Las voces de los damnificados del “desarrollo”

Destrucción. Despojo. Pobreza. Ecocidio. Estos son algunos de los significados que cuatro líderes sociales del país le atribuyen a los proyectos económicos que se han implementado en sus territorios.

Jimmy Torres, de Cajamarca, Tolima, se refiere al proyecto minero de La Colosa como “un monstruo que causará que ese municipio deje de ser sinónimo de agua y comida”.

Marilyn Machado, de Suárez, Cauca, cuenta que la represa de La Salvajina hizo que más de 3.000 familias se desplazaran de sus tierras. “Pero lo más grave fue que los que se quedaron perdieron la cultura de río. No se pudo volver a pescar, a cultivar en las vegas del Cauca ni mucho menos hacer minería artesanal”.

Jazmín Romero, de La Guajira, va más aún más lejos. Afirma que “la minería de carbón es la causante de que se nos estén muriendo los niños de hambre y de sed”.

Miller Dussan, del Huila, dice que la represa del Quimbo tiene más de 30.000 víctimas. “Es tan evidente el impacto negativo de ese proyecto que hasta los políticos que antes lo apoyaron ahora están pidiendo que lo cierren”.

En cada uno de los casos el memorial de agravios es más largo. Pero todos tienen una razón común para explicar los problemas: el modelo de desarrollo extractivo que se ha implementado en Colombia en las últimas décadas. Y por eso les ha tocado organizarse con sus comunidades y echar mano de tutelas, derechos de petición, consultas populares, foros marchas y protestas para hacerse escuchar.

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Varios de ellos lo han logrado. El Cerrejón ha recibido varios reveses judiciales respecto a la ampliación de sus operaciones en La Guajira, el Quimbo ya estuvo cerrado el año pasado y podría volver a estarlo si una sentencia que está próxima a salir así lo indica, y el próximo 26 de marzo los habitantes de Cajamarca expresarán en una consulta popular su opinión sobre La Colosa.

Los casos de Torres, Machado, Romero y Dussán, junto a otros 21 conflictos ambientales, componen la base de datos que desde hace tres años está construyendo el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional que se lanzó públicamente este jueves en Bogotá.

La profesora Rosario Rojas, coordinadora del Observatorio, explica que decidió crear este espacio académico debido a la gran cantidad de solicitudes que recibía el Instituto de Estudios Ambientales de la universidad, que le pedían investigar los conflictos sociales generados por los proyectos de desarrollo en el país.

“A lo largo de la investigación nos hemos dado cuenta de que, más allá de las particularidades de cada caso, existe un patrón detrás de todos los conflictos que es la búsqueda insaciable de materias primas sin respetar los territorios donde vive gente con proyectos de vida propios. Eso lleva a que estas personas se organicen y se posicionen para resistir”.

Según Rojas, la idea es que el Observatorio sirva como una plataforma en donde todos los interesados pueden encontrar información sistematizada y de calidad sobre la situación socioambiental del país. En su opinión, la cantidad de conflictos tiende a aumentar porque el modelo económico no cambia sino que se profundiza. “Y ahí se enfrentan dos visiones antagónicas. La de quienes viven en los territorios y dependen de sus recursos contra la de los que quieren sacarlo todo con el único objetivo de acumular riqueza”.