Reforma al Sistema General de Participaciones: se necesita voluntad política para saldar la deuda constitucional

Después de más 30 años de la promulgación de nuestra Constitución Política, la demanda por la descentralización no cesa, y hoy a la agenda de la opinión pública en medios de comunicación, academia y sociedad civil, se suma la particular coincidencia, en el Gobierno central y el Congreso de la República, de la voluntad política necesaria para darle, de una vez por todas, la importancia que merece el mandato que dispuso que las Entidades Territoriales tendrían la autonomía suficiente para garantizar su desarrollo y la atención de sus gentes.

El señor presidente Gustavo Petro, se comprometió en la pasada Cumbre de Gobernadores realizada en el departamento de Bolívar, a iniciar un proceso de rescate de la voluntad del constituyente de 1991, y emprender, junto a los 32 gobernadores, una reforma sustancial al Sistema General de Participaciones e implementar progresivamente las recomendaciones de la Misión de Descentralización en dos frentes: ajustes fiscales y ordenamiento del territorio.

Antes de enredarnos en debates infructuosos sobre el presente y el futuro del orden constitucional, lo lógico es garantizar su estabilidad a partir del cumplimiento y desarrollo de la Constitución vigente, aquella en la cual todos los servidores públicos, de todos los niveles, han jurado cumplir. Ante lo cual, los congresistas que llevan sobre sus hombros la representación de las regiones están jugados a favor de ellas y con el cumplimiento de la esencia, el alma y las transformaciones reales de la Colombia regional que alberga nuestra Carta Política en el título XI en los artículos a partir del 287.

Expertos de distintas vertientes, convocados por la FND**, reivindican hoy la autonomía como la capacidad de gestión independiente de los asuntos propios de nuestros departamentos y que garantizarían la eficaz prestación de servicios públicos y la atención de las necesidades que las comunidades reclaman, obligaciones que encontrarán solución cuando se les devuelva a las regiones lo que se les ha arrebatado con las contrarreformas y la asignación de competencias sin los recursos que respalden su cumplimiento.

Es claro que esas contrarreformas han sido fuente de desangre de la riqueza de las regiones y han provocado desequilibrios tales como que hoy los departamentos reciban únicamente un 4 por ciento de los recursos de los recaudos nacionales, mientras el gobierno central  administra el 80 por ciento y los municipios disponen del 16 por ciento. Saldar esas cuentas es, más que una simple consigna, una obligación constitucional, legal y moral.

Son entonces caminos fundamentales: primero, reclamar para las regiones la posibilidad real de administrar sus propios recursos y participar equitativamente de las rentas nacionales para cumplir con eficiencia sus funciones; así como, segundo, formular una verdadera Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que sirva, en esencia, para redistribuir las competencias entre la Nación y los departamentos, de manera que queden asignadas de forma equilibrada y en concordancia con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

En aras de garantizar la voluntad del constituyente y la reactivación económica que requiere el país, es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones y a la ejecución de sus planes de desarrollo territoriales; no obstante, situaciones recientes como la reducción del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) afecta gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo y lo objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de nuestras regiones; esto, aunado a las normativas que limitan la autonomía territorial para la ejecución de los recursos del SGR, da como resultado la insolvencia de las entidades territoriales.

Es inexcusable con el Estado y los colombianos que se deje de lado la polarización y la controversia, y un vehículo hacia un sólido punto de encuentro será el desarrollo de las regiones. Siendo optimistas, hoy tenemos razones suficientes para contar con el más importante de todos los insumos: la voluntad política para darle vida a la descentralización y autonomía territorial. ¡Qué el 2024 sea el año de saldar la deuda constitucional!

*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

**Expertos que participaron en el libro de memorias ‘Reflexiones para afianzar la autonomía territorial’, impreso por Editorial Planeta para la Federación Nacional de Departamentos.