Ley de Insolvencia, un salvavidas en tiempos de pandemia

Admiro el sector empresarial de Colombia. Es un gran luchador que libra batallas permanentes: el mínimo de ingresos para sostenerse, las ventas, las compras, la rotación de inventarios, el deterioro de la cartera, la subida del dólar, el impacto para los que importan, el beneficio para los exportadores, las heladas, la nómina, los impuestos y, por supuesto, los bancos.

Estos últimos son los socios principales que acompañan todos los sectores, especialmente al mercado empresarial. Sumado a los innumerables frentes que deben atender las compañías, llega la visita inesperada de la pandemia y para muchos se activa la ‘gimnasia bancaria’, un desgastante ejercicio encargado al líder empresarial que consiste en tapar y abrir frentes a través de las diferentes modalidades de financiación con un solo propósito: sobrevivir y atender sus compromisos, incluyendo los relacionados con la banca, que implican unos costos financieros preocupantes.

Ahí es cuando el poder de negociación se hace a un lado y crece como espuma el endeudamiento. Por el afán, en algunos casos no se toman las mejores decisiones. Por ejemplo, contratar operaciones de crédito a corto plazo con ciclos de negocio de largo plazo hace que crezca el embudo y rápidamente se aprieta la caja de la compañía y se distrae el foco gerencial, que es el que busca crecer a través de la innovación, la calidad, la rentabilidad, la búsqueda de nuevos mercados con grandes oportunidades en el exterior y las ventas y sus canales, que exigen cambios encaminados a la digitalización.

Muchas empresas en prepandemia registraban serios problemas financieros, pero el covid-19 fue la gota que rebosó el vaso. La única pregunta entonces era: ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ante la amenaza de una avalancha de quiebras, que igual no se logró atajar, el Gobierno nacional lanzó un salvavidas transitorio, el decreto 560 de abril de 2020, una ley que permite que las empresas puedan hacer los ajustes necesarios, normalizando sus relaciones comerciales y sus compromisos crediticios a través de un proceso de reorganización y reestructuración de sus activos, pasivos y procesos operacionales, entre otros.

En palabras simples, este es un proceso legal de negociación de emergencia. Se solicita a través de la Superintendencia de Sociedades y les abre un espacio a las empresas con dificultades económicas para sentarse a la mesa con sus acreedores financieros y no financieros. Juntos, deben “buscarle la comba al palo” para recuperar el rumbo financiero y firmar un acuerdo de pago que les permita atender sus compromisos en un tiempo razonable, estabilizar su negocio y crecer de una forma sostenible.

Al corte del año 2020, de acuerdo con el Informe de la Superintendencia de Sociedades, han sido admitidas al proceso de reorganización 822 empresas. A través de la Ley 1116 de 2006 entraron 429 compañías; a la Ley 772 de 2020, diseñada para las micro y pequeñas empresas, se acogieron 277; y la Ley 560 de 2020 incluyó 116. En lo corrido de 2021 se admitieron 376 deudores; de estos, el 73 por ciento se acogió al decreto Ley 560 y el porcentaje restante, a la Ley 772.

Este mecanismo, que busca la estabilización financiera de las empresas, es un gana-gana para todos: los empleados, el fisco, los proveedores y el sistema financiero. No hay que temerle a la banca, hay que verlo como un socio estratégico y un asesor financiero de largo plazo que tiene claro que estos procesos no se adelantan para recoger y darles salida a sus clientes. Al contrario, permite consolidar la relación comercial, pues sus clientes representan su mayor tesoro y tienen el total convencimiento de que su participación activa es la fórmula para encontrar el mejor camino para las partes, definiendo de común acuerdo el escenario más viable en plazos, tasas, periodos de gracia, garantías y por qué no, cupos transitorios que en el camino se necesitarán.

No se trata de recoger todo en un solo crédito y pagar. La dinámica empresarial requiere apalancamiento permanentemente. Con todo esto, y con el acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades, los empresarios llegarán a mejor puerto. Así que mi consejo para los emprendedores y líderes empresariales es que no tengan miedo ni prolonguen la decisión de tomar el camino responsable. Al acogerse a la Ley 560 cuando lo requieran se genera un espacio que protege transitoriamente su patrimonio ante cualquier acción, los blinda y, lo más importante, a sus colaboradores también.

*Experto y consultor en banca y seguros.