estimaciones oficiales, el documento estará listo para empezar el proceso legislativo en el Congreso en octubre.
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El mismo día que Bolsonaro se reunió con los gobernadores, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados brasileña (CCJ) aprobó una propuesta de enmienda constitucional que permitiría la explotación agrícola y forestal en tierras indígenas. El texto, el cual debe pasar por una comisión especial y ser aprobado por el Congreso, permitiría a las comunidades indígenas “ser autónomas para gestionar sus activos y la venta de su producción”.
Sin embargo, el presidente de la Cámara Rodrigo Maia dijo que no creará una comisión especial para mover el proyecto de ley si surge cualquier polémica. Probablemente refiriéndose a los incendios del Amazonas, dijo: “Si algo genera más narrativas negativas para Brasil, [la medida] se quedará dónde está, en el CCJ”.
Voces disidentes
En una posición contraria a la de Bolsonaro, el gobernador de Pará Helder Barbalho defendió la necesidad de ayuda del G7 y del Fondo Amazonia, a través del cual los países desarrollados aportan dinero para proyectos sostenibles que limitan la deforestación. “No es apropiado rechazar ese ingreso. Todos conocemos las dificultades fiscales a las que se enfrentan nuestros estados”, dijo. “Y si el G7 ofrece 20 millones de dólares, lo que por cierto es una cantidad muy pequeña [… ] para las siete mayores potencias mundiales, creo que tenemos que pedir más recursos”. Por ahora Bolsonaro ha rechazado la oferta del G7 de 20 millones de dólares.
Además, el gobernador de Pará propuso que los terratenientes privados fuesen recompensados por no deforestar, incluso en zonas donde está permitido. “Debemos negociar con ellos: ‘tanto el gobierno federal como el estatal os pagará para dejar el bosque ya existente y aumentar la producción en las tierras que ya habéis antropizado [transformadas por la acción humana]’”, dijo el gobernador.
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Barbalho abogaba no por transformar aún más de la selva tropical en tierras agrícolas, sino por la intensificación de la producción para utilizar mejor las tierras ya degradadas. “Nuestra ratio es 0,9 cabezas de ganado por hectárea, y tenemos 21 millones de cabezas. Si pasamos a una media de tres cabezas de ganado por hectárea, iremos de 21 a 60, [a] 65 millones de cabezas [de productividad] sin talar un árbol. Sería una solución extraordinaria, que combinaría la conservación de la selva con la potencia y la vocación de producción”, dijo. Esto es una solución a la deforestación que los conservacionistas defienden firmemente.
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Bolsonaro respondió que ya no se conservarían más tierras porque el proceso ya había generado “una verdadera psicosis en lo que se refiere a la demarcación y expansión de las tierras [protegidas] en Brasil”.
Sobre el Fondo Amazonia el presidente dijo: “La mayor parte del dinero viene del exterior, y tiene un precio: la demarcación de tierras indígenas, zonas protegidas, quilombolas, parques nacionales. Eso lleva a un lugar que ya conocemos, la insolvencia de Brasil. De alguna manera, tendremos que hacer frente a ese problema”. No ofreció ninguna prueba de que la recepción de dinero del Fondo Amazonia haya estado vinculado a ningún tipo de conservación de tierras obligatorio.
El gobernador de Maranhão Flávio Dino también se opuso al presidente al argumentar la importancia de las ONG en la gestión de programas ambientales en cooperación con grupos indígenas. “Demonizar las ONG es un error porque son unas organizaciones [sin ánimo de lucro] en Brasil y por todo el mundo muy serias, por lo que no podemos decir que son nuestras enemigas. Muchas de ellas llevan décadas operando en el país […] y pueden ayudar a proteger la Amazonía brasileña”. Bolsonaro está absolutamente en desacuerdo con esta función de las ONG y en cambio las ve como una influencia internacional invasiva y una amenaza a la soberanía brasileña.
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Dino continuó: “En el mismo sentido de cooperación, me gustaría resaltar el papel de la población indígena. Son brasileños, poseedores de derechos que deben ser respetados, [y sus derechos] están inscritos en la Constitución y no podemos ignorar[los]”.
A lo que Bolsonaro respondió: “¿Sabes cuántos territorios quilombola certificados [habitados por descendientes de esclavos fugitivos] existen solo en la Amazonía Legal, y cuántos están en la fase final del proceso de demarcación? 936. Reservas indígenas en la fase final, 54; y en los próximos meses, 314. Eso es una guerra más allá de los estados, es la guerra de Brasil. Con todas las quilombolas, las reservas y con la protección medioambiental, nuestra agroindustria será imposible. Y si se acaba la agroindustria, se acaba nuestra economía”.
Bolsonaro, que está determinado a poner su visión en marcha, ordenó a sus ministros que se reuniesen con los gobernadores el 2 de septiembre y envió un paquete de nuevas medidas al Congreso. En esa reunión, cinco gobernadores del Amazonas y los ministros debatieron medidas para combatir los delitos ambientales y promover la conservación forestal, a la vez que exploraban el desarrollo económico. Entre los asistentes estaba la ministra de Agricultura Tereza Cristina (ruralista con grandes explotaciones agrícolas) y el ministro de Defensa Fernando Azevedo, quien confirmó la llegada a la Amazonía brasileña de dos aviones contra los incendios de Chile.
El Congreso actúa
El 3 de septiembre, el presidente de la Cámara de los Diputados Rodrigo Maia y el grupo de presión de la agroindustria, la bancada ruralista, se reunieron durante la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA). Quizás con temor a las sanciones internacionales, se opusieron a las políticas ambientales draconianas de Bolsonaro y establecieron una agenda ambiental alternativa para contrarrestar las críticas de la comunidad internacional por el incremento de la deforestación.
Maia espera someter a votación rápidamente algunos proyectos de ley que tienen consenso en el Congreso, que incluyen uno que combate la deforestación ilegal en el Amazonas y otro que establece una Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Si el poder legislativo lo aprueba, se asignarán mil millones de reales brasileños (240 millones de dólares) para combatir la deforestación y prevenir incendios en el Amazonas, con 630 millones de reales brasileños (153 millones de dólares) destinados a la Fuerzas Armadas, el ministerio del Medio Ambiente e IBAMA (la agencia medioambiental de Brasil), para combatir y prevenir incendios, así como para la regulación de las tierras en la región. Los estados que padecen los incendios recibirían el resto del dinero.
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Todavía está por ver cómo saldrán exactamente los planes de Bolsonaro de trasladar las operaciones de la agroindustria y la minería a gran escala a las tierras indígenas del Amazonas, sobre todo ahora que los incendios del Amazonas han atraído la atención del mundo. Pero es evidente que el presidente tiene un firme apoyo, aunque no unificado, entre los estados amazónicos.
Lea el artículo original en el siguiente link: https://es.mongabay.com/2019/11/los-planes-de-bolsonaro-para-la-amazonia/
