Las deudas sin saldar que aún tienen las hidroeléctricas

El Quimbo, una bomba de tiempo

La lucha de Jeniffer Chavarro parece interminable, al igual que la de otras 33.000 personas que, al parecer, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo no ha reconocido como afectadas. Pero ni ella ni su gente se dan por vencidos.

Nueve años de espera no han doblegado su ímpetu. Jenniffer está convencida de que el Estado y las empresas Emgesa y Enel deben responder por los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de la construcción de esta represa en el Huila. Por eso alza la voz para reclamar, entre otras cosas, que les restituyan las tierras a esas familias desplazadas que, según ella, no han recibido sus compensaciones.

“La empresa presionó, expropió, desalojó y desplazó a la gente de su territorio. A los pocos que se quedaron resistiendo los reasentaron en lugares que no cuentan ni con servicios públicos”, expresó.

La integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) afirma que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) estableció, al autorizar el proyecto, que las personas con una propiedad entre 0 y 50 hectáreas tenían derecho a la restitución. “La compañía debía comprar predios para ellos e instalar un proyecto productivo, pero realmente les ofreció 110 millones de pesos a cada uno, pues así le salía más barato”, apuntó.

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La Contraloría General de la Nación determinó, en su momento, que ni Emgesa ni Enel restituyeron las tierras que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) había ordenado.

La integrante de Asoquimbo aseveró que a la gente le cambiaron su proyecto de vida porque tampoco le restituyeron sus actividades productivas. “Esto ha generado desempleo y afectaciones culturales y emocionales”, manifestó. Los afectados siguen pidiendo un nuevo censo, tal como lo ordenó la Corte Constitucional a la empresa mediante un fallo.

Los pescadores, por su parte, dicen estar en grave crisis debido a que el volumen de peces ha disminuido en el río Magdalena, principal afluente que surte el embalse.

“Hay daños irreparables, y es indispensable atenderlos, como, por ejemplo, la descomposición de la calidad del agua del río. Emgesa y Enel no cumplieron con retirar la biomasa del embalse, previo al llenado de la represa, lo que ha contaminado este cuerpo de agua”, explicó Juan Pablo Soler, integrante del Movimiento Ríos Vivos Colombia.

Varios actores le han pedido a la Anla suspender la licencia ambiental de este proyecto. Sin embargo, en respuesta esta institución ha ampliado el plazo a la empresa para cumplir sus compromisos. Para la integrante de Asoquimbo, la Anla solo impone multas irrisorias, cuyos recursos no llegan ni siquiera a los afectados. Y según ella, el proyecto ya presenta fisuras.

Enel-Emgesa, por su parte, señaló que El Quimbo no registra fallas técnicas. “Desde hace más de tres años operamos sin contratiempos. Varios estudios técnicos garantizan un óptimo factor de seguridad”, dijo. La empresa agrega que tanto la presa como el dique auxiliar cuentan con más de 400 instrumentos de última tecnología que permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de la estructura.

Frente al censo de afectados, según la compañía realizó un nuevo proceso que tardó seis meses para cumplir lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional. “En ese periodo, 30.564 personas solicitaron ser incluidas en el censo, casos que fueron revisados uno a uno, dando como resultado que 7,7 % de esta población era beneficiada con una medida de manejo acorde a la afectación identificada”, afirmó.

En cuanto a la restitución de tierras, los voceros de Enel-Emgesa aseguraron que han cumplido. “De las 396 familias a compensar, 244 optaron por el pago en dinero y 152 por reasentamientos individuales, en los que se les ha entregado una parcela de 4,95 hectáreas y se ha concertado un proyecto productivo agropecuario a desarrollar”, recalcó.

La empresa expresó, además, que de las 89 iniciativas agropecuarias en ejecución, 72 ya alcanzaron su sostenibilidad financiera, lo que garantiza ingresos para las familias.

De otro lado, la compañía expuso que, junto con la Agencia Nacional de Tierras, entregará 2.700 hectáreas adicionales a las familias residentes no propietarias del área de influencia de El Quimbo. Así mismo, señaló que desde 2011 viene adelantando un programa para la conservación del recurso de la pesca en la cuenca alta del río Magdalena. “Este programa permitió caracterizar el comportamiento reproductivo de las especies, sus rutas migratorias y sitios de desove. Con base en los resultados se construyó una estación piscícola que está trabajando el proceso de reproducción de especies nativas con fines de repoblamiento en los embalses El Quimbo y Betania”, informó.

Hidrosogamoso, en pie de lucha

Ni las fuertes facciones de Cecilia Mantilla pueden ocultar su tristeza. La nostalgia la embarga al recordar cómo era el río Sogamoso hace diez años; ese afluente que le brindó hasta entonces el sustento a sus abuelos, a sus padres y a su familia.

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Pescadora por herencia, esta santandereana afirma que en ese río trabajaron por generaciones la mayoría de las personas que vivieron sobre su ribera. “Antes había abundancia de comida. El que vivía al borde no aguantaba hambre; era lo mejor que teníamos. Había pescado en cantidad”, dijo.

Según Mantilla, cuando Isagen comenzó a construir la Hidroeléctrica de Sogamoso en 2009 empezó el declive de esa zona. Lo causaron, entre otros motivos, la división entre quienes apoyaban o rechazaban el proyecto, más la contaminación del agua, la transformación del ecosistema y el clima.

“Al reducirse la cantidad de peces por la regulación del caudal que empezó a adelantar la empresa, la pesca dejó de ser tan rentable y vino el primer choque. Isagen comenzó a pedir hojas de vida hasta para tender una cama... Y nosotros cómo le íbamos a pedir una certificación al río”, comentó.

La mujer reclama, ahora como integrante del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí, que la reconozcan como afectada de ese megaproyecto. “Luchamos por el derecho a una reparación integral, para que nos den igual o mejores condiciones a las que teníamos”, expresó.

Blanca Anaya, quien también forma parte de ese movimiento, está de acuerdo. Según esta líder social, además cambió el microclima. Al parecer este subió y aparecieron nuevas plagas e insectos que afectaron los cultivos y los suelos. Añade que “la empresa hizo su propio censo de usuarios del río Sogamoso. Para Isagen, nosotros no somos afectados porque no éramos dueños de los terrenos en los que vivíamos, que resultaron inundados. Dicen que no tienen ninguna responsabilidad legal”.

La compañía –asegura Anaya– les dio a muchos de los que vivían en el área de influencia cinco hectáreas de tierra y una casa en zonas con déficit de agua.

Isagen, por su parte, informó que en el diagnóstico de afectados identificaron las familias y los predios requeridos, que validaron dicha información con las comunidades y autoridades locales y nacionales. Señalaron, además, que celebraron una audiencia pública, una asamblea general de propietarios y en el desarrollo de las negociaciones de más de 250 predios, solo estaba en curso judicial un proceso de expropiación.

Frente a la aparente reducción de peces, Isagen aseveró que realiza monitoreos permanentes para controlar que se mantengan las condiciones normales para las especies de mayor importancia pesquera en el río Sogamoso.

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Por otro lado, la empresa afirmó que monitorea el comportamiento climatológico en el área de influencia, aprobado por la Anla. “Transcurridos tres años, no es posible aseverar que como consecuencia de la represa se hayan presentado cambios en el microclima o en los cultivos, pues los fenómenos de variabilidad climática (El Niño y La Niña) tienen influencia directa alrededor del embalse”, informó.

Para garantizar que las comunidades aledañas se beneficiaran de las oportunidades de empleo durante la etapa de construcción (entre 2009 y 2014), Isagen concertó una mesa de empleo, un comité de seguimiento y una oficina para la gestión del empleo. Esta última se mantiene para atender las inquietudes de las comunidades. La compañía precisó que de los 671 trabajos que generó en 2018, los santandereanos ocuparon el 86 %.

Hidroituango: el declive del río Cauca

El Patrón Mono se está muriendo o, quizá, lo están matando. Los pescadores y barequeros del río Cauca así lo consideran. Para ellos este afluente fue en su momento su mejor empleador, porque nunca les puso horario ni les negó la paga: siempre les dio pescado y oro.

A partir de 2010, cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzó el proyecto hidroeléctrico de Ituango, Hidroituango, las cosas empezaron a cambiar para los ribereños y cañoneros de la zona. “Entre el 70 % y el 80 % de los habitantes del municipio de Sabanalarga se beneficiaba del río. A los jóvenes que no tenían más oportunidades para seguir estudiando, el río los recogía, les daba empleo y los abrazaba”, comentó Guillermo Wiles Bedoya, oriundo de esa zona.

Wiles afirma que en el proceso de compra de los predios inundables también se presentaron presiones y pagos injustos. “Hubo personas que por el apego a la tierra no alcanzaron a vender ni a negociar y, pese a eso, ahogaron sus tierras”, expresó.

Hidroituango ha sido el caso más reciente y emblemático de proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Lo sucedido entre abril y mayo de 2018, y enero y febrero de 2019, llamó la atención sobre este tipo de megaobras en el país.

EPM, entre tanto, explica que para la fecha de la contingencia del proyecto, en abril de 2018, el ciento por ciento de las familias ubicadas en la zona de llenado del embalse había recibido su compensación y había sido trasladada, al igual que el 90 % de los hogares localizados en otras áreas de influencia.

La entidad añadió que también identificaron algunas personas ubicadas a las orillas del río Cauca, que no estuvieron durante los censos o que ya habían sido compensadas y ocupaban irregularmente predios privados. “Ellos solicitaban estar en los censos o que los consideráramos damnificados, situación imposible en el marco de la ley”, recalcó.

La compañía señaló que monitorean constantemente la calidad del agua del río Cauca. “No se presentan variaciones anormales en los niveles de oxígeno disuelto. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría inferir que la disminución del recurso pesquero es un cúmulo de actividades antrópicas históricas en la cuenca del río, las cuales han ido en aumento”, aseguró.

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La empresa agrega que cuenta con estudios de las comunidades hidrobiológicas que incluyen el monitoreo de peces. “Estos monitoreos se hacen en 56 estaciones de muestreo aguas arriba y aguas abajo de la presa desde hace diez años”, aclaró.

EPM expresó, también, que hasta el momento no existen investigaciones que demuestren posibles cambios en el microclima por causa de la construcción del proyecto. “Sin embargo, EPM adelanta un estudio con la Universidad Nacional para identificar posibles cambios en las condiciones climáticas locales como consecuencia del llenado del embalse”, apuntó.