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La vivienda impulsa el desarrollo de las familias más vulnerables del municipio de San Juan de Urabá
En los próximos dos años se construirán 556 viviendas rurales, que además de garantizarles una vivienda digna a comunidades indígenas, madres cabeza de familia y desplazados, generarán cerca de 3.000 empleos y un nuevo dinamismo para el comercio de materiales en la región.
Geomaira Gonzalez, su esposo y sus cinco hijos llegaron al municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, en 2001. La violencia los desplazó de su hogar en Moñitos, Córdoba. Exhaustos, pero con la ilusión de comenzar de nuevo se acomodaron en la última casa de Damaquiel, un corregimiento famoso por sus playas y manglares; lugares que Geomaira se ha dedicado desde entonces a proteger junto con un grupo de mujeres con quienes realiza jornadas de limpieza. Hoy esta valiente mujer es líder de la comunidad que la adoptó.
Geomaira será uno de los 1.500 beneficiarios de las 556 viviendas rurales que se construirán en el municipio durante los próximos dos años. Contenta cuenta que se imagina una casa con un patio grande y piezas amplias. “A mí me gusta participar en todo”, afirma entre risas y comenta que ha estado muy pendiente de la construcción de su nuevo hogar. “Solicité información con la secretaría encargada y me dijeron que comenzando abril empieza la construcción”.
La misma alegría embarga a Onila Suárez, habitante del sector 2 de abril. Aunque es mucho más reservada que Geomaira sonríe mientras habla de su futuro hogar. “La muchacha llegó y me dijo: mira, saliste beneficiada para una vivienda. Estoy contenta y muy agradecida”, cuenta.
Onila ha vivido 42 años en San Juan de Urabá. Actualmente comparte con sus sobrinas una casa de madera. El día en que pueda estrenar su vivienda, asegura, se preocupará por vivirla y celebrar ese momento con una reunión especial.
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Manos a la obra
“San Juan tiene más del 60 por ciento de su población en áreas rurales”, explica la secretaria de Infraestructura, Angélica Díaz y enfatiza en los esfuerzos que se han realizado desde la administración municipal para garantizar una vivienda digna a esta población. “Se debe presentar los proyectos y concursar con más municipios, hay que tocar muchas puertas”, admite.
Para la construcción de las 556 viviendas el municipio participó en varias convocatorias y consiguió apoyo de entidades como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA), la Fundación Apostolado la Aguja y Confama. Milcíades Urzola, asesor para temas de vivienda en San Juan de Urabá, detalla que “en total fueron tres convocatorias con distintas destinaciones y fuentes de financiación”.
El primer proyecto contempla 100 viviendas de interés social en la zona rural del municipio. “Estas serán construidas en los terrenos propios de los beneficiarios”, puntualiza Urzola. Durante el proceso se trabajó de la mano con VIVA y finalmente la inversión ascenderá a los 3.200 millones de pesos. “Esta articulación le permitió al municipio ser beneficiario de la primera convocatoria de Vivienda Social para el Campo, liderada por el Ministerio de Vivienda”, advierte María Fanery Sucerquia, gerente general de VIVA.
Durante el primer semestre de 2021 se espera empezar con la ejecución, una vez finalizada la parte contractual, ya que el convenio será por 18 meses. “Seis meses serán para la estructuración y los estudios técnicos, y el resto para la ejecución”, comenta Díaz, quien espera que a finales del 2021 y principios del 2022 ya estén construidas la gran mayoría de viviendas.
El segundo proyecto representa una inversión de más de 6.000 millones de pesos para la edificación de 100 viviendas rurales que son un hito en el municipio, ya que Necoclí y San Juan de Urabá fueron los únicos municipios del departamento que accedieron a este beneficio por medio de un concurso.
Actualmente se avanza en el cierre financiero que de acuerdo con Urzola consiste en que “el municipio y VIVA aporten los recursos en un fondo y después el Ministerio gire el 80 por ciento faltante”.
Para el último proyecto se logró la gestión de 127 viviendas rurales para familias vulnerables, que contará con una inversión de 5.500 millones de pesos.
Todas las viviendas serán gratuitas y se construirán de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda. Deben tener entre 55 y 60 metros cuadrados, cocina independiente, tres habitaciones, zonas comunes, terraza y baño. “Se beneficiará la población desplazada, las madres cabeza de hogar y las familias indígenas”, advierte Urzola.
Estas obras significarán además la generación de por lo menos 3.000 empleos entre mano de obra calificada y no calificada, y un nuevo impulso a la comercialización de materiales de construcción en la región.
El municipio también participa de la Convocatoria Hogares Dignos para la Vida, que tiene como meta mejorar pisos, baños y cocinas de las viviendas más vulnerables de la zona urbana y rural, como una estrategia para disminuir el déficit cualitativo. En total se realizarán 110 trabajos.
VIVA ha concentrado esfuerzos en realizar un acompañamiento técnico a los procesos de titulación y estructuración de nuevos proyectos. “Las metas que tenemos trazadas son ambiciosas para intervenir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo del municipio. Estamos en coordinación con la administración municipal para gestionar los proyectos de vivienda nueva rural y urbana que contribuyan a solucionar este problema”, concluye Sucerquia.
En los próximos meses se espera concretar la alianza entre el municipio, la Fundación Apostolado la Aguja y Confama que sumará 229 viviendas nuevas en el casco urbano y rural. “Aún no podemos decir de cuánto será la inversión, porque estamos en proceso de construcción de la alianza”, comenta Diana Jaramillo, directora de proyectos de la Fundación Apostolado de la Aguja, quien destaca que presentar soluciones de vivienda en San Juan de Urabá es urgente.
“Hemos estado en varias veredas y nos encontramos con viviendas en condiciones no aptas para vivir”, señala Jaramillo y agrega que esta alianza no solo se basa en la construcción de viviendas. “Queremos que en cada casa haya un hogar, entonces aportamos herramientas para mejorar la convivencia familiar y comunitaria”, concluye.
