Más recursos para financiar la educación superior: el reclamo de las universidades

La educación superior es fundamental para el desarrollo económico, social y político de un país. Maximiliano Gómez, viceministro de Educación Superior, advierte que “la sociedad colombiana necesita que los jóvenes tengan acceso a las instituciones de educación superior (IES) para que hagan las veces de conciencia y motor que mejore y transforme a Colombia”. Por su parte, Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), asegura que “se necesitan IES que estén en capacidad de formar a las nuevas generaciones para que respondan a las demandas del mercado laboral y puedan asumir de manera responsable y competente los compromisos que requiere una sociedad en vía de desarrollo”.

En Colombia, la educación superior se financia a través del modelo de oferta y demanda: por vía de la oferta, con recursos propios de las IES o aportes de la Nación y de los entes territoriales en el caso de las instituciones públicas. Por vía de la demanda, son las familias las que financian el sistema mediante el pago de las matrículas, para lo cual muchas recurren a créditos educativos con distintas entidades bancarias, cooperativas y el Icetex.

“El Icetex ha sido un actor muy importante en el esquema de financiación de la educación superior. Su papel ha sido aumentar la participación en programas de educación superior a través del mecanismo de créditos condonables y reembolsables”, precisa Manuel Acevedo, presidente del Icetex.

La financiación de la educación superior pública está establecida en la Ley 30 de 1992. Sin embargo, en el gobierno del presidente Iván Duque se dispuso de 4,5 billones de pesos adicionales, de los cuales ya se han desembolsado más de 3,4 billones. Según Gómez, “estos recursos se han destinado a fortalecer el presupuesto de funcionamiento de las IES públicas, el financiamiento de proyectos de inversión que promueven el mejoramiento de la calidad, saneamiento de pasivos, formación doctoral y fortalecimiento de la infraestructura física y de las capacidades de investigación”.

Aunque estos recursos han permitido satisfacer algunas de las necesidades de las IES públicas, José Alfredo Aparicio, director del Instituto de Estudios en Educación (Iese) de la Universidad del Norte, enfatiza que si bien estamos en una dirección positiva respecto a lo que pasaba en Colombia hace una década “aún nos encontramos muy atrasados. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en países como Chile el gasto por cada estudiante está en 9.610 dólares, mientras que en Colombia es de solo 5.702 dólares”.

No obstante, el Gobierno nacional y las IES públicas y privadas continúan haciendo esfuerzos para garantizar que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Por parte del Estado se han promovido programas como Ser Pilo Paga, Generación E, el Fondo Solidario para la Educación y recientemente la implementación de la matrícula cero; estrategias con las que se busca financiar la educación superior principalmente de la población de estratos 1, 2 y 3, y de estudiantes que provienen de municipios rurales y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“La aprobación de la matrícula cero marca un hito en la educación superior del país, ya que fortalece el acceso y la permanencia de los jóvenes de las familias más vulnerables”, añade Gómez. Por su parte, las universidades privadas también han hecho importantes inversiones que contribuyen al financiamiento. “Por ejemplo, han desarrollado programas de becas y estímulos a la excelencia académica, apoyando la participación en actividades deportivas y culturales y desarrollado planes de pago para evitar la suspensión de los proyectos de vida de estudiantes que se han visto afectados por las dificultades que la pandemia ha generado en la economía de las familias”, asegura Domínguez.

Aunque son valiosos los esfuerzos que se han realizado para financiar la educación superior y fomentar que cada vez más estudiantes accedan a la universidad, más que seguir buscando recursos económicos hay que trabajar conjuntamente para garantizar una educación de calidad. “La educación en el país es responsabilidad de todos y debe primar el bien común. Hay que dejar el egoísmo a un lado y ser altruistas para realmente garantizar que todas las políticas públicas que beneficien el acceso a la educación puedan ser llevadas a cabo”, concluye Aparicio.

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