Especial Minería
Crece la minería ilegal en Colombia. Esto proponen los expertos para combatirla
Las estrategias en la lucha contra la minería criminal son insuficientes para ponerle freno a un fenómeno que sigue creciendo en departamentos como Chocó, Antioquia y Nariño.
En Chocó, Antioquia y Nariño sigue creciendo la minería ilegal. De acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, en ambos departamentos se identifica la mayor cantidad de áreas de explotación de oro de aluvión (Evoa) en Colombia. De hecho, el 73 por ciento de la explotación de este oro en el territorio nacional es ilegal. Chocó es el departamento más afectado, ya que concentra 37.841 hectáreas de Evoa, de las cuales 33.938 son ilícitas.
Colombia ha intentado frenar la minería ilegal con estrategias que incluyen tanto la formalización como la destrucción de maquinaria amarilla empleada para esta práctica. Sin embargo, la rentabilidad del negocio sigue atrayendo grupos criminales y organizaciones delincuenciales. Los expertos coinciden en que los resultados históricos no son alentadores, aunque reconocen los esfuerzos por mejorar la situación.
Algunas estrategias que las autoridades han adelantado para combatir esta actividad, que genera problemas ambientales, conflictos territoriales, desplazamiento forzado y violencia, incluyen operaciones de las Fuerzas Militares como la que se organizó en la Amazonia con el apoyo del Gobierno de Brasil. Fue todo un éxito. Se desmanteló una estructura ilícita de yacimientos mineros que extraía más de 23 kilogramos de oro al mes. Además, generaba un impacto terrible a los ecosistemas amazónicos, pues se vertieron 114 kilogramos de mercurio que contaminaron 68 millones de litros de agua.
El país también busca formalizar a los pequeños mineros artesanales. Según la Unodc Colombia ha generado respuestas efectivas en relación con la protección ambiental, legalización y formalización, como la Ley de legalización y formalización minera, que establece cuatro ejes fundamentales relacionados con “enfoque diferenciado, simplificación de trámites y procesos, articulación efectiva entre las instituciones nacionales y locales, y acompañamiento de la autoridad minera en el proceso de legalización y formalización”.
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César Díaz, ex viceministro de Minas, destacó que este Gobierno, al igual que sus antecesores, tiene la voluntad de avanzar en la formalización de los pequeños mineros ilegales y artesanales. No obstante, advirtió que “estas medidas no han sido muy efectivas. Ni destruir maquinaria amarilla ha dado grandes resultados, por lo que es importante buscar otros mecanismos para enfrentar este tema”. A su juicio, algunas comunidades mineras pequeñas no se han formalizado “porque dicen que es un camino muy extenso, los instrumentos son muy complejos y hay largos tiempos de espera. Hay que revisarlo”, puntualizó.
Para Marcela Bayona, otra experta en temas mineros, este fracaso también se explica en la ausencia de un censo minero que permita conocer cuántas unidades de producción minera sin título existen y así buscar una salida para el cierre y restauración de las mismas. “No se puede tener una receta única para atender todo el territorio nacional. La realidad en cada lugar requiere de una estrategia que permita aprovechar los minerales de la zona, así como restaurar y recuperar estas áreas”, resaltó la experta.
Por su parte, Daniela Vergel, socia del área de Energía & Cambio Climático de la firma CMS Rodríguez-Azuero, coincidió con los expertos en que “no existe una efectividad de estas medidas y los índices de la actividad ilegal no sólo se mantienen, sino que se incrementan, principalmente en la extracción de oro, plata y carbón”.
