El impacto de los programas sociales en la seguridad ciudadana

El Primer Encuentro de Seguridad, Convivencia y Justicia, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales, fue el escenario ideal para que diferentes entes del país discutieran y analizaran, más allá de las soluciones urgentes, algunos problemas estructurales sobre la seguridad en el país.

Una de las solicitudes propuestas por las gobernaciones, además de actualizar el censo de los colombianos y los migrantes, fue revisar la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), principal herramienta de distribución de recursos por parte del Gobierno Nacional para transferencias a los departamentos hacia sectores como educación, salud, acueducto y alcantarillado.

Al respecto, Ana María Palau, consejera presidencial para las Regiones, resaltó la importancia de revisar “junto al director ejecutivo de la FND el SGP, justamente en función de ajustarlo a una necesaria actualización del censo”.

Palau subrayó cifras que ayudan a evidenciar la importancia de la articulación de los diversos entes del Estado y de los aportes sociales para combatir la pobreza. “El tema social impacta la seguridad en las ciudades. Cuando llegamos al Gobierno en 2018, teníamos alrededor de 4 millones de hogares beneficiarios de los programas de transferencias sociales. Tras la pandemia, se crearon dos programas que con el apoyo de todos están llegando a 9 millones de hogares en Colombia”.

Además, destacó que desde que se crearon los programas de transferencias sociales en 2001 se han invertido 55 billones de pesos, de los cuales 25 billones fueron transferidos en los últimos 3 años. “Ese 45 por ciento que el Estado ha brindado ha sido gracias al trabajo articulado entre el Gobierno, el Congreso, las gobernaciones y administraciones locales. Sin eso, los índices de seguridad serían diferentes, es una relación causal y directa”, recaló Palau.

Bajo esa premisa, el gran reto para consolidar las diferentes apuestas en seguridad es definir y discutir, además de legislación y políticas públicas, las responsabilidades de financiación de cada entidad; para lo cual es clave lograr una reestructuración del SGP. “Queremos seguir trabajando de la mano con la FND y Asocapitales en el SGP y en una propuesta estructural sobre las cárceles”, concluyó Palau.

*Contenido en colaboración con la Federación Nacional de Departamentos