La palma y el petróleo secan Puerto Gaitán

Cuando Modesto Paredes compró 10 hectáreas de la vereda Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, pensó que viviría en un paraíso, lugar perfecto para establecer su finca Costa Brava. En esta zona rural, ubicada en los Llanos Orientales de Colombia, abundan la tierra rojiza y las extensas llanuras, que tienen como límites el río Tillavá al sur, y el Caño Rubiales al norte, principales afluentes de la zona.

Han pasado diez años desde que Modesto llegó a la vereda, y de aquel paisaje de guacamayos, dantas, ciervos y venados que recorrían sus cultivos de caña, yuca, plátano y árboles frutales, no queda nada. Cuando puso su finca, Rubiales ya era una zona enmarcada en complejos de explotación petrolera que producen miles de barriles de crudo a diario, en la actualidad a cargo de la empresa Ecopetrol. Hoy, además de la infraestructura del crudo, se ven en el horizonte más de 3.000 hectáreas de palma de aceite, un monocultivo que se ha extendido en la vereda reemplazando a bosques de galería y palmas de moriche, ecosistemas nativos de la zona.

Los problemas que arrastra la palma

La palma aceitera es el segundo cultivo que más agua consume en el país, con una demanda de 1.768 millones de metros cúbicos al año, según información oficial del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Este monocultivo, además, figura en la lista de los 12 cultivos priorizados por el Estado, tal como lo señala el Estudio Nacional del Agua de 2018, elaborado por el IDEAM, que presenta un diagnóstico de los recursos hídricos y su uso en Colombia. En el estudio se concluye que “es necesario incluir la carga contaminante que genera, trata y vierte el sector de la palma”, aunque indica también que se avanzó, en el 2018, con el diseño de una propuesta inicial para analizar los factores de vertimiento. Sin embargo, añade el documento, esto no es suficiente, pues es necesario “validar la metodología” con las mismas empresas palmicultoras, para tomar en cuenta sus procesos de “producción, generación de vertimiento y tratamiento de aguas residuales”.

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Según la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial la Macarena (Cormacarena), las empresas que siembran palma en áreas cercanas al río Tillavá son la Operadora agroindustrial del Meta y Promotora Agrícola de los Llanos Sucursal Colombia (Proagrollanos).

Héctor Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales y representante de la Asociación Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán, afirma que existe una gran carga contaminante del cultivo de la palma en la vereda. “Hay 3.500 hectáreas de palma de aceite, que las siguen fumigando y ese veneno y plaguicida terminan en el río con esos aguaceros que caen acá”, señala Sánchez.

Aquellas 3.500 hectáreas de palma se abastecen del río Tillavá, que es la principal fuente hídrica para 124 predios que utilizan el agua para el consumo humano y proyectos productivos. Los habitantes que viven cerca al río extraen el agua del subsuelo. La captación la hacen por medio de aljibes, pozos perforados directamente en el cauce, o por medio de nacederos en sus propiedades.

Sin embargo, esa captación de agua se hace cada vez más difícil para la comunidad de Rubiales, pues aseguran que la palma ha sido un agravante para que aquellos pozos y nacederos estén cada vez más secos. Evaristo Urrea, quien tiene su finca cerca al punto donde se une el Caño Rubiales con el Río Tillavá, comenta que “nosotros tenemos contabilizados más o menos 140 nacederos de agua que están desapareciendo, y son vitales para sostener el proyecto de ganadería y agricultura. A los tres días de verano quedan secos las moricheras y los nacederos”.

Un ejemplo de la escasez es la situación de Modesto, quien asegura haber hecho, a pica y pala, dos pozos en los que antes podía captar hasta dos pulgadas de agua en cada uno. “Ahora esos nacederos se secaron por completo. En este momento los pozos son un monumento muerto a la ineficiencia y a la crueldad con que las empresas nos tratan a los campesinos”, comenta.

Con la llegada de la palma, la comunidad también dice haber notado grandes cambios en la biodiversidad. Evaristo asegura que “los bosques de galerías, morichales y ríos han desaparecido en un 40%, los animales por la contaminación tienen que irse, y los peces se mueren”. Esto coincide con los hallazgos de la investigación Conflictos ambientales asociados al aprovisionamiento y regulación hídrica, generados por la expansión de cultivos de palma africana en el oriente colombiano, publicada en el 2014 por la ingeniera ambiental, Magister en Medio Ambiente y Desarrollo e investigadora de la Universidad Nacional, Alba Ruth Olmos.

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De acuerdo con Olmos, las grandes extensiones sembradas de palma “encierran” los ecosistemas, fragmentando los corredores naturales en la región y generando un impacto tanto en la superficie, como en el subsuelo. “La fragmentación no solamente afecta la conectividad hídrica sino la biológica, los beneficios de hábitat y soporte en su conjunto, debido a las retroalimentaciones y ciclos entre los distintos ecosistemas”, explica el documento.

Los ecosistemas a los que se refiere la investigadora son en su mayoría morichales o moricheras —grupos de palma moriche (Mauritia flexuosa) que retienen la humedad del entorno—, además de bosques de galerías y valles aluviales. De ellos dependen aproximadamente 567 especies que se componen de 52 anfibios, 97 reptiles, 300 aves y 118 mamíferos. Así lo documenta un monitoreo de fauna contratado por Ecopetrol en 2016, que tenía como fin ampliar la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  El informe también identificó tres especies de árboles que se encuentran amenazados: el cedro americano (Cedrela odorata), el cedro espino (Bombacopsis quinata) y el manú (Minquartia guianensis).

Los biólogos Lain Pardo y Carlos Payn en su publicación Mamíferos de un agropaisaje de palma de aceite en las sabanas inundables de Orocué, Casanare, Colombia, incluida en la revista Biota Colombia del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, exponen que “las áreas primordiales para la conservación de mamíferos en los Llanos, y donde existe más riqueza de especies, son el bosque de galería, las matas de monte y las áreas de humedales. […] Los ríos y los bosques de galería asociados funcionan a su vez como corredores biológicos para muchas especies en la Orinoquia, lo que aumenta la probabilidad de encontrar más especies”. Entre esos mamíferos se encuentran el mono maicero (Sapajus apella),  el zorro perruno (Cerdocyon thous) y la danta (Tapirus pinchaque).

Diana Tamaris, doctora en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, ha investigado el impacto de los monocultivos de palma de aceite en las aves. Según ella, existe una incidencia directa entre el uso de agroquímicos y las afectaciones a la fauna y en general a la biodiversidad. “Cuando algunas aves han consumido insectos o algún elemento vegetal que haya tenido contacto con los agroquímicos, puede desencadenar efectos en la densidad del cascarón y por lo tanto, aumenta la tasa de mortalidad de las nuevas crías de algunas especies de aves”.

En las fincas, el agua se necesita no solo para los habitantes, sino también para el abastecimiento de sus proyectos productivos. Evaristo, por ejemplo, tuvo que abandonar uno de ellos. “Teníamos un proyecto de ganadería y llegamos como a 1.400 cabezas de ganado hace 11 años, en este momento nos quedan unas 300 reses porque no hay agua, todos los años se nos mueren alrededor de 100. Lo que no se ha jodido, ha tocado venderlo”, recuerda.

Algo similar le sucedió a Modesto. “Alcancé a tener un proyecto porcícola y me tocó abandonarlo porque tocaba captar agua del Caño Rubiales y las cerdas me abortaban, no podían lograr crías y yo creo que es por el agua. Iba a pescar al Tillavá, pero con la palma y sus agroquímicos todo termina en las moricheras y va a caer al río. Antes teníamos arrobas de pescado y ahora solo cogemos máximo 2 libras”, explica. Además, dice que no riega sus plantas con agua del río porque las hojas se ponen amarillas.

La finca de Modesto Paredes se encuentra a las orillas de Caño Rubiales, un afluente que según el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Cuenca del Río Tillavá, emitido por Cormacarena, tiene una mala calidad de agua.

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En el documento se citan resultados de calidad de este afluente obtenidos en el año 2011. Allí, se mide el Índice de Calidad de Agua (ICA) en valores desde 0.0 a 1.00, donde la calidad del agua es mejor entre más alto sea su ICA. Según el informe, en Caño Rubiales, aguas arriba de los puntos de vertimiento de la actividad petrolera, la calidad del agua es mala (ICA 0,48), en una escala de calidad con las categorías Buena, Aceptable, Regular, Mala y Muy mala.

Para quienes no viven en fincas, las circunstancias tampoco son favorables. Rosalbina vive en el caserío El Porvenir, el único punto de la vereda que cuenta con un acueducto desde hace cinco años. “Consumimos el agua por ese acueducto pero es muy escaso porque por día nos llega el agua una o dos horas, o sino duramos dos o tres días sin agua, y así sucesivamente”, señala.

Cuando no alcanza el agua, los habitantes recurren a pozos artesanales, a recolectar agua de las lluvias o comprar botellones de 20 litros que cuestan 6.000 pesos colombianos (2.50 dólares). “Nosotros tenemos un nacedero que hicimos a pica y pala y por el momento creemos que el agua es limpia, pero no hemos hecho un estudio como tal, por eso la usamos para lavar. El agua del acueducto la almacenamos para consumo y cocinar. Cuando no alcanza, toca comprar”, afirma Rosalbina.

Los impactos del petróleo

Las afectaciones ambientales que puede generar el monocultivo de palma en Rubiales se suman a las dificultades que desde hace 35 años genera la explotación petrolera. El complejo petrolero Campo Rubiales se extiende aproximadamente por 55 000 hectáreas y alcanzó su mayor visibilidad bajo la administración de Pacific Rubiales, actualmente Frontera Energy. En el 2016 pasó a manos de Ecopetrol después de la crisis empresarial y económica que afrontó Pacific. En todo caso, Frontera sigue presente en la vereda a través de las empresas Meta Petroleum Corp y  Promotora Agrícola de los Llanos Sucursal Colombia.

En un principio, Modesto Paredes pensó que la exploración petrolera de estos pozos no afectaría demasiado al ecosistema, pero los años le demostraron lo contrario. “Cuando yo llegué, la petrolera estaba distanciada de la finca, pero cuando comenzó la sísmica (temblores artificiales para extraer petróleo) se empezó a secar el agua y se empezaron a ir los animales”, recuerda.

La sísmica no es la única modalidad responsable de los continuos movimientos de la tierra en la vereda Rubiales. Aunque para la industria petrolera las técnicas de reinyección, que utilizan agua a presión para desplazar el petróleo del subsuelo y extraerlo, son una forma económica de aprovechar las aguas residuales provenientes de la explotación petrolera, para el abogado defensor Derechos Humanos, Ambientales y Territoriales del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Luis Carlos Montenegro, la reinyección debería suspenderse mientras se determina su relación con los nuevos sismos.

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“La técnica de reinyección de aguas, si bien no es fracking, tampoco es una técnica convencional. Es decir, no está regulada por una norma en Colombia. Y si no está regulada, no es claro el impacto que está generando en los suelos y los subsuelos”, aclara Montenegro. Su afirmación se remite al informe El costo humano del petróleo, publicado en 2016 por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el CCAJAR.

Esta investigación integró entrevistas con expertos de la industria del petróleo, académicos y líderes sociales de la comunidad, informes de las empresas y seis talleres cartográficos en la vereda de Rubiales. En el documento, además de hacer un diagnóstico del impacto de la explotación de crudo en varias veredas de Puerto Gaitán, también se recomienda a las empresas petroleras realizar estudios confiables acerca de la generación de sismos en la zona.

José Barragán vive con su famila al lado de una de las infraestructuras petroleras. En su casa aún son visibles los rastros de los sismos que generaba la explotación. La viga principal del techo que atraviesa su casa se partió por la mitad. “Acá temblaba duro y seguido, como cada cinco minutos sonaba como una bomba y se sacudía toda la casa”, recuerda.

Los temblores artificiales, los puntos de vertimiento de aguas residuales sobre los cuerpos de agua, las tuberías que transportan el crudo y los camiones que recorren las vías, conforman la lista de dificultades ambientales que sortean los habitantes de Rubiales.

La huella de Agrocascada

En el 2014 se gestó uno de los proyectos de siembra de palma más grandes y ambiciosos de la zona: Agrocascada. Pacific Rubiales creó este proyecto pensando en una forma eficiente de utilizar el agua después de ser usada en los campos petroleros. Así, el agua que queda luego de la producción de crudo, debía pasar por un tratamiento en el que se reduciría su temperatura de 60*C a 37*C, se filtraría y finalmente sería usada para regar los cultivos, que posteriormente serán fuentes de biocombustibles. El proyecto iba a ser ejecutado por Proagrollanos y Agro Cascada S.A.S., dos empresas subsidiarias de Pacific Rubiales.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam preguntaron a Frontera Energy sobre la propiedad de dichas hectáreas de palma en la vereda Rubiales, a lo que la empresa respondió que “Proagrollanos es una sociedad con objeto agrícola, que a su vez es propietaria de un cultivo de palma de aceite localizado en la vereda Rubiales en Puerto Gaitán”.  De acuerdo con la Contraloría, desde el 22 de diciembre de 2015, Proagrollanos obtuvo el permiso para utilizar las aguas residuales de la actividad petrolera de la empresa Meta Petroleum Corp., para regar los cultivos de palma destinados a la producción de biocombustibles. Según Cormacarena, actualmente Proagrollanos no está usando ese permiso.

Comunidad y Derechos Humanos

Los reclamos de la comunidad no son nuevos. “Aquí hemos denunciado. Incluso cuando hubo una contaminación con crudo en mayo del 2018 en el Caño Ivoto que fue a parar a Caño Rubiales. La verdad uno denuncia, pero aquí amenazan a todo el mundo, no hay respaldo de nadie”, señala Evaristo Urrea.

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El seguimiento a las afectaciones ambientales llevó a que las organizaciones sociales, asesoradas por el CCAJAR, acudieran a instancias jurídicas instaurando una acción popular el 4 de marzo de 2016. “Se formuló y presentó una acción popular que buscaba, entre otros, la salvaguarda de los derechos colectivos al ambiente sano, a salubridad pública, al equilibrio ecológico y el derecho al agua. Esta acción ha venido cursando todo un proceso y actualmente estamos a la espera de la sentencia de primera instancia, hace más de un año”, afirma el abogado Luis Carlos Montenegro.

Con esta acción popular se busca retomar diálogos con Ecopetrol para actualizar una serie de acuerdos entre las organizaciones sociales e indígenas de Puerto Gaitán y la empresa, sobre distintos pliegos de petición acerca de la vida digna en el territorio, el acceso a servicios públicos, el acceso a la educación y el estado de las vías.

Por su parte, Ecopetrol hace seguimiento a las consultas previas realizadas con comunidades indígenas de Puerto Gaitán. Según el Reporte Integrado de Gestión Sostenible de 2018 de Ecopetrol, en el 2019 se están desarrollando reuniones con diferentes resguardos de la región con el fin de trabajar en proyectos conjuntos que permitan la explotación petrolera con la participación de las comunidades.

Además, el Reporte indica que en marzo de 2018, la empresa petrolera obtuvo la categoría COP Avanzado en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Con ello se reconocieron los avances que Ecopetrol muestra en su gestión ambiental. Por ejemplo, indican que actualmente reutilizan el 30 % del agua captada directamente de los ríos, y que el líquido que vierten de nuevo a los afluentes tiene una carga contaminante de 7,3 partes por millón, que está por debajo del límite máximo permisible de 15 partes por millón, establecido en la normatividad ambiental para los vertimientos a este tipo de receptores.

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Por ello, para las instituciones estatales, encargadas de conceder permisos y verificar su cumplimiento, los estudios presentados para las licencias ambientales cumplen con los estándares de calidad y responsabilidad ambiental. Pero para los habitantes de Rubiales, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, estas investigaciones se quedan cortas y no proveen la información adecuada que tenga en cuenta las necesidades y situaciones a las que se enfrenta la comunidad a diario.

Por esta razón, los integrantes del Comité Ambiental Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán han invitado a la Unión Europea a realizar una misión de verificación y observación en terreno para que ellos se puedan dar cuenta de la situación de riesgo a la que se están enfrentando los defensores de derechos humanos territoriales y ambientales en Rubiales.

Mientras las empresas y la comunidad que comparten los predios y recursos naturales de la vereda llegan a una solución adecuada, el día a día de los habitantes de Rubiales sigue lleno de incertidumbre sobre el futuro del agua que cada vez se vuelve más escasa y se queda entre el petróleo y la palma.

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