Sin minería no es posible la transición energética en Colombia

Al tiempo que escribía este artículo, en un solemne evento se inauguraba la planta solar de La Loma, en el departamento del Cesar, con una capacidad instalada de 187 megavatios, que se traduce en 400.000 paneles solares distribuidos en un área de 378 hectáreas, constituyéndose así en la granja solar más grande del país.

Un logro importante, sin duda, para nuestro proceso de transición energética. Sin embargo, lo que no se mencionó en el cubrimiento que hicieron los medios de tan importante acontecimiento, ni en los discursos oficiales, fue que para la construcción de cada panel solar se requirieron, aproximadamente, 19 minerales y materiales asociados a la minería como aluminio, acero, titanio, zinc, magnesio, cobre, boro, fósforo, silicio, plata, cadmio, berilio, molibdeno, germanio, entre otros. Por supuesto, tampoco hubo referencia al crucial rol que tiene el carbón metalúrgico en la producción de ese acero.

Pues bien, la realidad y los hechos nos indican de manera contundente y sin lugar a dudas o áreas grises, que toda la infraestructura necesaria para materializar los objetivos ambientales y de sostenibilidad asociados a la transición energética, como los paneles solares, las torres eólicas, las baterías, los vehículos eléctricos, la infraestructura de transmisión de energía, etcétera demandan de una minería exponencialmente mucho mayor.

El Banco Mundial estima que para 2050 la producción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto se puede incrementar hasta un 500 por ciento para satisfacer la demanda de las nuevas tecnologías limpias; que para 2030 deberán encontrarse en operación alrededor de 300 nuevos proyectos mineros de minerales críticos o estratégicos y que para 2050, o incluso 2035, la demanda de cobre crecerá hasta 53 millones de toneladas.

Es decir, la minería es imprescindible para la transición energética y hoy, debido a esta realidad, presenciamos una doble carrera de posicionamiento económico, estratégico y geopolítico muy importante que Colombia pareciera desconocer: la oportunidad de posicionamiento como país productor de minerales claves para la transición y, en la otra orilla, la carrera de los países productores de tecnología de ser autosuficientes en la explotación de estos minerales o de asegurar sus fuentes de aprovisionamiento de terceros países como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Todos productores y exportadores de infraestructura y tecnología asociada a la transición energética.

Dicho de otra manera, la transición energética representa una oportunidad para países con potencial de explotación de minerales estratégicos necesarios para esa transición, que nuestro país no debe desaprovechar. En efecto, Colombia debería estructurar una política pública, un marco legislativo y regulatorio que fomente la exploración minera, el conocimiento geológico de nuestro país a efectos de promover las futuras inversiones necesarias para desarrollar proyectos de explotación minera sostenible (tanto en el ámbito ambiental como social) y así, paulatinamente, tener un portafolio de proyectos de minerales estratégicos como cobre, oro, fosfatos, que nos pongan de nuevo en el mapa minero regional que ya ocupan países como Chile y Perú en el caso del cobre o, incluso, Argentina y Chile en el del litio.

Oportunidad excepcional

Señales como la no deducibilidad de las regalías (declarada inexequible por la Corte Constitucional) o el reciente decreto 044 de 2024 que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el ordenamiento minero-ambiental, debilitan la competitividad de Colombia en materia minera, desalientan la confianza inversionista en el sector y despiertan enormes cuestionamientos en materia de seguridad y estabilidad jurídica, como se evidenció con la sentencia de la Corte al declarar inconstitucional el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022 (Sentencias C-489 de 2023 y C-518 de 2023).

Por tanto, debemos pensar en una visión donde la minería legal, responsable, tecnificada, moderna, sostenible con el entorno y las comunidades, pueda ayudar a financiar nuestra transición energética planificada, ordenada, justa y responsable, con una visión y acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo, que se convierta en oportunidad de empleo y bienestar regional, que destine recursos que permitan la inversión social (según la Agencia Colombiana de Minería, los aportes del sector minero fueron de 20,5 billones en 2022 y de 18 billones en 2023) y que, incluso, sea una industria que aporte activamente al cuidado de nuestra biodiversidad, a la formalización de la actividad y a la lucha contra el flagelo de la minería ilegal que todos los días destruye ecosistemas y tejido social.

Por último, como lo afirmó la Agencia Internacional de la Energía, “impulsado por el aumento de la demanda y los altos precios, el tamaño del mercado de minerales clave para la transición energética se duplicó en los últimos cinco años al alcanzar los 320.000 millones de dólares en 2022… (…) Esto trae nuevas oportunidades de ingresos para la industria, crea empleos para la sociedad, y en algunos casos ayuda a diversificar las economías dependientes del carbón”. En consecuencia, Colombia tiene en la minería, en el contexto de la transición energética, una oportunidad excepcional de desarrollo, de bienestar de sus territorios, de sus comunidades e, incluso, de planificación ordenada y responsable de nuestro paulatino alejamiento de la dependencia de los combustibles fósiles, si así se quiere. Ojalá podamos entender y aprovechar esta oportunidad.

* Director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universdad Externado. Of Counsel de Holland & Knight