Opinión
Impuestos: más contribuyentes, pero con tarifas bajas
Impuestos: más contribuyentes, pero con tarifas bajas Unos tributos sencillos, no distorsionadores de la actividad económica, le darían al Gobierno los recursos y la capacidad necesarios para maniobrar en tiempos normales y extraordinarios. También construirían legitimidad.
Por: Andrés Julián Rendón*
Joseph Stiglitz, nobel de economía, ha definido como características deseables de un sistema tributario: i) la sencillez de administrarlo; ii) la justicia, al tratar diferente a los diversos agentes económicos; iii) la eficiencia, al generar la menor distorsión posible en el aparato productivo; iv) la flexibilidad, entendida como la capacidad de ajustar el sistema a los vaivenes del entorno; v) la responsabilidad política, para que los ciudadanos sepan qué están pagando.
Mirar el sistema tributario colombiano a la luz de estos principios rectores deja de manifiesto que aún es vigente hablar de una reforma tributaria. Y ojo, una reforma tributaria no necesariamente implica aumentar los impuestos. Podríamos aprovechar la crisis fiscal que se agravó por la pandemia para corregir lo que hace rato sabemos está mal, alivianar el peso tributario de muchos contribuyentes, reducir el gasto improductivo y aumentar los ingresos del fisco nacional.
Primero, los tributos en Colombia encierran una verdadera maraña de complejidades. A nivel nacional, los más representativos son el impuesto de renta y el IVA -44 y 42 por ciento del recaudo total nacional, respectivamente-. Ambos están llenos de exenciones y distintos tramos tarifarios, lo que dificulta a la DIAN su administración, pero facilita a contribuyentes inescrupulosos la evasión.
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Segundo, para nadie es un secreto la desigualdad que existe en nuestro país. Lo peor de todo es que la política fiscal en nada resuelve la situación. Esta debería ser útil para gravar con equidad (más a los que tienen más y menos a los que tienen menos); recaudar más -apenas conseguimos en tributos el 14 por ciento de toda la economía, muy inferior a nuestros pares-; y entregarles buenos servicios a los más necesitados. Sin embargo, datos de la OCDE confirman que la medición de desigualdad por GINI prácticamente no cambia después de impuestos y transferencias para Colombia -0,57-.
Tercero, es claro cómo esta situación tributaria no permite una eficiente asignación de los recursos. Para esto solo centrémonos en la distorsión tan dañina que generan los parafiscales -contribuciones a la nómina- en el mercado laboral, ocasionando una informalidad que bordea el 50 por ciento. Esto, al encarecer la contratación formal del trabajador en un 52,9 por ciento, según Eduardo Lora.
Cuarto, lejos de la recomendación teórica, los tributos del Gobierno nacional no “estabilizan automáticamente” nuestra economía, ni en los auges ni en las recesiones. En estos últimos casos el gobierno casi siempre ha hecho uso de mecanismos extraordinarios, tanto de impuestos como de gastos, para que la economía retorne a su senda de crecimiento, o para evitar sencillamente que ésta se vuelva más pequeña.
Quinto, no solo por lo desquiciado que es nuestro sistema tributario, sino también por la forma tan equivocada en que elegimos a concejales, diputados y congresistas (sistema proporcional), los contribuyentes poca certeza tenemos de lo que pagamos y de la forma en que se gastan los ingresos en los distintos niveles de Gobierno. Los politólogos han dicho que esto rompe el “eslabonamiento político” que debe existir entre representantes y representados. Yo agregaría que además dificulta el apego a una de las más importantes máximas de las democracias liberales: “No a la tributación sin representación”.
Pero, ¿y qué hacemos con este diagnóstico?
En el caso del impuesto de renta, sería útil establecer la obligación de que todos declaremos ingresos, así no todos paguemos impuestos. Abogo porque no pague el 97,6 por ciento de la población, es decir, quienes están en situación de pobreza extrema (7,2%), pobreza (19,8%), vulnerabilidad (39,8%) y la clase media (30,8%). Para 2018, el DANE estimó que la clase alta en Colombia es aquella que percibe ingresos mensuales de $3.045.147 por persona, lo que alcanza a ser el 2,4 por ciento de la población total del país.
A renglón seguido, también deberíamos eliminar todas las exenciones, salvo una para los ingresos laborales, pensionales y de capital hasta de $3 millones/mes -el BID sugiere que el umbral de descuento no supere el ingreso per cápita de los países, $1.75 millones/mes para el caso colombiano-. Así solo serían sujeto del impuesto de renta las personas que ganen más de esta cifra, pero igual la podrían descontar de su renta gravable. Esto es, si alguien se gana $36 millones en el año ($3 millones x 12 meses), declararía renta pero no pagaría monto alguno. Si otra persona se gana $48 millones en el año, podría descontar de esta cifra los $36 millones que están exentos, dejando como renta gravable sólo $12 millones.
También necesitamos establecer, como lo hicieron con éxito hace ya un cuarto de siglo varios países de Europa Oriental, una tarifa única de renta. Ésta, no mayor al 25 por ciento, sería igual para personas naturales y jurídicas, a fin de evitar arbitrajes. De esta manera, el contribuyente con un ingreso gravable de $12 millones, pagaría $3 millones de impuesto de renta en el año.
Esta ganancia en simplicidad no sacrifica la progresividad. El que tenga un salario mensual de $4 millones/mes terminaría con una tasa efectiva de tributación del 6.25 por ciento; un súper pudiente, que los hay en Colombia, con ingresos mensuales de $44,5 millones, pagaría una tasa efectiva 3.7 veces mayor que el primer contribuyente, 23,3 por ciento.
Para el caso de las empresas, sería útil mantener la posibilidad de descontar el impuesto de industria y comercio -ICA- del monto gravable de renta. Este tributo, si bien dinamiza mucho las finanzas locales, nos resta competitividad, pues se liquida sobre ingresos brutos.
En cuanto al IVA, urge establecer una tarifa única y general para todos los bienes y servicios de la economía que no supere el 12 por ciento. Habrá que exigir se le regrese a la población más pobre del país lo pagado por este concepto, tal y como lo ha hecho ya con mucho acierto el Gobierno nacional para un millón de familias en medio de esta crisis.
Simplificar el sistema tributario podría duplicar los tributos más importantes y ayudar a corregir el déficit; le daría al Gobierno recursos frescos para no dejar disparar la pobreza; y si se focalizara bien el gasto público, comenzaríamos a construir un país más equitativo.
La pandemia ha puesto de manifiesto muchos anacronismos. Varios de ellos toman lugar en el mercado laboral. Los colombianos debemos entender que, después de la violencia, el drama social más grande que padecemos es la informalidad. Resolver eso pasa por flexibilizar la contratación laboral y reducir los sobrecostos que hoy existen para tener con “todas las de la ley” a un empleado. Después de todo, como afirmara Reagan: “el mejor programa social del mundo es un empleo”. Muchos hoy nos preguntamos, ¿para qué cajas de compensación, y otros parafiscales si estamos es luchando por mantener los empleos? Urge reducir los mal llamados impuestos a la nómina a la mínima expresión, y financiar los renglones prioritarios de la seguridad social con impuestos generales.
Finalmente, unos tributos sencillos no distorsionadores de la actividad económica le darían al Gobierno los recursos, y la capacidad, necesarios para maniobrar tanto en tiempos normales como en tiempos extraordinarios. También construirían legitimidad. Los ciudadanos verían en el Estado y en quienes lo regentan que se está a su servicio. La democracia saldría ganando.
*@AndresJRendonC
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