La ineficacia de los incentivos a la conservación

Por: Juan Pablo Romero Rodríguez*

La demanda de recursos naturales en un mundo cada vez más globalizado e industrializado no deja de ser un problema y por eso cada vez se hacen más fuertes los llamados para cuidarlos. Algunas de las herramientas para lograr ese objetivo se conocen como incentivos a la conservación, que de acuerdo al informe final del trabajo desarrollado por el Fondo Patrimonio Natural en 2014, son “instrumentos económicos o legales diseñados para favorecer actividades beneficiosas (incentivos positivos) o desalentar actividades que afectan la conservación y usos sostenibles de la diversidad biológica (incentivos negativos)”.

Este tipo de herramientas llegaron a Colombia hace 42 años con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales. Una de las más importantes es la tasa por uso del agua, la cual establece que si alguien utiliza el líquido vital con fines lucrativos deberá hacer pagos que posteriormente se invertirán en la protección y renovación de los recursos acuíferos.

El objetivo era corregir, en parte, el problema económico que plantea la gratuidad del agua con fines de lucro. El análisis era sencillo: ante un escenario de aumento en el precio del agua, quien la utiliza decide si utiliza la misma cantidad o hace más eficiente su consumo para ahorrar dinero. Lo recolectado, en teoría, se utiliza para asegurar en el tiempo tanto la cantidad como la calidad del agua. Por ejemplo, en 2013 la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) recaudó cerca de 928 millones de pesos que se invirtieron en acciones de restauración de ecosistemas degradados y saneamiento hídrico y ambiental.

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Sin embargo, este caso de éxito no es el común denominador. Al analizar el impacto de esta herramienta  42 años después de su creación, el Fondo Patrimonio Natural en su publicación ‘Los incentivos a la conservación, una mirada desde la práctica’, aseguró que ha sido desaprovechada, en esencia porque la tarifa que se cobra es mínima debido al fuerte lobby ejercido por un influyente sector agroindustrial colombiano. Si la tarifa es muy baja, quien hace uso del agua no tiene razones para utilizar menos. En otras palabras, el pago no afecta sus bolsillos y el despilfarro continúa. 

Lo anterior es particularmente complicado, porque en el largo plazo uno de los principales afectados por la ineficiencia de la tasa por uso del agua  será, paradójicamente, el sector agro que influyó en su irrisorio valor. El Estudio Nacional del Agua de 2014 planteó que el sector agrícola colombiano podría tener, para el año 2022, un consumo probable de agua cercano a los 39 millones de metros cúbicos.

Otro incentivo que cada vez toma más fuerza a nivel mundial es el de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este busca reconocer económicamente a aquellas personas que restringen el uso de sus tierras para  mantener un medio natural en buen estado, a pesar de que podrían utilizarlas en actividades productivas.

En Colombia han existido iniciativas públicas, privadas y de cooperación internacional que implementaron esquemas de PSA en los últimos años, pero muchas de ellas se encontraron con problemas sistemáticos de sostenibilidad financiera. Como respuesta a ese problema, en 2013 se creó el decreto que reglamenta, 20 años después, el artículo de la Ley 99 de 1993 que habilitaba inversiones de alcaldías y gobernaciones de por lo menos el 1 por ciento de sus ingresos para adquirir predios en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico.

Los recursos económicos reglamentados por el nuevo decreto podían invertirse prioritariamente en la compra de predios, en el mantenimiento de los mismos y adicionalmente en el desarrollo de esquemas de PSA. Lo anterior significaba una oportunidad gigantesca para esta herramienta en Colombia en la medida que, para 2014, habilitaba cerca de 300.000 millones de pesos.

Desafortunadamente, a mayo de 2017, solo la Gobernación de Cundinamarca opera en toda su jurisdicción un PSA en el que, por conservar áreas de cobertura nativa en áreas de importancia estratégica para la conservación del agua, se reconoce a sus propietarios un incentivo en dinero o en especie. Las demás gobernaciones y municipios suelen invertir los dineros en compra de predios.

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La subutilización de los recursos regulados por el decreto se debe a que  la norma especifica que los esquemas que utilicen esos recursos son solo un paso intermedio antes de la compra de predios por parte de los entes territoriales. Adicionalmente, se determinó que la duración de los PSA debía ser de máximo cinco años. Estos dos puntos generaron gran desconfianza en los entes territoriales, las autoridades ambientales y las personas. 

Se necesitan ajustes

Se requiere que tanto la tasa por uso del agua como los esquemas de PSA operen mejor. En el primer caso es necesario incrementar la cantidad de dinero que se paga por captar agua con fines comerciales. No tiene sentido que por un metro cúbico de agua se cancelen 0,88  pesos, pero que este mismo metro cúbico se venda en supermercados en cerca de 2 millones. El sector privado podría pagar más por el cuidado de las fuentes hídricas sin afectar significativamente sus ganancias.

En el caso de los esquemas de PSA, la emisión de un nuevo decreto este año soluciona el problema de la transitoriedad de los esquemas, presente en el decreto de 2013. Esto se suma a nuevas fuentes habilitadas en el Plan Nacional de Desarrollo que permiten el uso del 1 por ciento del valor de los proyectos, sujetos a licenciamiento, que capten agua; compensaciones por pérdida de biodiversidad y transferencias del sector eléctrico.  

El futuro del PSA será promisorio en la medida en que el país y su institucionalidad entiendan la importancia de estos temas. Si la reglamentación del decreto es cuidadosa, se podrá aportar a la solución de problemas ambientales, contribuyendo a la vez a la ganancia de bienestar del sector rural colombiano, aspecto clave en el marco del posacuerdo.

*Ingeniero Ambiental y Sanitario y Magíster en Economía y Administración Ambiental de la Universidad de York