¿Cómo va Colombia con el cumpliento de los compromisos ambientales que asumió?

El 22 de abril pasado, Día de la Tierra, Google escogió para su doodle la misma fotografía de los glaciares de Groenlandia, pero en fechas diferentes: diciembre de 2000 y diciembre de 2020. Las imágenes revelaron su rápido descongelamiento y cómo la nieve dejó de predominar. Al hacer clic, se redireccionaba a la búsqueda del término ‘el cambio climático’, que arrojaba cerca de 368 millones de resultados en 0,43 segundos. Esta cifra es, quizás, una prueba innegable de que el tema, después de debatirse desde hace más de 50 años, por fin logró un espacio importante en la agenda pública, aunque le tomó tiempo.

El 12 de diciembre de 2015, el Acuerdo de París fue adoptado por 197 países miembro de Naciones Unidas en la COP21 (Conferencia de las Partes) y, en 2016, fue ratificado por 189 Estados, entre los que se cuenta Colombia. En este documento, los Gobiernos se comprometieron a “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C”.

Para cumplir con lo pactado, el Acuerdo de París estableció que cada país debía plantear los compromisos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), las cuales contemplan las medidas para mitigar, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y adaptarse, lo que significa prepararse para los impactos del cambio climático.

En 2015, Colombia presentó su primera NDC y, en 2020, según lo estipulaba el Acuerdo, actualizó el documento estableciendo metas más ambiciosas a 2030. Por ejemplo, se comprometió a disminuir en un 51 por ciento las emisiones de GEI a 2030, reducir la deforestación neta de bosque natural a cero hectáreas por año a 2030, y lograr la carbono neutralidad a 2050, pese a no ser uno de los principales emisores del mundo, ya que emite solo el 0,5 por ciento del total a nivel global.

Existen, además, 30 metas de adaptación en áreas como recurso hídrico, protección de ecosistemas terrestres y marinos costeros, restauración, áreas protegidas, gestión del riesgo, infraestructura, agricultura, vivienda, transporte, energía, salud y comercio.

En 2021, el Gobierno colombiano promulgó la Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2021), con la que fortaleció el marco político y normativo de la acción climática del país, para así poder cumplir con las NDC. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la unión entre los temas de la ley y las NDC deja un total de 237 metas y medidas de adaptación, mitigación y medios de implementación, que se reparten entre las entidades del orden nacional (124), territorial (89) y las empresas del sector privado (24).

Para Mauricio López González, director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas, “la Ley de Acción Climática da una orientación general de cómo los distintos sectores tienen que afrontar el tema, no solo del cumplimiento del Acuerdo de París, sino de alcanzar la carbono neutralidad, de llegar a la transición energética. Es una apuesta de muy largo plazo que no puede quedarse solo en la letra, sino en más acciones. Colombia ha avanzado positivamente en unas acciones y en otras, debe mejorar de una manera mucho más activa”.

¿En qué frentes se debe avanzar más? Según López, en movilidad sostenible para aumentar el parque automotor eléctrico y a gas, “empezando por el transporte público y por el de carga”. Otro asunto que destaca son los proyectos de generación de fuentes de energías renovables no convencionales. “Los eólicos y fotovoltaicos se han ido multiplicando. Pasamos de una cifra simbólica de capacidad de 19, 20 o 50 megavatios a otros que pueden generar 2.400 megavatios. Hay un grueso de ellos en La Guajira, y hacemos un llamado de atención allí: hay que permitir su desarrollo, porque todavía hay temas pendientes de participación ciudadana y de consultas previas”, recalca.

Por último, López enfatiza en que, para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la mayor y más eficaz medida es cero tolerancia con la deforestación. “Tenemos que reducir a cero las hectáreas deforestadas por la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la ampliación de frontera agrícola no sostenible. Es un trabajo que implica acción ciudadana, de los organismos de control y de la fuerza pública”.

Al respecto, desde el punto de vista del exministro de Ambiente y profesor Manuel Rodríguez Becerra, las condiciones para llevar la deforestación a cero de aquí a 2030 no están dadas, porque en los últimos ocho años no se logró disminuir el problema en el país a pesar de los compromisos de los Gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. “No hay ninguna razón para pensar que en los próximos ocho años se vaya a reducir en forma muy sustantiva: hacerlo implica también unas enormes inversiones gubernamentales, como la que tiene que ver con la mayor presencia del Estado en la región amazónica. Mientras que el Estado no tenga una mayor presencia, es improbable que una deforestación como la de la región amazónica se pueda echar atrás”, expresa.

Sobre la Ley de Acción Climática, Rodríguez afirma que su gran vacío es que “no tiene recursos económicos para su implementación”, lo que implicaría una adición del presupuesto nacional dirigida a cumplir la mayor parte de acciones, que están desfinanciadas. “En el grueso de las actividades no hay financiación, por lo que al próximo Gobierno y al siguiente les tocaría allegar recursos para el efecto, pero lo claro es que, con el déficit fiscal actual, es muy poco probable que puedan conseguirse”.

Por el momento, con la ‘Estrategia para el fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de los riesgos climáticos’, del DNP, y la ‘Estrategia colombiana carbono neutral’, del Ministerio de Ambiente, las empresas privadas trabajan en adaptación al cambio climático y reducción de su huella de carbono. Finalmente, en cuanto al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, de ‘Acción por el clima’, a través de la Política de Crecimiento Verde Conpes 3934 y la Ley de Gestión del Cambio Climático, se señalan los criterios de gestión y planificación para los sectores, el Gobierno y los territorios, haciendo obligatorios el diseño e implementación de planes de cambio climático hacia 2030 para cada región.

Tres desafíos de Colombia de cara al Acuerdo de París

• Cubrir las necesidades de financiamiento para cumplir las metas globales. El primer ejercicio de costeo de las 30 metas establecidas en las NDC del país determinó que se necesitan 10,7 billones de pesos para llevarlas a cabo.
• Aumentar las fuentes de información desde las cuales se consigue identificar cómo ha sido la movilización de recursos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático.
• Fortalecer la resiliencia de los territorios, mejorar las capacidades de las poblaciones de sobreponerse a los efectos del cambio y la variabilidad climática, darles los insumos a las comunidades rurales para vencer la inseguridad alimentaria.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

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