Fauna silvestre a la venta

_{María Lourdes Zimmermann/Mongabay Latam}

Lapiceros sin minas con agua en su interior, son el depósito de dos o tres alevinos, así se le conoce a las crías de peces de agua dulce que viajan desde Colombia sorteando todos los controles de seguridad de los aeropuertos internacionales. Su destino es Asia, el continente al que llegan para ser introducidos dentro de atractivos acuarios, como símbolos de abundancia, riqueza y prosperidad.

Para la Policía de Colombia, esta es una de las tantas modalidades que les permiten a los traficantes de fauna transportar hacia destinos internacionales, especies provenientes de ríos de las regiones de la Amazonía y la Orinoquía.

Según Luz Amparo Pinto Rivera, jefe del nuevo Grupo Investigativo de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (GIDAR), de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), “las modalidades de tráfico son distintas y usan desde encomiendas o envíos humanos, hasta cajas de icopor en las que le hacen un micro hábitat a las especies traficadas o usan antiguos rollos fotográficos en los que son transportadas pequeñas ranas venenosas, y botellas plásticas de bebidas gaseosas para pasar desapercibidos los controles policiales y filtrar aves exóticas como guacamayos de un lugar a otro”.

Los traficantes de fauna usan métodos crueles con los que sacrifican miles de especies en el tránsito hacia la ilegalidad. De 10 animales traficados sólo uno llega a su destino, aclara la funcionaria y explica que “el problema que actualmente tiene el país es no contar con ningún sistema de monitoreo que identifique fauna silvestre, los aeropuertos no cuentan con tecnología de punta para identificar animales silvestres y por correos comerciales no se revisa el contenido enviado, así que es fácil que pasen sin que nadie sospeche”.

Los correos humanos, una de las técnicas utilizadas para transportar pequeñas aves de un país a otro, es una de las modalidades de tráfico de fauna silvestre identificadas por la DIJIN y puesta en práctica por la banda autodenominada “Los pajareros”. Esta red criminal conformada por ocho personas fue desmantelada en julio y lo que hacía era extraer aves de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. “Los traficantes se amarraban con cinta animales pequeños como pájaros, alrededor del cuerpo, que iban sedados para que pasaran desapercibidos y así atravesaban a otros países” aclara Pinto.

Aves, ranas, serpientes y mamíferos como tigrillos y osos perezosos son extraídos de sus hábitats naturales y entregados a los traficantes para que sean vendidos en el país y fuera de él. Campesinos, pescadores y comunidades indígenas los capturan y los dejan en manos de cuidadores, que durante uno o dos días se encargan de mantenerlos con vida para luego entregarlos a los distribuidores, que previamente han recibido solicitudes vía telefónica. Así funcionan las redes, según las autoridades.

La tenencia de mascotas no es la única razón por la que se trafican animales silvestres. Los indicadores de la DIJIN y de la Policía Ambiental y Ecológica destacan cinco departamentos del Caribe colombiano como los puntos más calientes del país para el desarrollo de esta actividad ilícita, donde las especies son extraídas para vender su carne, sus pieles o comercializar otras partes de los animales. En lo que va del año 2016, Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar y Córdoba son los departamentos que encabezan la lista de captura y caza ilegal.

El total de especímenes extraídos en los cinco departamentos durante el 2016 bordea los 11.197 animales de cinco especies principalmente: Hicotea (Trachemys callirostris), Iguana (Iguana iguana), Babilla (Caiman crocodylus fuscus), Canario (Serinus canaria) y Tortuga (Chelonoidis carbonaria), entre otros animales extraídos de humedales y bosques secos de la región. El tráfico de fauna silvestre en estos cinco departamentos equivale a la mitad de la cifra total de animales ilegalmente comercializados en el país, que a la fecha suman 20.415 ejemplares de fauna.

Iguanas y tortugas, dos especies amenazadas

Más de 48.776 operativos realizados por la Mesa Técnica Interinstitucional para el Control Ambiental — integrada por la Policía Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales (autoridades ambientales en el país) — mostraron los casos más desgarradores de tráfico en la región Caribe y otros lugares del país durante los dos últimos años.

El 1 de marzo de 2016, víspera de la Semana Santa en Colombia, cientos de tortugas o hicoteas (Trachemys callirostris) fueron decomisadas por la Policía Ambiental de Córdoba, un departamento enriquecido con una gran red de humedales y el quinto con mayor tráfico del país.

El intendente William Guzmán, a cargo de la Policía Ambiental, intervino a dos grandes traficantes de hicoteas (Trachemys callirostris) que tenían en su poder 192 de estos animales. Los detenidos fueron luego puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Las tortugas fueron entregadas a la autoridad ambiental del departamento, según lo explicó el intendente, y luego regresadas a su hábitat.

La extracción de huevos y hembras adultas para la venta y consumo de carne, así como la comercialización de neonatos como mascotas, constituyen el principal problema de sobreexplotación de las poblaciones de hicotea. Esta situación se agrava si consideramos que el objetivo de caza está sobre todo puesto en las hembras adultas, especialmente en época de reproducción.

Para cazarlas, los extractores se camuflan en las ciénagas colocándose máscaras hechas a base de hojas para cubrir sus rostros. Eligen dos temporadas para capturarlas: de diciembre a mayo y de julio a agosto, precisamente cuando las hembras desovan, porque son más vulnerables y presas fáciles de sus captores. Los cazadores las atacan con armas punzantes e incluso queman los lugares en los que anidan provocando incendios.

La sobre explotación de esta tortuga está ligada principalmente a su consumo como parte de una tradición cultural muy arraigada en las áreas de distribución de la especie. Esta situación es crítica en la época de Semana Santa y durante toda la Cuaresma, porque la hicotea al tener carne blanca es consumida como parte de una costumbre religiosa, así como la carne de las iguanas y de otros animales silvestres.

Sucre es el segundo departamento con los niveles más altos de tráfico del país. “Se estima que más de un millón de individuos de Trachemys callirostris son cosechados anualmente solamente en la región de La Mojana en Sucre”, precisa el Libro Rojo de Reptiles de Colombia.

Pero las tortugas no son las únicas. En febrero de este año, la policía detuvo a un grupo de traficantes que pretendía comercializar 50.000 huevos de iguana, considerados un manjar al norte del país. El destino de esta carga ilegal era la ciudad turística de Cartagena. Los huevos, según la policía, estaban camuflados entre una ruma de plátanos que eran trasladadas en un vehículo de servicio público. Las autoridades estiman que más de 1.000 iguanas tuvieron que ser sacrificadas.

Según Víctor Hugo Gómez Arias, comandante del departamento de Policía en Bolívar, en los primeros meses del año se capturaron a 59 personas y se decomisaron más de 80.000 huevos de iguana.

Las cifras oficiales de la Policía Nacional confirman que en lo que va del 2016 se han capturado 5.060 traficantes que han sido puestos a disposición de la Fiscalías. Además, se han decomisado 6.878 hicoteas, 1.505 iguanas, 1.144 tortugas morrocoy y 2.837 babillas o caimanes.

Algunos de los reptiles más traficados del país, como la hicotea y la tortuga morrocoy, están catalogadas en estado de conservación Vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, la UICN destaca la reducción de sus poblaciones como consecuencia del consumo de su carne, de sus huevos y la demanda para ser utilizadas como mascotas. Al contrario de estas, la babilla y la iguana no están incluidas en la publicación porque sus poblaciones están estables.

Un traficante de temer

Isaac Miguel Bedoya Guevara, campesino de uno de los departamentos con mayor tráfico de especies silvestres en Colombia, llevaba más de 30 años comercializando osos perezosos en una vía del departamento de Córdoba que conduce a la ciudad de Medellín.

Este hombre era considerado el traficante de osos perezosos más grande de América. Las autoridades estiman que vendía animales a turistas y que sus redes se extendían más allá de las fronteras, llegando hasta Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Durante más de tres décadas comercializó animales sin consecuencias visibles y, según su expediente, la Fiscalía señala que extrajo más de 10.000 osos de su hábitat natural.

Bedoya era de Colomboy, un corregimiento considerado como un punto neurálgico del tráfico de fauna en el departamento de Córdoba, según el Intendente William Guzmán, jefe de la Policía Ambiental.

“Colomboy fue controlado pero aún quedan lugares difíciles de intervenir para erradicar el tráfico como Altos de Polonía, allá la gente se dedica a comercializar especies que al parecer vienen del Nudo del Paramillo pero se niegan a dejar la actividad y piden ser indemnizados para dejar de traficar”, asegura el Intendente.

Hoy el traficante de osos más grande de América afronta una condena de 64 meses (más de cinco años) de prisión domiciliaria por aprovechamiento ilícito de los recursos renovables.

La banda de ‘Los Pajareros’

Pero la suerte de Isaac Miguel Bedoya Guevara no fue la misma que corrieron los ocho miembros de ‘Los pajareros’, una banda criminal capturada en julio pasado por la DIJIN que operaba en varios países de América y comercializaba animales silvestres por todo el país.

La operación fue el golpe más duro al tráfico de fauna silvestre dado por el nuevo cuerpo de investigaciones de delitos ambientales de la DIJIN, durante el 2016. Ocho allanamientos realizados en varias poblaciones de los departamentos de Tolima y Cundinamarca, lograron derrumbar una cadena de proveedores, vendedores y cuidadores de aves, mamíferos y reptiles extraídos de la vida silvestre.

Durante un año y medio, un grupo de investigadores le hicieron seguimiento a esta red de tráfico de fauna que operaba en países fronterizos con Colombia como Perú y Ecuador, y que incluso transportaba animales hasta México, comercializando mensualmente un promedio de 500 ejemplares, según Luz Amparo Pinto, jefe del nuevo Grupo Investigativo de la DIJIN.

La investigación dejó en evidencia el costo de los ejemplares de fauna y el funcionamiento de toda la cadena de tráfico conformada por cazadores y proveedores, que sacaban por encargo animales de la naturaleza y los entregaban por ínfimos costos a vendedores, quienes luego ganaban hasta 200 veces más. Estas personas utilizaban sus casas como pequeños centros de acopio de animales.

Al final de la operación, 80 animales de diversas especies fueron ingresados a centros de recepción y rehabilitación de fauna silvestre, para luego ser devueltos a su hábitat natural.

Por 100.000 pesos un cazador extrae un flamenco rosado (Phoenicopterus ruber ruber), lo traslada al interior del país — sedado, atado y escondido en cajas de flores — y es el vendedor, el último eslabón de la cadena, el que lo comercializa a 2 millones de pesos. De la misma forma se trafican tigrillos, osos perezosos, chigüiros, guacamayas, loros y muchas especies más.

La DIJIN estima que redes como esta pueden ganar entre 80 y 140 millones de pesos al año, pero el que menos gana es el que extrae a los animales silvestres.

‘Los pajareros’ fueron sentenciados pero su pena fue inferior a cuatro años, lo que significa que no fueron encarcelados. Hoy los ocho delincuentes están en libertad por orden de un juez.

En Colombia la comercialización, movilización y tenencia ilegal de fauna están penalizadas por la Ley 1333 de 2009. Las multas van desde los 5.000 salarios mínimos hasta la prisión efectiva (48 a 108 meses). Sin embargo, la mayoría de las veces los delincuentes quedan en libertad porque sus penas no superan el tiempo estipulado por ley.

El tráfico de partes y el análisis de ADN

El tráfico de partes es otra modalidad de estas cadenas delictivas en el país. Los animales no se escapan de la crueldad de esta práctica en la que se comercializan partes de ellos en el mercado negro como pieles, plumas, colmillos, garras, picos, grasa, carne y huevos. Muchos de estos elementos son utilizados luego como trofeos de caza, adornos o para extraerles sustancias afrodisíacas y medicinales.

Para estos casos, las autoridades necesitan analizar las partes traficadas para determinar a qué especies pertenecen. Por eso, bajo la administración de la Policía Nacional, se decidió crear el primer Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres de Latinoamérica, como una estrategia para combatir el tráfico de flora y fauna.

Y aunque actualmente el laboratorio está en una etapa de validación de la calidad de sus técnicas, para identificar especies e individuos que les permitan construir evidencias probatorias, se logró realizar un análisis que evidenció el tráfico de vejigas de peces con destino al mercado chino.

Paul Blorr, investigador y PHD en biología evolutiva que integra el equipo del laboratorio, explicó cómo lograron descifrar este caso. “Por las características del material no se sabía si era biológico o realmente plástico, no tenía ninguna característica morfológica para identificar de qué se trataba y es ahí cuando los análisis genéticos tienen su fortaleza”, explica Blorr. La Secretaría de Ambiente pensó en un primer momento que se trataba de una piel de murciélago, pero al ser analizado en el laboratorio el material sospechoso  se estableció que era una vejiga seca de un pez de la costa colombiana, que por cierto tenía como destino la China.

“No teníamos claro cómo el hallazgo tenía una repercusión internacional y terminamos de encontrar la respuesta en un congreso, en el que nos mostraron como los chinos utilizaban estas vejigas en sopas y como un solo kilo podía costar más que un kilo de cocaína, por eso es llamada la cocaína del mar”, concluye el experto.

Las vejigas, consideradas como un plato afrodisíaco, son vendidas en el mercado ilegal de China y Hong Kong a precios que oscilan entre los 60.000 y los 600.000 dólares por unidad, según la organización ambientalista internacional Greenpeace.

Este primer caso que no constituyó un delito, por la falta de información sobre el tema, fue el primer ensayo para el laboratorio colombiano.

En genética de especies traficadas en el país, el Instituto Humboldt tiene un camino ya trazado, y en este aspecto, el Laboratorio de Genética de la Conservación del Instituto trabaja para identificar especies silvestres víctimas de tráfico ilegal en Colombia. A partir de 281 muestras de tejidos provenientes de todo el país, los investigadores del Humboldt generaron secuencias del código de barras genético de 152 especies de aves de Colombia, especialmente endémicas, incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en riesgo por tráfico ilegal. Algunas de estas especies son loros, colibríes y aves de caza, 47 de las cuales no habían sido aún catalogadas.

Por primera vez se obtuvieron los registros de códigos de barras de ADN para 38 colibríes, cuatro loros, tres halcones y dos especies de búhos, principalmente endémicos de los Andes del Norte, lo que corresponde al 46% de las especies de aves registradas en la lista colombiana CITES, según información publicada en la reciente edición de la revista Molecular Ecology Resources.

Desde ahora, todas las especies de aves que han sido catalogadas genéticamente podrán ser identificadas a partir de extraerles gotas de sangre, plumas, huevos o muestras de músculo y huesos. Esta información es una herramienta valiosa no solo para autoridades ambientales y judiciales, sino también para la comunidad académica.

Colombia: Cuando la ley tarda en llegar

La mayoría de los detenidos por el delito de tráfico de fauna silvestre quedan en libertad, según la DIJIN. Para la abogada y experta en derecho ambiental Laura Santacoloma, “en Colombia no hay estímulos ni legales ni económicos para disuadir a los traficantes, y eso es parte de una política pública débil o casi inexistente”.

Santacoloma agrega que “las penas son muy bajas porque para el derecho no se justifica la pérdida de libertad de una persona frente a ese delito, o al menos no por un tiempo prolongado es decir, pareciera que para la sociedad no es tan alto el costo del tráfico de especies”. La experta enfatiza que el país debería crear una serie de estímulos para promover la conservación y el apoyo de iniciativas de aprovechamiento sostenible, como parte de una estrategia para regular el mercado del tráfico y acabar con él.