Especial infraestructura
Este es el plan del gobierno Petro para impulsar el desarrollo de la infraestructura regional
El nuevo Gobierno se propone saldar una deuda histórica con las regiones y mejorar la competitividad de Colombia. La ANI y el Invías trabajan de manera articulada para alcanzar este propósito.
Una de las grandes apuestas del sector transporte para este cuatrienio es fortalecer la coordinación y gerencia estratégica de las diferentes entidades, entre ellas el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Guillermo Toro, director general de Invías, explicó que “la complementariedad del conocimiento, del diálogo y de las distintas competencias permite que el sector tenga como prioridad el desarrollo de la infraestructura y el beneficio de las comunidades del país”.
En sintonía con este propósito, durante estos cuatro años se invertirán por lo menos 23 billones de pesos en infraestructura, de los cuales 8 billones serán para los caminos comunitarios de la paz total. A pesar de que las vías terciarias representan el 70 por ciento del total de vías del país, por años no hubo presupuesto para invertir en ellas lo que afectó no solamente la comunicación de las zonas rurales sino la competitividad de los productores agropecuarios. Pero en este cuatrienio serán la prioridad. Además, también se destinarán 2 billones de pesos al mejoramiento de los corredores de vías secundarias regionales; otro billón para la conectividad fluvial y 13 billones al crecimiento de la Red Nacional Vial.
Toro advirtió que uno de los frentes de obra es el impulso de alternativas de financiamiento para el desarrollo de proyectos, especialmente de infraestructura regional, que permiten generar recursos a través de los peajes a cargo del Invías; la titularización del recaudo de peajes y ser gestionado en la Bolsa de Valores de Colombia. También se pondrá el pie en el acelerador del proyecto de optimización de activos en los predios recibidos a través de los bancos de hábitat y la publicidad en carreteras.
En materia de innovación, Toro resaltó que Colombia es uno de los pocos países que se han propuesto desarrollar programas tecnológicos orientados a consolidar la infraestructura resiliente y sostenible. “Por eso, se está trabajando en Gestión de Infraestructura, la herramienta que permite monitorear la actividad en carretera en tiempo real o predecir cuándo debe ser intervenida la infraestructura”. Y agregó que otro de los proyectos que hoy son clave es el de ‘Vías Inteligentes ITS’, que controla el tránsito, el peso, velocidad de los vehículos y las rutas alternas que se pueden utilizar en las vías.
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A lo anterior se suman las iniciativas de sostenibilidad ambiental como los requerimientos de uso de maquinaria cero emisiones en los procesos de construcción, de sistemas de circulación y reciclaje, de grano caucho reciclado en el pavimento y de nuevas tecnologías en bioenergía.
La ruta de la sostenibilidad
Aunque la palabra sostenibilidad se asocia con factores ambientales, sociales y económicos, hay un concepto clave que ha comenzado a tener un rol relevante en Colombia: la sostenibilidad fiscal. Al respecto, William Fernando Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó que, incluso antes de comenzar con el portafolio de proyectos concesionados, la entidad cubría exclusivamente las tres primeras dimensiones y el Estado tenía por práctica construir proyectos de obra pública con una limitación de inversión, por el principio de anualidad, que no permitía obras de largo plazo.
El desafío actual es incorporar reglas de operación para construir infraestructuras con vigencias futuras, “de cuatro, seis o diez años, y en ese contexto avanzar con un marco fiscal de mediano plazo. A eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad fiscal”, precisó Camargo. Por eso, hoy la ANI desarrolla un portafolio con base en cuatro dimensiones de sostenibilidad, aunque anclado a determinantes ambientales, y en las licencias y autorizaciones emitidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y los Lineamientos del Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Ambiente, “que deben tramitarse antes de que comiencen las obras e incluso al inicio de los procesos de concesión”.
En cuanto al componente de sostenibilidad social, se busca garantizar que se pueda mitigar el impacto que cause a una comunidad el desarrollo de una obra. La prioridad es preservar el legado cultural e histórico de las poblaciones de su área de influencia.
Las tareas de la ANI contemplan, además, mejorar las condiciones de las familias de los tenedores de tierras a través de la titularización, garantizar la reubicación o reasentamiento por compra de predios, y las compensaciones a las familias impactadas; además de fortalecer emprendimientos y empleo alrededor de los proyectos. “Trabajamos con Juntas de Acción Comunal y consejos comunitarios de comunidades negras o indígenas para que las intervenciones de la infraestructura acompañen el tejido social”.
En el aspecto económico es clave mejorar los tiempos de viaje para disminuir componentes asociados a la contaminación y la congestión, y mejorar la competitividad “no solo de los municipios, sino en general de las regiones que impactamos. Esa reducción se traduce en ahorros para los costos de operación, los transportadores, usuarios habituales, y los costos asociados a la canasta familiar”, detalló Camargo. La apuesta del nuevo Gobierno se concentra en el fortalecimiento y la oferta de modos con matriz energética limpia o de baja emisión, y esto contempla la electromovilidad y el desarrollo de un sólido sistema férreo y fluvial.
*Contenido elaborado con apoyo de INVÍAS - ANI
