Así avanza la formalización del sector minero colombiano

Jonathan Ríos empezó a ir a la mina a los 12 años. Al igual que muchos de sus familiares y jóvenes del corregimiento de Providencia (San Roque, Antioquia), después del colegio iba a los socavones a ‘chatarrear’, es decir, a buscar oro en restos minerales. Pronto pasó a sumergirse durante horas en las entrañas de la tierra para extraer el metal, que en 2021 alcanzó una producción histórica en Colombia de 2,5 millones de onzas, un 66,6 por ciento más que el año anterior.

No existe un censo minero actualizado, pero se estima que más de 70.000 personas se dedican a la minería de pequeña escala en el país. La gran mayoría son informales, según el exviceministro de Minas Carlos Andrés Cante. Ese era el caso de Jonathan, que se ganaba la vida en un trabajo sin seguridad laboral, con nulas medidas de seguridad, y expuesto a redadas y arrestos de las autoridades. “Cuando había apogeo, había personas que trabajaban 24 horas seguidas. Porque se gana por comisión y porque nunca se sabe cuándo va a llegar la policía”, recuerda.

La explotación operaba sin autorización dentro del título minero de la empresa Gramalote. Así que en 2018 la compañía les propuso transitar la vía de la legalización mediante un subcontrato de formalización minera. Esta figura legal, creada en 2013, permite que comunidades dedicadas tradicionalmente a la pequeña minería puedan operar dentro de un título minero ya registrado. Dieciocho dueños de socavones de la región, entre ellos Jonathan, se unieron para formar la empresa Mineros La María S. A. S., y se convirtieron en uno de los ya 286 subcontratos de formalización registrados ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).

“Al principio había desconfianza, pero negociamos y Gramalote nos dio asesoría técnica y jurídica para organizarnos y tener la licencia ambiental. Este año duplicamos la producción porque ya estamos tecnificados: tenemos vías, instalaciones y maquinaria. Contamos con unos 170 trabajadores, todos con seguridad social y riesgos laborales”, explica el abogado Dorian Sosa, representante legal de la nueva compañía.

Como parte del compromiso de formalización, los mineros de la comunidad dejaron de usar mercurio para obtener oro y eliminaron el trabajo infantil. Además, se han convertido en mentores de comunidades de todo el país que están empezando a explorar la vía hacia la legalidad. “El precio del oro también es un gran incentivo. En terreno, el precio del oro que reciben los mineros informales está entre el 50-70 por ciento del precio internacional. Y un minero formalizado puede mover su oro con comercializadores formales que le van a ofrecer un precio del 90-95 por ciento del precio internacional”, explica Jairo Cárdenas, gerente de Sostenibilidad Minera de la Alianza por la Minería Responsable.

Las barreras

En junio, el Gobierno nacional anunció que había conseguido la cifra de 25.000 mineros formalizados durante el cuatrienio. El objetivo es alcanzar los 27.000 antes de finalizar el periodo, un número más de cuatro veces mayor al obtenido durante los últimos 12 años, según el Ministerio de Minas y Energía. El logro ha sido fruto de figuras como los subcontratos de formalización y las áreas de reserva especial; esta última modalidad cuenta ya con 4.048 beneficiarios autorizados ante la ANM y constituye un importante paso en la senda de la legalización.

“Además, tenemos herramientas nuevas, como los contratos de concesión diferenciales y los contratos de operación. Se viene dando un tema de coexistencia entre la gran minería y la pequeña minería. En los últimos diez años, hemos visto cambios legales y de políticas que han llevado a un aumento notable de la formalización”, explica Cárdenas.

No obstante, el reto es inmenso. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado en 2020, el 69 por ciento de las hectáreas dedicadas a la explotación de oro de aluvión en Colombia son ilegales. Para Cárdenas, un mayor control del comercio del oro y promover la bancarización son claves para disminuir la informalidad. “Pero lo primero es un tema de acceso al recurso. En Colombia casi todo el territorio donde hay mineral ya está adjudicado, pero existen zonas en las que el concesionario no realiza la actividad. El Gobierno podría aprovechar esos títulos para hacer formalización minera”, añade.

Incluso Jonathan Ríos, quien lleva ya cuatro años en la formalidad, tiene opiniones contradictorias. “Si fuera minero raso, preferiría trabajar en la informalidad porque ganaría más, aunque es muy inestable y son muchísimas horas de trabajo. De todas formas, me duele ver a familiares y amigos perseguidos, de acuerdo con la ley, por la policía. Por eso, yo le digo a todos que se animen a formalizarse: al final es mejor”, explica.

A pesar de los desafíos, la experiencia de este grupo de mineros de San Roque es una muestra de los beneficios sociales, ambientales y económicos que trae la formalización de un sector minero que supone el 2 por ciento del PIB nacional.

Los retos continúan

“La única manera de formalizar la minería y quitársela a la criminalidad es que las personas de la industria puedan acceder a servicios financieros, como créditos para hacer exploración y explotación o cuentas para pagar las nóminas de los empleados”, explica Juan José Parada, consultor privado en derecho minero-energético.

Ya hay un primer gran avance: la ley de bancarización minera, aprobada el año pasado en el Congreso. Sin embargo, de acuerdo con Parada, hace falta una reglamentación adecuada del Gobierno para que el sector bancario tenga el suficiente marco de confianza. “El caso de los juegos de azar es un ejemplo perfecto. Solo hasta que se empezó a consolidar un modelo de cumplimiento normativo fue que los bancos abrieron sus servicios a ese sector. Eso es lo que debe ocurrir en minería”, agrega Parada.

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