¿Cómo transitar hacia un país más descentralizado? Esto opinan algunos gobernadores de Colombia

La centralización del poder y los recursos en Colombia ha sido un tema de debate recurrente en la política nacional durante muchos años. Gobernadores de departamentos como Antioquia, Bolívar, La Guajira, Tolima, Meta y Chocó coinciden en que el centralismo que hay en la nación ha afectado la autonomía territorial y las finanzas regionales. Por este motivo, varios de ellos señalan la necesidad de transitar hacia un país más descentralizado y proponen reformas que otorguen mayor autonomía y recursos a los territorios.

Para Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, el centralismo es “uno de los cánceres que tiene el Estado”, pues la mayoría de los departamentos y municipios del país dependen en gran medida de los giros que hace el gobierno nacional, especialmente a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

“Nosotros sí somos unos convencidos de que acá necesitamos tener autonomía territorial. Los departamentos solamente tienen una participación del 5 % en los impuestos nacionales y digamos que esa participación en esos impuestos que son regresivos dependen del consumo de licor, cerveza, cigarrillos y solo un 5 % del impuesto de vehículos, es decir los recursos son escasos”, aseguró la mandataria.

Esta situación, según Matiz, limita severamente la capacidad financiera de los territorios, impidiéndoles desarrollar proyectos autónomos y efectivos para el bienestar de sus habitantes. A esta opinión se sumó Yamil Arana, gobernador de Bolívar, quien además señaló que en Colombia se tienen las finanzas centralizadas, pero las responsabilidades descentralizadas en educación, salud e infraestructura sin los correspondientes recursos.

“Primero hay que empezar a descentralizar las finanzas porque lo que nos han descentralizado en estos últimos años, han sido las responsabilidades. Por ejemplo, en el PAE al departamento de Bolívar le están girando el 30 % de los recursos de una cobertura del 60 %. Hoy en el Plan Nacional de Desarrollo nos convidan y motivan a que llevemos esa proporción a cobertura universal pero, con los recursos que nos están enviando hoy, solo nos garantizarían el 15 % de esa cobertura universal. ¿Cómo nos van a alcanzar los recursos?”, advirtió.

Por su parte, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, también coincide en que hay una desproporción en el presupuesto destinado a cubrir el PAE, dejando muy poco margen para otras necesidades locales.

Esta desproporción, según Cortés, impide que los departamentos puedan ejecutar proyectos de desarrollo sostenible y atender adecuadamente las necesidades de sus comunidades.

“El PAE es un proyecto que es del gobierno nacional pero que lo pagan las gobernaciones y son miles de millones. Por ejemplo, hay departamentos que reciben 100 mil millones en regalías y 90 mil millones son del PAE. O sea, el gobierno nacional ha tenido buenos proyectos, pero no está ayudando a las gobernaciones donde los recursos son muy pocos”, expresó.

Propuestas y caminos a seguir

Pero, ¿cómo podría cambiar este panorama para otorgar mayor autonomía y recursos a los territorios? Los gobernadores coinciden en que la solución pasa por una descentralización efectiva de las finanzas. Esto implica una redistribución más equitativa de los recursos nacionales hacia los territorios, acompañada de una mayor autonomía en la gestión de estos fondos. Además, proponen una reforma del SGP para aumentar la participación territorial y una revisión de las responsabilidades descentralizadas para asegurarse de que vengan acompañadas de los recursos necesarios.

“Los gobernadores de Colombia le hemos propuesto al señor presidente la posibilidad de que reformemos el Sistema General de Participaciones. No puede ser que estemos en una distribución 80/20: 80 % para la Nación y 20 % para los territorios, cuando somos los territorios los que tenemos la mayoría de las responsabilidades que nos asigna la ley y el mismo gobierno nacional”, enfatizó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Asimismo agregó que es muy importante que en el mediano plazo logren “transitar hacia la modificación del SGP para que se amplíe la participación de nivel territorial frente al nivel central”. Esta reforma, según ella, es crucial para que los territorios puedan enfrentar de manera más efectiva sus desafíos locales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, también compartió que en una cumbre de gobernadores llevada a cabo a inicio de año, los 32 gobernadores del país le enviaron una carta al presidente Petro solicitando aumentar la participación regional en el SGP debido a la escasez de recursos que llegan a los departamentos.

Entre tanto, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, destacó que desde su departamento se impulsa un referendo constitucional que abogue por una mayor autonomía financiera en las regiones.

“Los municipios quedaron con una protección constitucional en cuanto a sus rentas y por eso es que nos hemos embarcado a conformar el comité promotor del referendo para modificar un artículo de la Constitución (que impulse la independencia fiscal en Antioquia), pero apelando a la ciudadanía. Colombia ha sido un país innecesaria y excesivamente centralizado, sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos que es desde las regiones desde donde se construye y se salvaguarda la institucionalidad de Colombia, es desde las regiones donde se le puede cambiar la vida a las personas”, afirmó Rendón.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, propone que se escuchen las realidades sociales del territorio y se haga una mejor distribución de los recursos desde el Ministerio de Hacienda, considerando que cada gobernante departamental conoce mejor las necesidades de su región.

Con estos llamados al Gobierno nacional, los gobernadores de Colombia demuestran que están unidos en una causa común por la descentralización que les permita tener mayor autonomía financiera y capacidad de gestión para responder de manera efectiva a las necesidades de sus territorios. La reforma del SGP y una redistribución equitativa de los recursos nacionales son vistas como pasos fundamentales para lograr un desarrollo más justo y sostenible en todo el país.