Regiones se articulan para mejorar seguridad ciudadana

La percepción de seguridad ciudadana está en su más bajo nivel. De allí la pertinencia del “Primer Encuentro de Seguridad, Convivencia y Justicia, ¡Responsabilidad de todos!”, organizado en Montería por la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, y auspiciado por el Ministerio del Interior.

El evento se realizó debido a la necesidad de articular esfuerzos locales, regionales y nacionales para enfrentar como sociedad los distintos ámbitos que han sido afectados por la violencia, según lo indicó Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

“Desde la Federación Nacional de Departamentos se ha venido reivindicando y revalidando nuestro compromiso de trabajar de la mano del Gobierno Nacional en todos los sectores, especialmente: convivencia y seguridad, para replantear cómo venimos trabajando y cómo podemos en el trámite normativo actual del Congreso y desde nuestras acciones inmediatas, fortalecer la percepción de seguridad en nuestros ciudadanos”, explicó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.

Cifras que preocupan

De acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio del Interior, de los 12.600 homicidios que se cometen en Colombia, el 23% son producto de riñas.

Del total de asesinatos, el 19% son con arma blanca, mientras que más del 70% se cometen con armas de fuego, en su mayoría ilegales. Se calcula que en Colombia cuatro millones de armas son ilegales, solo 700.000 (setecientas mil) cuentan con salvoconducto. El 11% de las armas están en manos de la Fuerza Pública, mientras que el 79% las tienen los civiles. La mayoría llegan importadas por piezas.

Microtráfico, uno de los grandes problemas

De acuerdo con información del Observatorio de Drogas del Ministerio del Interior, en el país se han detectado 60 nuevas sustancias psicoactivas. En el negocio criminal de la droga en Colombia, el precio inicial se multiplica entre 23 y 71 veces. La cocaína que va a México y/o Centroamérica puede llegar a multiplicarse entre 6 y 35 veces. Esto significa que para los criminales es más rentable vender la droga en Colombia.

Debido a lo anterior, se están especializando en las distintas etapas del negocio: cultivo, procesamiento, transporte y distribución. Particularmente la fase de distribución y comercialización se está diversificando con ayuda de la tecnología, pues ahora también distribuyen la droga por medio de aplicaciones.

Al respecto, Olivier Inizan, representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), manifiesta que uno de los temas fundamentales con relación al microtráfico es contar con una investigación técnica y científica que contribuya a la toma de decisiones. Ello debe permitir conocer la caracterización de las sustancias consumidas, patrones de consumo y precios a nivel local.

“El narcotráfico se ha venido reinventando a una velocidad mayor a la que como Estado hemos podido reaccionar. El microtráfico ha acelerado la instrumentalización de la población vulnerable a través del miedo, la intimidación y las oportunidades que seguramente no hemos dado como Estado”, manifestó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey.

Propuestas de las gobernaciones y algunas alcaldías

Tanto gobernadores como alcaldes de ciudades capitales resumieron en cuatro puntos las peticiones al Gobierno Nacional para mejorar la seguridad de los ciudadanos:

• Política de rescate social: atacar la pobreza, para lo cual se necesitan recursos. Por ello pidieron a Planeación Nacional actualizar los censos tanto de la población colombiana como de los migrantes. Y que el Sistema General de Participación (SGP) se distribuya conforme a esa nueva cifra de población.
• Reformas a la justicia: el objetivo es que permitan que la Policía y la justicia vayan en la misma dirección, ya que la Policía captura a los delincuentes en flagrancia pero los jueces los dejan en libertad porque las leyes así lo permiten. Así mismo, solicitaron que el hurto violento, con cualquier tipo de arma, dé para que esa persona sea llevada a una cárcel.
• Construir más cárceles: para eso los entes territoriales municipales están en disposición de dar su aporte, que sería del 20%. El Gobierno Nacional tendría que asumir el porcentaje restante.
• Política de seguridad ciudadana: que haya una política de seguridad ciudadana nacional para enfrentar a las bandas del crimen organizado en todas las ciudades del país.

La respuesta del Gobierno

Según el Gobierno Nacional se revisará el SGP para que los recursos sirvan como instrumento para apalancar las mejoras que necesita el sistema carcelario colombiano y para la atención de los migrantes con vocación de permanencia y de tránsito.

Con referencia a la segunda petición, el ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó que en la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno está preparando, se habló con la Procuraduría para que ayude a incluir el sistema de justicia restaurativa dentro del Código Penal y del Código de Policía. También en la nueva ley se contempla que quien porte ilegalmente un arma necesariamente tiene que ir a la cárcel.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que en las próximas semanas entrará en vigencia el decreto que regula y controla el uso de armas traumáticas, de las cuales hay en el país más de 500.000 (quinientos mil), lo cual quedó en evidencia durante el paro, los bloqueos y actos de vandalismo que se presentaron en el país entre abril y mayo de este año 2021, armas que comenzaron a ser modificadas y usadas contra la Fuerza Pública.

Con el nuevo decreto las armas traumáticas se equiparan a las armas de fuego y tienen que cumplir los mismos requisitos: deberán tener permiso especial y salvoconducto. Desde el Gobierno consideran que con esta regularización va a haber mayor control y se disminuirán las posibilidades de delitos y hurtos.

Sobre la construcción de nuevas cárceles, el primer inconveniente es el costo que asciende a los ochenta mil millones de pesos. Aunque el ministro del Interior expresó que hay otras estructuras que pueden cumplir con la función de recluir a personas de menor peligrosidad que cuestan entre cinco y seis mil millones de pesos.

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, planteó que las cárceles se concesionen a privados, como sucede en Estados Unidos, donde se logra la recuperación de los reclusos con proyectos de alto impacto social y económico.

Aplicación de justicia restaurativa

Con relación a la cuarta petición, se acordó que en el proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, que radicará el Gobierno en los próximos días, se incluirá la aplicación de la justicia restaurativa, se fortalecerá la convivencia ciudadana y se aplicará un enfoque de cara a la seguridad ciudadana y la prevención de delitos.

“Estamos enfrentando a verdaderas organizaciones criminales que ven solo la maximización de la renta y el control territorial como su único propósito”, afirmó el secretario de seguridad de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño.

A su vez, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, advirtió que “las capacidades de nuestra Fuerza Pública, que es de las mejores del continente, no están adecuadas para enfrentar al nuevo enemigo que tenemos, alimentado por el narcotráfico y microtráfico. La Fuerza Pública está preparada para la confrontación, pero el enemigo ahora anda en moto, de civil, con arma corta, haciendo todos los negocios de narcotráfico, de extorsión. Los esfuerzos hay que enfocarlos a la inteligencia y a la tecnología”.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, destacó la importancia de espacios como el de este encuentro para articular las propuestas de seguridad para las regiones. “Nuevamente poner a disposición de todos ustedes estos espacios que desde la Federación de Departamentos y Asocapitales venimos trabajando, y que en siguientes eventos contarán con la Federación Nacional de Municipios para articular a todos los territorios de Colombia”.

El compromiso para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de convivencia en todo el país es reducir los homicidios, luchar contra hurto e impunidad, y mejorar las herramientas tecnológicas para combatir la criminalidad en todas las ciudades, mediante un trabajo conjunto y articulado del Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes y Fuerzas Militares.